David Miranda es muchas cosas: un brasileño bulliciosamente orgulloso y alegre, un franco defensor de las libertades civiles, un universitario recién graduado, y el cónyuge de Glenn Greenwald, el periodista estadounidense que ha estado publicando material secreto filtrado por Edward Snowden, el antiguo analista de sistemas de la CIA y consejero de alto rango de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

Pero Miranda no es un terrorista. El hombre, de 29 años, nunca ha sido acusado de ser un terrorista. Nunca se le ha observado relacionándose con terroristas o viajando en círculos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, el 18 de agosto de 2013, Miranda fue detenido de acuerdo con el Anexo 7 de la Ley de Terrorismo del Reino Unido de 2000, en el aeropuerto Heathrow de Londres, donde fue interrogado por las autoridades británicas durante casi nueve horas, lo que constituye el límite legal. Justo como si fuera un terrorista.

La historia de Miranda se volvió viral en los días que siguieron: una función del trabajo de alto perfil en el que participó con Greenwald, quien escribía artículos para The Guardian en los que se publicaban los archivos de Snowden que revelaban el vasto alcance de los poderes de vigilancia de EE. UU. y el Reino Unido. Más de un año después, Miranda, que nunca fue acusado de ningún crimen, aún se abre camino a través del Sistema de Justicia del Reino Unido para demostrar que su detención en Heathrow no solo fue ilegal, sino que también fue un peligroso abuso de la capacidad de vigilancia del Reino Unido y de las potencias antiterroristas y, por extensión, de las de Estados Unidos. Las libertades humanas básicas que toda sociedad democrática considera sagradas están en riesgo.

“Estas personas no pensaban que yo era un terrorista”, señala Miranda, quien conoce el Reino Unido solamente desde el interior de una de las salas de detención del aeropuerto de Heathrow. “Estaban enviando un mensaje: ‘No juegue con nosotros’. Pero, ¿sabe algo? Vamos a jugar con ustedes realmente rudo.”

En 2013, Miranda presentó una demanda contra el Ministerio de Gobierno y la Policía Metropolitana del Reino Unido, afirmando que fue detenido ilegalmente y que fue interrogado según la ley de Terrorismo de 2000. También afirmó que su derecho a la libertad de expresión, garantizado por el Artículo 10 de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (ECHR, por sus siglas en inglés) fue infringido. El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido rechazó la demanda en febrero de 2014, y se espera que presente una apelación en la primera mitad de 2015. En noviembre, los detalles de su caso figuraban de manera prominente en las discusiones de un caso distinto presentado ante la Suprema Corte (el más alto tribunal de apelación del Reino Unido) en Londres, donde un panel de cinco jueces ponderó si el alcance de los poderes contra el terrorismo de Gran Bretaña vulnera los derechos básicos.

Hace un año, parecía que la mayoría de los desafíos a los poderes contra el terrorismo del gobierno habían resultado ineficaces en su mayor parte, pero en julio pasado se produjo un cambio con un mordaz informe presentado por David Anderson, el crítico independiente de la legislación relacionada con el terrorismo, quien sugirió que, teniendo en cuenta el caso de Miranda, la abiertamente amplia, “y, para algunos, alarmante”, definición del terrorismo del Reino Unido se aproximaba a un territorio peligroso.

Anderson, nombrado en 2011 por la ministra del Interior Theresa May, para localizar fallas en los poderes contra el terrorismo del Reino Unido y recomendarle cambios a ella, al Departamento del Tesoro y al Parlamento en una evaluación anual, es un abogado de alto rango y se describe a sí mismo como el “perro guardián del terrorismo” de facto en la nación. Su función le da acceso a documentos clasificados del gobierno y a secretos de Estado. Aunque sus recomendaciones son frecuentemente la base para realizar ajustes a las leyes del Reino Unido influyen la manera en la que la Policía y las Cortes británicas ejercen sus poderes, dichas recomendaciones no son vinculantes. ”El verdadero problema no es si la Policía debe tener el poder para detener a alguien con base en el tipo de inteligencia que se le proporcionó acerca del Sr. Miranda, lo cual seguramente debería hacer y probablemente hizo,” escribió Anderson en su informe, “sino si era legal usar una ley antiterrorismo para ese propósito.” Su recomendación: una evaluación “íntegra de todo el edificio de las leyes relacionadas con el terrorismo”.

De hecho, el consenso en las comunidades legales, de inteligencia y académicas del Reino Unido indica cada vez más que la detención de Miranda fue una labor muy imperfecta. “Arrestar a David Miranda por cargos de terrorismo fue un error atroz, y todavía no sabemos quién es el responsable de ello”, señala Anthony Glees, director del Centro para la Seguridad y Estudios de Inteligencia de la Universidad de Buckingham. “Aunque podamos ver hoy por qué los terroristas podrían haberse beneficiado de las revelaciones de Snowden, simplemente no hay ninguna excusa para el hecho de que haya ocurrido.”

La confiscación de lo que resultó ser propiedad robada del gobierno no resulta tan polémica. Muchas personas pensaban que el Reino Unido estaba en su derecho, ya que Miranda llevaba un disco duro cifrado y dos dispositivos de almacenamiento USB también cifrados (junto con un teléfono móvil, dos relojes inteligentes y algunos videojuegos) que contenían decenas de miles de documentos secretos y supersecretos de inteligencia, pertenecientes a Estados Unidos y al Reino Unido, los cuales le fueron entregados por Snowden.

Miranda viajaba a Río de Janeiro proveniente de Berlín, donde se había reunido e intercambiado documentos de Snowden con Laura Poitras, una de los colaboradores clave de Greenwald y directora de cine estadounidense que el año pasado estrenó el documental Citizenfour, acerca de Snowden. De acuerdo con la declaración de un testigo del viceasesor de seguridad nacional para la inteligencia, seguridad y resistencia de la Oficina del Gabinete, Oliver Robbins, los documentos contrabandeados plantean el riesgo de provocar un “daño [irreversible] a la seguridad nacional del Reino Unido”, y “un torrente potencialmente catastrófico de divulgación pública del material de inteligencia”.

Pero Miranda no fue simplemente detenido y registrado. “Si la captura de los archivos hubiera sido el único objetivo del Reino Unido, él habría sido detenido durante nueve minutos y no durante nueve horas”, dice Greenwald. “Pienso que el objetivo también era enviar un mensaje de intimidación.”

AGUJERO NEGRO

Los abogados de Miranda dicen que tropezó con un “agujero negro de derechos humanos” en Heathrow, el cual solo existe en los puertos, aeropuertos y terminales internacionales de ferrocarril del Reino Unido, como el Eurostar, lo que da a las autoridades británicas el derecho de llevar a cabo búsquedas para eliminar toda sospecha y ataques contra cualquier persona que pase por ellas, sin necesidad de lo que los estadounidenses llaman la causa probable y lo que los británicos denominan motivos razonables. (Aunque muchos países, entre ellos Estados Unidos, se reservan el derecho de registrar a no ciudadanos o no residentes en áreas fronterizas, el Reino Unido se caracteriza entre todas las naciones porque efectúa registros profundamente invasores y coercitivos a cualquier persona, incluyendo sus propios ciudadanos. Dentro del Reino Unido, las reglas son diferentes; ninguna persona, ciudadano, residente o extranjero, puede ser obligado a pasar por tales registros sin ningún fundamento. Este vacío legal es aplicable solamente en los cruces fronterizos del Reino Unido.)

El poder de detener y registrar a personas en puertos y fronteras sin ninguna sospecha aparece por primera vez en la versión de 1989 de la Ley de Prevención del Terrorismo y se limitó solo la investigación del terrorismo relacionado con Irlanda del Norte. No fue sino hasta 2000, cuando la ley de 1989 fue revocada y reemplazada con la actual, cuando se introdujeron los poderes amplios de búsqueda y confiscación, según los cuales es posible detener a cualquier persona y no es necesario que los oficiales establezcan la existencia de motivos razonables.

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y del 7 de julio de 2005 en Londres, las detenciones de acuerdo con el Anexo 7 han aumentado en gran medida. De acuerdo con estadísticas del Reino Unido, el objetivo son los más de 50 000 viajeros que pasan cada año por sus puertos, aeropuertos y estaciones de tren, a todos los cuales se registra por la posibilidad de que sean terroristas. Desde abril 2010, las autoridades del Reino Unido han arrestado a 753 personas por delitos relacionados con el terrorismo, y se ha encarcelado a 138 de ellas, de acuerdo con el Ministerio de Gobierno. Cualquier persona detenida puede ser arrestada y encarcelada, además de enfrentar graves cargos como terrorista.

En un discurso pronunciado el 24 de noviembre, la ministra del Interior May hizo un llamado al público británico para extender los ya amplios poderes de vigilancia y de combate al terrorismo del país para combatir la creciente amenaza del Estado Islámico, también conocido como ISIS. Cuando los británicos se enteraron el verano pasado que más de 500 de los suyos habían viajado a Siria y a Irak para pelear al lado del grupo terrorista, y que podrían volver a casa, el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo aumentó el nivel de amenaza de “considerable” a “grave”, indicando que era muy posible que se produjera un ataque terrorista en el territorio británico. Hablando en el Royal United Services Institute, un grupo de analistas de Whitehall, May describió la imagen de una Gran Bretaña asediada donde a los terroristas “a unas pocas horas de vuelo de nuestro país” se les “da el espacio para planear ataques contra nosotros, entrenar a sus hombres y mujeres y crear nuevos métodos para matar indiscriminadamente.”

El discurso de May coincidió con una campaña antiterrorismo a escala nacional, y con la introducción por parte del gobierno británico de una nueva legislación ante el Parlamento, la cual busca ampliar los poderes contra el terrorismo del país, dando a las autoridades el derecho de confiscar documentos de viaje, como boletos y pasaportes, durante un plazo de hasta 30 días; restringir los movimientos de los sospechosos de terrorismo dentro y fuera del país; obligar a las aerolíneas a proporcionar datos de los pasajeros, incluida la información de sus tarjetas de crédito, y obligar a las escuelas, universidades, prisiones y gobiernos municipales a acallar los discursos “extremistas”, una orden que sería ejecutable mediante una orden judicial. May dijo que el Ministerio de Gobierno trabaja para restablecer los poderes del gobierno que han sido “reducidos por los tribunales” y expuso la idea de que las libertades según la ECHR son derechos “calificados y no absolutos”. De hecho, todos los derechos en el Reino Unido son derechos calificados, excepto el derecho a no ser torturado.

DE PESCA

El caso de Miranda, considerado por la comunidad legal británica como el que más sólidamente pone en riesgo los poderes contra el terrorismo del gobierno del Reino Unido, es una prueba de cómo el gobierno equilibra su trabajo de “proteger” al público con el deber de proteger las libertades individuales y el derecho a la privacidad. Como May señaló en su discurso, dentro de su ámbito, el Reino Unido ha “cambiado las leyes para dejar claro a las cortes” que el derecho a la vida privada y a la vida familiar, que incluye la privacidad de la correspondencia (Artículo 8 según la ECHR), ya no es un derecho inalienable.

El caso presentado en noviembre ante la Suprema Corte británica, que está resultando ser una segunda prueba, se relaciona con Sylvie Beghal, una ciudadana francesa de 45 años y residente en el Reino Unido que se hartó después de ser detenida tres veces en 14 meses en aeropuertos británicos y demandó al gobierno británico. En la más reciente, ocurrida en 2011, ella volvía en un vuelo de París con sus tres hijos, a uno de los cuales todavía amamantaba, y le fue imputado un cargo penal por negarse a responder un interrogatorio sin un abogado. Se declaró culpable de esto, pero busca anular la condena con base en el trato que recibió (su abogado llegó 40 minutos después de que ella lo llamó, pero la policía decidió acusarla cuando aquel llegó y se negó a seguir con el interrogatorio en su presencia).

A Miranda, quien no recibió ninguna acusación mientras estaba detenido, también se le negó inicialmente la presencia de un abogado. Las leyes británicas estipulan que los detenidos tienen el derecho a ser defendidos por un abogado de su elección, pero en la práctica, esto no suele ocurrir.

Miranda y Beghal tienen poco en común. Beghal es musulmana y su cónyuge, Djemal Beghal, está en prisión en Francia por acusaciones de terrorismo, las cuales niega y afirma que se basan en información extraída mediante tortura. Miranda llevaba archivos de Snowden a Río, donde vive con Greenwald, quien pensaba usarlos para fines periodísticos. Sin embargo, ambos ponen en tela de juicio a la autoridad británica por despojar a los viajeros de sus derechos en la zona fronteriza, en particular, aquellos reconocidos por la ECHR y por el derecho consuetudinario británico, como el derecho a libertad y la seguridad personal; el derecho a la privacidad personal y de la correspondencia; el derecho a no autoincriminarse; y el derecho a una vida familiar, la libertad de tránsito y la libertad de expresión.

A Miranda y a Beghal se les dijo que no eran sospechosos de ser terroristas, aunque fueron detenidos según el Anexo 7 de la Ley sobre el Terrorismo, la legislación diseñada para atrapar a los terroristas. El Anexo 7 permite que los oficiales que realizan el registro puedan detener a una persona durante horas y que obliguen a los viajeros a responder preguntas privadas y profundamente invasoras sobre sus vidas personales, amigos, familia, finanzas y creencias religiosas. Por ley, todas las preguntas deben ser respondidas; no hay ningún derecho para no autoincriminarse. Los viajeros deben quitarse prendas de ropa si se les pide que lo hagan y deben entregar datos confidenciales, como contraseñas de teléfonos móviles y computadoras portátiles, de manera que la policía pueda copiar y guardar indefinidamente archivos personales y datos confidenciales, como fotos. Cualquier desobediencia puede producir una detención más larga, así como el encarcelamiento, cargos penales, o los tres cargos.

En sus discusiones de noviembre, Matthew Ryder, el abogado de Matrix Chambers de Londres que representa a Beghal y a Miranda, señala que la ley no obliga suficientemente a los oficiales fronterizos a que eviten una “revisión descuidada” para realizar una “tarea enfocada”. Sugirió que en cuanto los viajeros son detenidos según el Anexo 7 de la Ley contra el Terrorismo, a pesar de no estar bajo ninguna sospecha de terrorismo, de hecho, son “totalmente despojados de sus derechos” e incapaces de defenderse legalmente. “No hay nada en la realidad que evite el equivalente a un viaje de pesca bajo este código”, dijo a los cinco jueces. De hecho, argumentó, dado que la seguridad nacional se considera por encima de todos los demás derechos, para las personas detenidas ha sido “prácticamente imposible” obtener cualquier ayuda legal cuando presentan sus quejas ante los tribunales británicos.

Para los ciudadanos y viajeros comunes, la ley “es poco clara en cuanto a que sus acciones son susceptibles de ser consideradas como delictivas”, señaló Anderson en su informe presentado en julio pasado, y señalando que en 2013 la Suprema Corte reconoció que esto “corre el riesgo de minar el imperio de la ley”.

En unas declaraciones de testigos presentadas por Robbins ante el Tribunal Superior en el caso de Miranda, él defendió los crecientes poderes del gobierno contra el terrorismo, considerándolos necesarios para proteger la seguridad nacional. “Además de los deberes estatutarios de los organismos encargados de la seguridad y de la inteligencia, una de las primeras funciones de gobierno consiste en proteger al país y a sus ciudadanos contra las amenazas”, dijo. “Es este interés primordial el que influyó en el enfoque [del gobierno de Su Majestad].”

Dada la estrecha colaboración entre los organismos de inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos, durante el caso de Beghal, Ryder planteó la preocupación de que la base legal existente que, en sus palabras, presenta una lamentable falta de salvaguardas, produce los incentivos equivocados para que los agentes de inteligencia y oficiales fronterizos abusen y aprovechen los agujeros negros relacionados con los derechos humanos en puertos, aeropuertos y estaciones de tren del Reino Unido para propósitos “secundarios” o incluso políticamente motivados. “A quién selecciona usted no está, en ninguna forma significativa, expresado en el código”, declaró ante la suprema Corte del Reino Unido, añadiendo que en cuanto las personas son detenidas, pueden encontrarse sujetas a un “interrogatorio policiaco completo, sin abogado” y, al igual que Beghal, incluso puede ser condenadas por defender su derecho a las protecciones más básicas.

El Departamento del Procurador del Erario Público, que se encarga de la defensa de los organismos gubernamentales en los tribunales británicos cuando son acusados, envió a su abogado principal, James Eadie, de Blackstone Chambers de Londres, para argumentar en contra de Ryder en noviembre. Eadie argumentó que no es necesario contar con salvaguardas para el poder de detener a una persona y confiscar sus bienes “sin una sospecha”. Afirmó que los oficiales están suficientemente obligados por el requerimiento de que deben actuar de buena fe y no llevar a cabo búsquedas arbitrarias. También defendió los poderes como algo esencial para la protección del público de “amenazas del tipo más grave”. Ryder, en respuesta, dijo: “la utilidad no es una respuesta a un poder discrecional que infringe la ley”. Ryder y Eadie, así como el Departamento de Consulta Legal del Reino Unido, declinaron hacer comentarios, al estar pendiente el juicio.

“Es posible que no tengamos una sentencia sobre Beghal durante varios meses”, afirma Kate Goold, socia de Bindmans, un bufete británico que ha trabajado en el caso de Miranda. “Pero si ellos ganan, nosotros ganamos.”

Incluso si Beghal gana, el único derecho adicional que Miranda podría seguir litigando, y que no forma parte del caso de Beghal, es la libertad de expresión, afirma. Crucialmente, la ECHR garantiza el derecho “a tener una opinión y recibir y comunicar información e ideas sin la interferencia de la autoridad pública e independientemente de las fronteras”.

En una entrevista con Newsweek realizada en diciembre, Greenwald dijo que el coloso de los poderes contra el terrorismo de Estados Unidos y el Reino Unido ha ido expandiendo lentamente sus alcances desde los ataques del 11 de septiembre. “Nuestra información indica que estos poderes van ahora mucho más allá del alcance de la vigilancia contra el terrorismo; están vigilando las conferencias económicas, las conferencias sobre el cambio climático, a nuestros aliados, a nuestros enemigos, e incluso a las empresas”, dijo.

En Nochebuena, la NSA de Estados Unidos, que trabaja estrechamente con las Oficinas Centrales de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido (GCHQ, por sus siglas en inglés) para monitorear las comunicaciones globales con el objetivo de recopilar información, publicó un informe en el que confiesa la existencia de más de una década de violaciones ilegales de la privacidad, de 2001 a 2013, incluyendo casos en los que varios oficiales de inteligencia espiaban a sus parejas o cónyuges.

SE NECESITA UN PAJAR GRANDE

Fueron estos mismos poderes amplios de vigilancia y antiterrorismo los que permitieron que las autoridades británicas siguieran la trayectoria e interceptaran a Miranda y su conjunto de documentos secretos de Snowden, una operación que se realizó con el pleno conocimiento de la ministra del Interior May, del primer ministro británico David Cameron y de la Casa Blanca.

La vigilancia sigue siendo uno de los poderes contra el terrorismo más controvertidos de los gobiernos británico y estadounidense, y ambos países hacen grandes esfuerzos para ocultar la medida en la que examinan las comunicaciones mundiales y combinan sus datos. Mientras que Estados Unidos ha reconocido la existencia de PRISM, el programa de recopilación de datos de vigilancia masiva operado por la NSA, Tempora, un programa similar operado por el GCHQ de Gran Bretaña, aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Gobierno. Tempora capta comunicaciones en grandes cantidades a partir de los cables de fibra óptica transatlánticos, aproximadamente 40 000 millones de elementos por día, y utiliza poder de procesamiento informático para filtrar el material rápidamente, el cual queda reducido a “agujas en un pajar”, de acuerdo con Sir David Omand, que dirigió GCHQ de 19961997. Posteriormente, se convirtió en secretario permanente del Ministerio de Gobierno y coordinador de seguridad e inteligencia de la Oficina del Gabinete durante los ataques del 11 de septiembre hasta su jubilación en 2005. A partir de entonces, los analistas de GCHQ y de la NSA pueden revisar los datos que, de acuerdo con las leyes del Reino Unido, pueden centrarse en personas que hayan despertado su interés anteriormente o, de manera más controvertida, con base en nuevos sospechosos.

Aunque la operación de inteligencia del Reino Unido es tan sóoo una fracción del imperio de inteligencia de Estados Unidos, Greenwald dice que “los aparatos de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido son casi indivisibles”, y que Estados Unidos paga “cientos de millones de dólares al año” para recibir la información del Reino Unido. “Según la ley, el Reino Unido tiene menos límites y puede hacer cosas que Estados Unidos no puede”, dice Greenwald. “Estados Unidos se beneficia de eso.”

Omand ha bromeado sobre la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, “nosotros tenemos el cerebro. Ellos tienen el dinero. Es una colaboración que ha funcionado muy bien”. Pero manifiesta su desacuerdo con la caracterización de la “vigilancia masiva”.

“El error de categorización que los periodistas han cometido consiste en combinar el acceso en masa con la vigilancia masiva”, dice. “Con las agujas de internet, se necesita un pajar grande. Ningún ser humano tiene acceso a todo el pajar, y esto no sería posible, porque simplemente hay demasiados datos. Es posible hacer que las computadoras busquen la dirección IP de una computadora en particular que se sabe que ha sido usada por un terrorista. El arte consiste en detectarla. No estamos autorizados a mirar a las demás, y no lo hacemos.”

¿Pero qué ocurre cuando se señala a un no terrorista? ¿Qué pasa si los agentes de inteligencia de GCHQ o la NSA cometen un error? ¿Existen garantías para que las personas puedan defenderse antes de ser marcadas como sospechosas de terrorismo?

SECRETOS OFICIALES

En el caso de Miranda, incluso el Tribunal Superior, que estaba enterado de las pruebas secretas, luchó por valorar cómo se tomaron las decisiones para detenerlo. “A los oficiales que realizan la búsqueda no se les indica ni saben nada acerca de la inteligencia detrás de la detención”, escribió Lord Laws, el presidente del tribunal, sobre la decisión de Miranda en febrero. “Entonces, ¿de qué manera el tribunal debe abordar la comprobación del propósito por el que se ejecutó la detención de acuerdo con el Anexo 7?”, preguntó.

El servicio de seguridad de Gran Bretaña, o MI5, supo por primera vez acerca de los movimientos de Miranda unos días antes de que llegara a Heathrow en agosto de 2013. A pocos días de haber iniciado su viaje a Berlín, la mañana del 15 de agosto, el Mi5 informó a Jim Stokley, el detective superintendente del Servicio Metropolitano de Policía que detuviera a Miranda, de acuerdo con pruebas presentadas ante el Tribunal Superior.

El día siguiente, el MI5 envió un formulario, denominado hoja de circulación de puerto (PCS, por sus siglas en inglés), solicitando la detención de Miranda de acuerdo con el Anexo 7 cuando llegó a Heathrow ese fin de semana. Lo que es interesante es la respuesta del MI5 escritaen la página 2 del formulario, donde se pedía confirmar que la persona que iba a ser detenida “pareciera ser alguien que es o ha estado involucrado en la comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo”. Esto era crucial para detenerlo lícitamente de acuerdo con el Anexo 7. El MI5 escribió estas palabras: “No aplicable”. De acuerdo con el Tribunal Superior, “Este primer PCS no fue considerado activamente cuando fue recibido”.

Al mediodía siguiente, 17 de agosto, el MI5 envió un segundo formulario, solicitando nuevamente la búsqueda y la detención de Miranda. De nueva cuenta, el Departamento de Policía no pensaba que la información escrita en el formulario fuera suficiente para justificar una detención legal. Miranda debía llegar justo después de las 8 am del 18 de agosto. Lo que ocurrió después solo puede describirse como una arrebatiña por parte del MI5. El viernes, el Servicio de Seguridad envió otra nota al detective superintendente Stokley, citando una justificación de “seguridad nacional” para detener a Miranda. Sin embargo, se abstuvo de calificarlo como terrorista. Este enfoque cambió la tarde del 17 de agosto, cuando el MI5 envió un formulario final de PCS, esta vez apegándose a la definición legal de terrorista del gobierno británico: una persona que usa la amenaza para poner en peligro las vidas de otras personas, influir en el gobierno o promover una causa política, religiosa, racial o ideológica.

“Hemos valorado que Miranda transporta material a sabiendas, cuya divulgación pondría en peligro la vida de las personas”, escribió el MI5 en el formulario. “Adicionalmente, la divulgación o amenaza de divulgación están diseñadas para influir en un gobierno y han sido hechas con el propósito de promover una causa política o ideológica. Por lo tanto, esto encaja en la definición de terrorismo y, por lo tanto, pedimos que el sujeto sea revisado de acuerdo con el Anexo 7.”

Stokley, que manejó la preponderancia de la correspondencia con el MI5, nunca vio el formulario final de PCS y dijo al Tribunal Superior, “No es mi papel aprobarlos”. El oficial que dio la aprobación final, el detective inspector Woodford (ni el Tribunal Superior ni el Servicio Metropolitano de la Policía pueden revelar su nombre), no sabía cuál era el “material” que convertía a Miranda en sospechoso y no vio el formulario final hasta pocos minutos antes de que Miranda llegara a Heathrow. A través del Servicio Metropolitano de la Policía, Stokley y Woodford declinaron hacer comentarios a Newsweek.

En su informe de julio, Anderson, que vio la correspondencia confidencial entre el MI5 y el Servicio Metropolitano de la Policía, observó que los términos de la solicitud “ciertamente tenían el sabor del espionaje, en vez del terrorismo”. Añadió que cuando “la Policía respondió correctamente que la solicitud del MI5 no proporcionaba la suficiente seguridad de que existía una base legal para el uso del Anexo 7”, el MI5 “reformuló su solicitud rápidamente en una forma que se apegaba conscientemente a la definición legal del terrorismo”. La extensión de la definición de terrorismo para aplicarse al periodismo fue una primicia para el Reino Unido.

Los detalles de la detención de Miranda son ahora bien conocidos: fue interceptado por Woodford al bajar de su vuelo a las 8: 05 am y fue interrogado durante nueve horas por siete oficiales, ninguno de los cuales se identificó por su nombre, sino solo mediante números de serie. Su disco duro y sus dispositivos USB encriptados le fueron retenidos y sus archivos electrónicos fueron copiados, incluidas las fotos personales de su teléfono, la clase que usted y su pareja no quieren que nadie más vea. No se permitió que Miranda llamara a Greenwald, y los oficiales le negaron hablar con el abogado de su elección, insistiendo inicialmente en que hablara con uno de los abogados proporcionados por ellos. Más adelante, durante su detención, dice que se le permitió el acceso a un abogado de The Guardian, pero su derecho de hablar en privado fue ampliamente restringido.

Sobre todo, Miranda sentía que el ejercicio había sido diseñado para resultar tan intimidante como fuera posible.

Glees señala que otras leyes del Reino Unido, como la Ley de Secretos Oficiales, habrían sido mucho más adecuadas para el propósito de detener a Miranda y su conjunto de secretos de Estado. “Habría sido un caso incontrovertible, porque resultaba claro que Miranda estaba en posesión de secretos de nuestro país, no para ayudar a jihadistas, sino para revelar los secretos del Estado británico”, dice.

Omand está de acuerdo, aunque cree que las opciones habrían sido más extenuantes para Miranda. “Existen ciertos cuestionamientos respecto a si hubiera sido mejor detener a Miranda según la Ley de Secretos Oficiales. Pero eso habría significado hacerle pasar la noche en prisión y ser acusado formalmente”. Actualmente, está en curso una investigación penal acerca de Miranda, pero no se han presentado cargos.

Muy probablemente, lo que ocurrió, afirma Glees, es que al Reino Unido le preocupaban las repercusiones políticas de detener a Miranda según la Ley de Secretos. “Al pueblo británico no le gustan los secretos y no quiere enterarse acerca de ningún material recopilado acerca de ellos, pero no se oponen a que alguien sea detenido como terrorista”, dice.

Anderson, que, como crítico independiente, no ponderaría explícitamente si Miranda debía haber sido detenido según la Ley sobre Terrorismo, también planteó preocupaciones sobre la violación de la confianza pública: “presentar a personas sujetas a las leyes del terrorismo a quienes ninguna persona sensible consideraría terroristas puede destruir la confianza del público, de la cual depende la aceptación de estos poderes especiales por parte de dicho público”.

Aparte de confirmar que recibió el aviso previo de la detención de Miranda, la ministra del Interior May, quien es directamente responsable ante el Parlamento de las acciones del MI5 y del GCHQ, redirigió todas las preguntas al Servicio Metropolitano de la Policía, que ha declinado hacer comentarios en tanto no se tenga el resultado del juicio de Miranda. La Casa Blanca y 10 Downing Street se han distanciado del proceso de toma de decisiones que llevó a la detención de Miranda.

ROMPER EL CÓDIGO

A pesar de todo el escrutinio sobre la detención de Miranda, los servicios de inteligencia todavía no saben exactamente qué es lo que él transportaba. Los oficiales de inteligencia del Reino Unido, incluidos los del MI5, el Servicio Secreto de Inteligencia, GCHQ y su Centro Nacional de Asistencia Técnica, han estado trabajando las veinticuatro horas para descubrir exactamente qué había dentro de esos archivos cifrados. “No es un proceso simple, e incluso teniendo en cuenta la alta prioridad que se le está dando al trabajo, que, por supuesto, está desviando recursos dentro de los organismos de seguridad e inteligencia, esto tomará mucho tiempo y consumirá una gran cantidad de recursos”, dijo Robbins en la declaración de testigos que presentó ante el Tribunal Superior en el caso de Miranda. Calcula que solo en el disco duro, Miranda llevaba aproximadamente 58 000 documentos secretos de inteligencia, que “según otros cálculos, podría ser un conjunto completo de documentos de inteligencia del Reino Unido alojados en una red especial”. Sobre los datos de inteligencia de Estados Unidos que Miranda podría haber transportado, Robbins dijo: “Creemos que es posible que una parte o todo [el] el material de Estados Unidos está contenido en los datos alojados en los dispositivos USB”. Miranda dijo a Newsweek que dichos dispositivos contienen casi exclusivamente datos crudos clasificados, proporcionados por Snowden.

“Fue un poco excesivo detener a Miranda según la Ley de Terrorismo, teniendo en cuenta que los Servicios de Seguridad no han sido capaces de decir exactamente qué era lo que transportaba”, dice Omand.

En el momento de su detención, Miranda no tenía la contraseña de acceso a los archivos secretos confiscados por la Policía Fronteriza del Reino Unido. Sin embargo, en un pedazo de papel escrito a mano, llevaba la contraseña de un índice, un archivo único en el disco duro en el que se describían algunos de los archivos de Snowden, lo cual fue la base para la conjetura de Robbins sobre lo que podría estar transportando. Greenwald declaró a Newsweekque los archivos completos revelan la enorme magnitud de los programas de vigilancia secretos realizados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido para permitirles espiar a sus propios ciudadanos, así como a las personas de todo el mundo. “No querían que este material saliera a la luz”, señala Greenwald, que tiene acceso a copias de los archivos. “Tenemos una nota en la que el gobierno del Reino Unido dice abiertamente que provocaría vergüenza, un debate no deseado y posibles demandas judiciales sobre la invasión de la privacidad.”

En ocasiones, el conflicto ha asumido proporciones surrealistas. En 2013, pocos días después de la detención de Miranda, los oficiales de inteligencia británicos acudieron a las oficinas de The Guardian para presenciar la destrucción de los discos duros del periódico que contenían algunos de los archivos de Snowden. Eso, al igual que la detención de Miranda, resultó ser infructuoso, ya que se habían diseminado copias de seguridad de los archivos de Snowden en otros lugares.

EL PERIODISMO COMO TERRORISMO

En una declaración de testigos presentada ante el Tribunal Superior, Greenwald condenó el intento del Reino Unido de entrometerse en la divulgación de los archivos de Snowden: “Nuestros informes han provocado un debate mundial sobre el valor de la libertad de internet y de la privacidad individual, y sobre los peligros de permitir que Estados Unidos y el Reino Unido construyan un enorme sistema de vigilancia de personas no sospechosas sin transparencia o rendición de cuentas”, dijo.

Anderson escribió detalladamente en su informe de julio acerca de los peligros de distorsionar la definición de terrorista en la Ley de Terrorismo, que incluye a aquellas personas que usan “amenazas” para promover una causa “ideológica” que pueden “influir en el gobierno”, lo cual podría incluir a los periodistas. “Colocar actividades como el periodismo y el blogging dentro del ámbito del ‘terrorismo’, incluso si es solo cuando se practican irresponsablemente, fomenta el escalofriante efecto que puede disuadir incluso la investigación y la expresión legítimas en campos relacionados”, dijo.

Los derechos de libertad de expresión que se encuentran en el núcleo del caso de Miranda y que están incluidos en el Artículo 10 del ECHR se relacionan con todo, desde los artículos periodísticos hasta los mensajes personales de correo electrónico, y se reducen a esto: si el gobierno puede estar mirándole a usted y puede castigarle por lo que usted dice, ¿eso afectará la manera en que usted se expresa?

Omand, quien no teme hablar de la ominosa posibilidad de la “sobrevigilancia”, dice que el objetivo de la seguridad nacional es reducir el riesgo de amenaza para el público, pero no necesariamente eliminarlo, con un impacto mínimo en las vidas diarias de los ciudadanos. “Cada vez que las personas dicen, ‘Necesitamos más poderes’, la prueba es, ‘¿cuántos más, antes de que esto afecte la vida normal?’ Nuestro objetivo es que las personas puedan continuar sus vidas normales, libremente y con confianza; eso significa tener libertades y facultades básicas, transporte, mercados estables. Si la vida normal puede continuar, entonces estamos ganando y ellos están perdiendo. El objetivo no es afectar la vida pública; una vez que lo hacemos, ellos están ganando.”

Anderson expresa su preocupación de un “efecto disuasorio” orwelliano en los periódicos y las publicaciones en un régimen post Miranda, declarando que bajo la definición estatutaria del terrorismo en el Reino Unido, el acto de “publicar podría ser una acción terrorista, sin importar si el material publicado era robado, o clasificado”, y “las consecuencias de publicar como una acción terrorista van mucho más allá de la esfera de la seguridad nacional”.

Si se toma el alcance total de la ley actual, dice Anderson, una organización periodística podría ser tachada de “organización terrorista”, convirtiendo en “delito el ser empleado por ella o financiarla”. Una persona afiliada podría enfrentar hasta siete años de prisión simplemente por apoyar la publicación de artículos o hacerlos circular, y de 10 a 15 años de prisión por poseer artículos que sirvan para escribir tales artículos.

“Tanto el periódico como sus periodistas podrían ser señalados bajo la legislación de congelamiento de bienes”, convirtiendo en delito el poner a disposición de ellos fondos, servicios financieros o recursos económicos sin una licencia, si el Tesoro determinara esto como necesario para proteger al público de ‘actividades terroristas’ similares”, dice él. Los movimientos de los periodistas o de quienes los asistan incluso podrían ser restringidos por las leyes, como ya es el caso para los terroristas puestos en las cuarentenas que se han vuelto extremadamente controvertidos en el Reino Unido.

En el análisis final, el “terrorismo”, dice él, podría no ser más que un artículo o blog argumentando en contra de la vacunación de niños para ciertas enfermedades. Si se juzgara que crea un riesgo serio a la salud pública y está diseñado para influir en la política gubernamental —algo que el periodismo hace con frecuencia— “sería clasificado por la ley como una acción terrorista”.

La ley se aplicaría si el poseedor o publicador de material tachado de peligroso se percata de que es peligroso o no, concluye Anderson, dando pie a la posibilidad de lo que Ryder, el abogado de Beghal y Miranda, llama el “terrorista accidental”.

“La importancia de Miranda es demostrar que la publicación de hechos y opiniones podría ser por sí misma un acto de terrorismo sobre ninguna otra base que estar motivada políticamente y se considera que pone en peligro la vida o crea un riesgo a la salud o seguridad pública”, dice Anderson. Él añade: “Es importante que la definición se mantenga lo bastante amplia para cubrir la amenaza en evolución, pero una definición tan amplia como para captar una actividad que cae muy fuera del entendimiento ordinario del terrorismo pone en riesgo la aceptación pública de la necesidad de leyes antiterroristas”.

VOLVERSE LA HISTORIA

La importancia y delicadeza de ser un periodista objetivo que cubre una historia y luego de repente se convierte en una parte renuente, aunque integral, de esa historia, no se pierde en Greenwald y Miranda. Esto, más que cualquier otra cosa, es como un periodista hace la transición a lo que Greenwald llama “periodismo antagonista”.

Greenwald y Miranda han sido abrumados por las mismas fuerzas de contraterrorismo y vigilancia que ellos buscaban exponer. Dice Miranda: “Tenemos cámaras por toda la casa, nuestros teléfonos están encriptados, nuestras computadoras están encriptadas. Nunca podemos estar 100 por ciento seguros, pero desde que me detuvieron estamos más protegidos ahora que antes, porque fue una acción tan estúpida”.

Miranda dice que todavía está recuperándose del trauma de estar en custodia por nueve horas y no tener idea de qué le iba a pasar. “Perdí peso, por lo menos cinco kilos. Regresé al gimnasio y lo recuperé, pero entonces volví a fumar”, dice él. “Lo dejé, pero en realidad, tengo un cigarrillo en mi mano justo ahora.”

Miranda dice que todavía no puede sacudirse la sensación escalofriante del momento en que voló de vuelta a Brasil después de su detención e inició sesión en su cuenta de Skype, solo para ver que ya había iniciado sesión en otro lado del mundo, con su identidad hackeada por agentes anónimos de inteligencia hurgando en sus cuentas.

Después de las entrevistas con Miranda y Greenwald en el transcurso de unos cuantos meses es fácil ver cómo se hicieron pareja. Miranda, quien es testarudo, parece desconcertado de que lo llamen la “paloma migratoria humana” de Greenwald (un término acuñado por la prensa y repetido por Robbins en su testimonio sobre la detención de Miranda). Al contrario, dice él, se siente privilegiado de trabajar en los archivos de Snowden con Greenwald. “Yo estaba aquí cuando él tenía solo 100 personas en su blog. Su primera entrada, su primer libro, estuve allí. ¿Él salta y yo no voy a saltar con él? Estamos juntos. Esto solo ha fortalecido nuestra relación. Ha habido momentos bajos, como en Heathrow. Pero ha sido una gran aventura. Ha sido excitante ver gente dedicando sus vidas a transformar el mundo.”

Glees cree que el caso Miranda podría ser un punto de quiebre. “Nuestra comunidad de inteligencia ha empezado a ver que demasiada reserva se ha vuelto contraproducente, en especial cuando lleva a que la gente crea en cosas que tal vez no sean verdad pero nunca son aclaradas. Y la comunidad de inteligencia se ha ido convenciendo. En Gran Bretaña tenemos una tradición fuerte de debate político, y pienso que esto saldrá bien al final.”

Dice Omand: “El problema que Snowden creó en realidad es uno de percepción. El Reino Unido perdió una oportunidad al no explicarle al público: ‘Así es como funciona todo’. La ley es muy enrevesada y muy compleja, incluso para los abogados. Aun cuando el Parlamento aprobó esto, pocos sabían cómo funcionaría en realidad en la práctica en la era digital. Desconcertó a todos. La gente dijo: ‘Esto no puede estar pasando, seguro’. Pero las agencias de inteligencia actuaban legalmente. Todo lo que Snowden expuso fue autorizado legalmente. Allí está toda la estructura legal, así que se puede decir que la sociedad ha consentido”.

En una entrevista con Newsweek en sus oficinas en el centro de Londres, Anderson, quien considera que su papel es informar al debate público, así como al Parlamento, sobre las actividades de vigilancia y contraterrorismo del Reino Unido, dijo que el gobierno británico no le tiene aversión a hacer cambios cuando debe hacerlos. “Tenemos una democracia sana en la que el trinquete no gira en una sola dirección”, dice él. “El gobierno ha demostrado que es capaz de dar marcha atrás cautelosamente”. Por ejemplo, después de la detención de Miranda, el tiempo máximo que una persona puede permanecer detenida bajo la Ley de Terrorismo se ha reducido de nueve a seis horas.

El caso de Miranda ha recibido apoyo financiero de The Guardian y una nueva compañía mediática financiada por el multimillonario fundador de eBay Pierre Omidyar, First Look Media, cuya publicación principal, The Intercept, es encabezada por Greenwald. Pero se espera que sea una batalla cuesta arriba.

Si fracasa en Londres, Miranda planea llevar su caso a la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual le ha ajustado las riendas a Gran Bretaña por llevar demasiado lejos sus poderes. “Este caso no es para beneficiarnos por ninguna razón excepto defender las libertades de prensa”, dice Greenwald a Newsweek. “Es un puro principio de libertad de prensa. No se puede tomar a la gente comprometida con el periodismo y simplemente convertirlos en terroristas.”

Incluso si gana, Miranda dice que no regresará a Gran Bretaña en el corto plazo. “Todos los periodistas son enemigos del Estado”, dice él a Newsweek. “Si eres un periodista, ve a tu perfil de Facebook justo ahora y cámbialo a ‘terrorista’.”

Cuando él y Greenwald brinden en su 10º aniversario de bodas el 19 de febrero, también le darán los toques finales a un archivo completo de Snowden que planean abrir en 2015 a periodistas de todo el mundo en las oficinas de First Look en Nueva York. “Ellos no saben lo que tenemos”, dice Miranda sobre las autoridades en EE. UU. y el Reino Unido. “No saben lo que se viene.”