El compromiso de los senadores era elegir al fiscal anticorrupción el jueves 11 de diciembre. Pero una vez más, incumplieron. Es más, decidieron que el nombramiento de quien será encargado de hacer frente a uno de los más graves flagelos que aquejan al país se realizará hasta el próximo año.
La historia es esta. En las negociaciones para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos perfiles llegaron a la final: Luis Raúl González Pérez y Mauricio Farah.
El Senado optó por el primero con la idea de que el todavía secretario general de la Cámara de Diputados se convirtiera en el fiscal anticorrupción. Sin embargo, Farah Gebara no aceptó el “premio de consolación” y lo que estaba considerada como una decisión tomada, se cayó.
Así, los senadores tuvieron que entrar en el proceso de revisar los perfiles de 33 candidatos. Como en el caso de la CNDH, tres pasaron “la prueba del ácido”: Rafael Estrada Michel, César Alejandro Chávez Flores y Juan Miguel Alcántara Soria, aunque los dos primeros son quienes realmente tenían posibilidades.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) elegiría al candidato que sería sometido a consideración del pleno para su ratificación, pero las negociaciones se entramparon.
Lo mismo ocurrió en la colegisladora. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados decidió no avalar el predictamen del Sistema Nacional Anticorrupción que había aprobado la Comisión de Puntos Constitucionales.
El coordinador panista, José Isabel Trejo, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de faltar a su palabra luego de que en noviembre respaldó en sus términos esta reforma que ellos habían presentado y que luego, según su opinión, los priistas se encargaron de “descafeinar”.
Argumentaron no estar de acuerdo con la conformación de un Consejo Nacional encabezado por el presidente de la república encargado de elaborar la política pública en la materia.
Además de que la propuesta no le da facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para hacer fiscalizaciones en tiempo real y no se fortalece la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Así, la falta de consensos le arrebató al país la posibilidad de contar de inmediato con la figura de un “zar anticorrupción”.
Los proyectos
En sus propuestas de trabajo, los 33 candidatos a ocupar ese cargo delinearon a los senadores cómo desarrollarían esa responsabilidad. Me centraré en las de los dos punteros.
Estrada Michel, doctor en derecho por la Universidad de Salamanca y exdirector general de Capacitación y Difusión del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Gobernación, considera que el fiscal “ha de acreditarse como un funcionario incorruptible, firme, experimentado”, por lo que estima insuficiente que haga pública su declaración patrimonial.
Propone ventilar las relaciones personales, de parentesco y de desempeño en la iniciativa privada y la administración pública “para evitar suspicacias”, tal y como ocurrió con el caso de Angélica Rivera y la famosa mansión de Sierra Gorda 160.
Asimismo, sugiere la creación de un consejo consultivo ciudadano que tenga la facultad de dar seguimiento a las denuncias que presente la fiscalía y de impugnar sus determinaciones cuando, por ejemplo, decida el no ejercicio de la acción penal.
Para fomentar la denuncia ciudadana sobre todo en hechos de peculado o cohecho de los servidores públicos, Rafael Estrada demanda la creación de un mecanismo que le brinde protección ante posibles represalias.
Y, por último, se pronuncia por el endurecimiento de las sanciones en la mayoría de los delitos que tengan que ver con corrupción para que se castiguencon una pena mínima de cinco años, además de lainhabilitación.
Chávez Flores, quien se ha desempañado como director general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, establece que se debe ampliar la gama de delitos que persiga la fiscalía.
Sugiere incluir, entre otros, la extorsión o el fraude para evitar casos como el de Oceanografía y sus contratos con Pemex, donde hubo una colusión de servidores públicos y particulares en perjuicio del erario.
Considera que los ministerios públicos adscritos a la fiscalía deben tener conocimientos específicos de algunas conductas delictivas que van a perseguir, por ejemplo, en la asignación de contratos, obras o concesiones.
Se pronuncia también por crear un Sistema Nacional de Declaraciones Patrimoniales que no dependa de la SFP, ni de los órganos de control de cada dependencia, sino de la Fiscalía Anticorrupción.
Toda la información estaría en línea bajo un sistema que permitiría la detección de casos donde pudieran presentarse incrementos patrimoniales más allá de lo que el servidor público podría adquirir con sus ingresos.
La corrupción somos todos
Según Transparencia Internacional, México está en el lugar 106 de 177 naciones medidas en el Índice de Percepción de la Corrupción, con una evaluación francamente reprobatoria de 35 en una escala de 0 al 100. Esto nos coloca en una situación similar a la de Bolivia, Moldova y Níger.
El dinero que mueve la corrupción en nuestro país, de acuerdo con el Banco Mundial, ronda el 9 por ciento del PIB (más de un billón 500 000 millones de pesos). Solo en trámites y servicios, los mexicanos pagamos “mordidas” por 32 000 millones de pesos, calcula Transparencia Mexicana.
A su vez, el Barómetro Global de la Corrupción apunta que en 2013, 33 por ciento de los mexicanos pagó un soborno y que, de ellos, 52 por ciento lo hizo para acelerar un trámite.
Los partidos políticos, la policía, los funcionarios, el Poder Legislativo, el Judicial, los militares y los medios de comunicación son las instituciones más corruptas según la percepción ciudadana recabada en una encuesta del INEGI.
El nombramiento de un “zar anticorrupción” no va a resolver el problema de un plumazo, pero por lo menos mandaría la señal desde el Congreso y el gobierno federal de que hay el compromiso de combatir frontalmente ese problema. Por desgracia no es así. Ni a eso podemos aspirar. Habrá que esperar el próximo año, al fin que la corrupción no es prioridad.
