Gracias a su trayectoria de más de 15 años en defensa de los derechos humanos, legales y económicos de migrantes, trabajadores e indígenas, la abogada mexicana Alejandra Ancheita recibió, en octubre de 2014, el premio Martin Ennals 2014, concedido por un jurado integrado por 10 organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Ancheita es directora y fundadora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (ProDESC), el cual aboga por los trabajadores indígenas y comunidades en la defensa de sus tierras y sus derechos frente a empresas mineras y energéticas transnacionales, labor por la que incluso ha recibido amenazas de muerte.
Y es que los valores de justicia social le vienen de familia: su padre fue un abogado dedicado a defender a personas en condiciones vulnerables. Tras varias amenazas de muerte murió en circunstancias sospechosas el día del octavo cumpleaños de la entonces niña Alejandra.
Ella misma ha recibido diversas amenazas a su integridad, incluso en 2013 las oficinas de ProDESC sufrieron un atentado, del cual, al día de hoy y aunque se llevaron a cabo las denuncias ante las autoridades, no se ha dado con los culpables.
Sin embargo, su firme convicción es lo que la hace levantarse día a día: “Hay varios motivos, sigo creyendo que se puede escribir otra historia más digna y más justa. Crecí en una familia que cree que la libertad y la igualdad son derechos que deben construirse para todos y no solo para unos cuantos. Sumar e ir construyendo un cambio y ver que sí es posible un aporte pequeño pero importante para varias personas”.
Su organización se ha preocupado por enseñar a comunidades a defender no solo sus derechos humanos, sino también económicos: “Con las últimas reformas, principalmente la energética, uno de los mayores temas de preocupación es el uso preponderante que se le dan a las industrias. Y es que muchos de los recursos energéticos están en tierras ubicadas en comunidades indígenas y ejidales comunitarias, y algunas empresas, específicamente de la industria minera, han provocado grandes violaciones”.
De igual forma, Ancheita denuncia que con frecuencia las agrupaciones ejidales e indígenas “trabajan bajo una constante amenaza de violencia y no se ha podido encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Hay una evidente falta de investigación en la mayoría de los casos. Se necesita asegurar la imparcialidad en las investigaciones, que obliguen a la identificación de los probables responsables y, por supuesto, la sanción de estos, para ir acabando con el ciclo de la impunidad, y además de garantizar la reparación del daño, también medidas de no repetición”.
En entrevista con Newsweek en Español, la abogada concluye con lo que significa este reconocimiento para ella: “Es la posibilidad de traer a la luz pública el riesgo que corremos los defensores de derechos humanos en México. Trabajamos en condiciones de muchísimo riesgo, atacados por diversos sectores. Como un ejemplo claro, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró 809 ataques entre el año de 2010 y 2013. Y en el caso de las mujeres corremos aún más riesgo por la discriminación que prevalece, tan solo en 2013 hubo 242 ataques, los cuales fueron denunciados y hasta hoy el 95 por ciento sigue en condiciones de impunidad”.
