Puntualmente, el pasado lunes 15 de
diciembre el Congreso de la Unión bajó la cortina. A pesar de los muchos temas
pendientes, ambas cámaras clausuraron el período ordinario de sesiones para que
sus 628 integrantes gocen de unas “merecidísimas” vacaciones decembrinas. Al
fin que el país puede esperar.

Ese día, el Senado de la República decretó
un receso para que los coordinadores parlamentarios alcanzaran acuerdos. A las
22:37 horas se reanudó la sesión, pero al no haber el quórum legal, se dieron
por concluidos los trabajos. Así consta en el Sistema de Información
Legislativa de la Secretaría de Gobernación.

Quedó pendiente la Reforma Política para el
Distrito Federal que dotaría de autonomía a la ciudad de México y le permitiría
emitir su primera Constitución; tampoco se discutió la reforma constitucional
para desvincular el salario mínimo como unidad de medida en el cálculo de
tarifas y multas.

De la misma forma, tendrán que esperar
hasta febrero los nombramientos de los fiscales anticorrupción y para la
Atención de Delitos Electorales. Al igual que las iniciativas presidenciales
para desaparecer las policías municipales y sustituirlas por 32 policías
estatales únicas, disolver los ayuntamientos cuando existan pruebas de que
están infiltrados por el crimen y los demás proyectos que forman parte del
decálogo para fortalecer el Estado de derecho.

En la colegisladora, la Cámara de
Diputados, quedó pendiente la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero este mal que aqueja al Poder
Legislativo no es nuevo. A pesar de que en los primeros 20 meses de la
administración de Enrique Peña Nieto se aprobaron reformas históricas, el
Senado tiene un rezago del 82 por ciento en las iniciativas, del 48 por ciento
en las proposiciones con puntos de acuerdo y del 55 por ciento en la revisión
de instrumentos internacionales.

Estos son los números: del 1 de septiembre
de 2012 al 17 de noviembre pasado, los senadores presentaron 1415 iniciativas,
de las cuales aprobaron 186, desecharon 57 y tienen pendientes 1162.

También se pusieron a consideración de los
legisladores 47 instrumentos internacionales, pero aprobaron 21 y les restan
26. En cuanto a las ratificaciones de nombramientos, avanzaron en 747 casos y
aún les falta por discutir siete.

En dicho lapso, el presidente Enrique Peña
Nieto envió 26 iniciativas, de las cuales 12 están pendientes.

El grupo parlamentario que más iniciativas
de ley ha presentado es el PRI con 431, de las cuales quedan pendientes 361; le
sigue el PRD, con 360, de las que faltan por discutir 318, y el PAN presentó
270, pero con 212 pendientes de revisión.

La congeladora legislativa

En su quinto Reporte Legislativo, la
consultoría Integralia, que dirige el expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde,
destaca que de septiembre de 2012 a abril de 2014 se presentaron 1196
iniciativas en el Senado, de las cuales procesó apenas 183, esto quiere decir el
15 por ciento; mientras que en San Lázaro, de 2146 iniciativas se tramitaron 1073,
el 50 por ciento.

El documento resalta que en el Segundo Año
de Ejercicio de la LXII Legislatura (septiembre 2013 – abril 2014), los
legisladores con mayor número de inasistencias en el Senado fueron Maki Esther
Ortiz Domínguez (PAN), quien solo estuvo en la mitad de las sesiones; Joel
Ayala Almeida (PRI), Martha Elena García Gómez (PAN), Sofío Ramírez Hernández
(PRD) y la priista Marcela Guerra Castillo.

En diputados, los más faltistas fueron
María Angélica Magaña Zepeda (PRI); Martha Beatriz Córdova Bernal, de
Movimiento Ciudadano; el priista Carlos Aceves del Olmo; Víctor Serralde
Martínez (PAN), y la pevemista Bárbara Gabriela Romo Fonseca.

Sin embargo, esta falta de productividad en
el Congreso es reflejo de lo que ocurre a nivel nacional.

La improductividad crónica de México

De acuerdo con el INEGI, a pesar de que la
economía mexicana es la vigesimosegunda a escala mundial, cada año su productividad
cae, en promedio, 0.39 por ciento.

Estudios del Banco Mundial (BM), del Banco
de México (Banxico), de la OCDE y del Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C. (CIDAC), señalan la baja calidad educativa, el acceso
limitado al financiamiento, así como la falta de competencia, entre las
principales limitantes para el aumento de la productividad.

Otras son la concentración de mercados; la
insuficiente inversión en capital humano e infraestructura; la falta de Estado
de derecho en ciertas zonas, y la sobrerregulación.

El problema de la productividad ha generado
dos “Méxicos” diferentes que avanzan en direcciones opuestas. Uno integrado por
el Distrito Federal y los estados de México, Nuevo León, Jalisco, Querétaro,
Aguascalientes, Sinaloa y Baja California, donde se genera el 50 por ciento del
PIB nacional.

Y otro en el que están los estados del
sur-sureste como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y
Yucatán, que tienen los menores niveles de crecimiento económico, así como las
mayores tasas de informalidad y de pobreza.

Consciente del problema y del desafío que
enfrenta México en esta materia, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 –
2018 se propone una Estrategia para Democratizar la Productividad.

En ella se establece que la productividad
es fundamental para lograr una sociedad más justa, equitativa e incluyente, y
se considera que la principal vía para acelerar el crecimiento de la economía e
incrementar el ingreso de las familias mexicanas radica en incrementar la productividad.

“Lo cual no significa trabajar más, sino
trabajar mejor, por medio del uso de herramientas como nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, innovación, mayor acceso al crédito, mejor
capacitación y educación de mayor calidad”.

Confío en que el concepto de la
productividad permee en todos los sectores del país y especialmente en el
Legislativo, pues es ahí en donde se elaboran las leyes que pretenden promover
esta práctica que se traduce en mayor crecimiento y generación de riqueza.

Y es que —no obstante que algunos senadores
y diputados lo vean así— el país ya no aguanta y no puede esperar.