Hace casi un siglo, mientras el botánico ruso N. I. Vavilov recorrió el mundo en busca de nuevas especies, descubrió por qué los bosques tropicales eran críticos para el futuro de la Tierra: son fuente de 90 por ciento de la biodiversidad del mundo. Hoy, mientras los negociadores debaten en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas 2014 de Lima, Perú –país ubicado en el corazón mismo de los Centros Vavilov, franja de riqueza genética que yace en el Ecuador-, otro científico/aventurero se convierte en punta de lanza de una novedosa estrategia para conservar los bosques tropicales. En esencia, su objetivo es convertir los bosques en contenedores (“sumideros”) del gas de invernadero más importante del mundo, el dióxido de carbono (CO2).
Greg Asner, profesor de ciencia ambiental en la Universidad de Stanford y director del Observatorio Aéreo del Instituto de Ciencias Carnegie, pasa casi la mitad de cada año caminando o sobrevolando la selva en un Dornier 228 acompañado de su invento, el Sistema de Mapeo Taxonómico Aéreo, con el que proyecta un par de señales láser de 500 000 pulsaciones por segundo para medir el carbono incorporado en las nervaduras de cada árbol, raíz y planta del bosque. Cuando la señal rebota, un espectrómetro hace la lectura y codifica los resultados en colores: rojo para representar elevadas concentraciones de carbono, señal de un bosque saludable; marrón, indicando que el bosque se ha degradado por actividades como tala, minería o desmonte para la agricultura; y tonalidades azul oscuro, que evidencian la ausencia de árboles en zonas urbanas como Lima.
Asner acudió a la conferencia climática para presentar un logro insólito: el primer mapa de carbono de alta resolución de todo un país, documentando el carbono secuestrado en cada una de las 128 millones de hectáreas del territorio peruano, más de la mitad aún cubiertas de bosques.
El invento de Asner posee el relumbrón de la tecnología, mas su relevancia estriba en la forma como responde a uno de los desafíos que, de tiempo ha, han abrumado a los negociadores del clima. Según la ONU, la deforestación es responsable de casi 15 por ciento de los gases invernadero, más que los viajes terrestres, aéreos y marítimos tomados en conjunto. Y es que, como casi la mitad de la masa de un árbol consiste de carbono, al quemar uno de ellos o talar un bosque, ese carbono se combina con oxígeno formando CO2, el más prevalente de los cinco gases de invernadero. Por ello debemos preservar los árboles, ya que son nuestro mejor sistema natural para captar dióxido de carbono directamente de la atmósfera y, en crecimiento no contribuyen a la carga de gases de invernadero.
Sin embargo, desde la primera cumbre climática de Kioto, Japón (1997), los negociadores han tratado de encontrar un método confiable para determinar cuánto carbono hay en todos esos árboles y, por consiguiente, la manera de medir y tasar el valor de mantenerlos en pie. Con anterioridad, los gobiernos tenían que conjeturar sobre las áreas boscosas (y de carbono) que fueran más susceptibles de preservación, pero la falta de un sistema organizado y monitoreado derivó en abusos. Se creó entonces un nuevo concepto jurídico, “derechos de carbono”, que confería a las compañías contaminantes la oportunidad de adquirir el “derecho” de preservar el carbono de los árboles como una manera de compensar la contaminación en sus países de origen. Empresas de dudosa reputación comenzaron a vender el acceso a ese “carbono” en un mercado desregulado y eso derivó en situaciones irregulares en países como Liberia y Brasil, por ejemplo, donde los títulos de propiedad se hallaban en entredicho y quienes reclamaban las tierras afirmaban que sus bosques estaban amenazados y cobraban fondos para “preservarlos”.
Durante años se ha debatido una estrategia global para conservar ecosistemas forestales tropicales. Denominada REDD (Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques), el término denota el esfuerzo colectivo de la ONU y varias naciones individuales para reducir la deforestación utilizando fondos públicos y privados. No obstante, la implementación en gran escala se ha demorado por la incapacidad para medir, de manera confiable, las variaciones en el contenido de carbono de la infinidad de organismos que pueblan un bosque.
Por ser bidimensionales, las fotografías satelitales son difíciles de monitorear en tiempo real y a menudo se arruinan debido a la espesa cubierta nubosa de los bosques tropicales. En cambio, el sistema láser de Asner reduce la diferencia de tiempo significativamente, puede penetrar capas nubosas y proporciona una vista tridimensional desde la bóveda arbórea hasta el suelo, elemento que el profesor describe como una “resonancia magnética de la selva” y considera fundamental para comprender la forma como el denso entramado del ecosistema forestal se ve amenazado por las incursiones y la degradación. El software de Asner registra la densidad y el volumen de los árboles y luego calcula el contenido de carbono de cada cuadrante boscoso. Los mapas permiten detectar territorios amenazados identificando operaciones de tala, construcciones viales u otras formas de desarrollo que roen los límites de zonas ricas en carbono.
Algo que Asner descubrió con sus mapas fue que de los 7000 millones de toneladas de carbono contenidas en los bosques peruanos, 1000 millones se encuentran en inminente riesgo de ser liberadas debido a próximos proyectos de tala, minería, explotación petrolera y desmonte para plantaciones de palma de aceite. Eso equivale a 2 por ciento de las emisiones globales originadas de todas las fuentes durante 2013, solo en una nación.
La buena nueva es que Perú tiene el capital para evitar esa destrucción. En septiembre, el gobierno noruego promedió 300 millones de dólares en donativos para que el país mejore su protección para los bosques tropicales, en tanto que Lima se ha comprometido con una “deforestación cero” relacionada con la agricultura para el año 2021. Más fondos llegarán a Perú y otros países a través del nuevo Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, el cual ha recibido 10 000 millones de dólares en capital, incluidos 3000 millones comprometidos el mes pasado por el presidente Barack Obama. Un criterio para recibir dichos fondos será establecer una clara una línea de base para el carbono forestal, la cual podría definirse con el sistema láser de Asner.
Si bien los mapas de carbono de Asner son un logro significativo para la medición de carbono, REDD sigue encarando obstáculos reales. O más precisamente REDD+, apéndice añadido durante las negociaciones climáticas de 2010 en Cancún, México, donde la ONU amplió los principios de conservación de bosques para incluir soporte al desarrollo sostenible de los pueblos selváticos, que hasta entonces ni siquiera eran una consideración para los negociadores. Millones de personas viven en los bosques tropicales de todo el mundo y estudio tras estudio han demostrado que las áreas donde habitan son las mejor preservadas, consecuencia de un estilo de vida que aprovecha y conserva recursos forestales para generaciones futuras.
Sin embargo, lo irónico es que, ahora, muchas reservas forestales de carbono han restringido el acceso a tierras antaño ocupadas por poblaciones indígenas. En Brasil, Kenia, Tanzania y Papúa Nueva Guinea, donde regiones boscosas se han convertido en tierras de compensación para contaminadores industriales europeos y estadounidenses, los pueblos con la menor huella de carbono en el mundo tienen acceso limitado o han sido expulsados de sus territorios por compañías con la impronta más grande del planeta. Por ello, grupos indígenas de todo el orbe se oponen al diseño actual de la iniciativa REDD+. “No confían en la ONU ni en sus gobiernos nacionales”, revela Juan Carlos Carrillo, coordinador de programas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, organización que pugna por mejores protecciones para los habitantes forestales como parte de la Coalición de Salvaguardas REDD+ en la Conferencia de Lima.
La última cumbre climática, celebrada en Varsovia, en 2013, prometió que se implementarían salvaguardas para garantizar que los habitantes de las selvas no fueran expulsados de sus hogares y que REDD trabajaría a favor de su desarrollo social, pero aún no se ha llegado a un acuerdo sobre los lineamientos. Así que jefes tribales y representantes de los pueblos indígenas de los continentes habitados se han dado cita en Lima para exigir la protección de sus derechos.
Carrillo asegura que la tecnología de Asner sería útil, “aunque no basta. Con base en la historia, y las experiencias latinoamericanas y de otros países en desarrollo, necesitamos algún tipo de proceso de revisión interna para garantizar la protección del bosque y de las personas que viven en él”. Además, agrega, se requieren nuevas estrategias “para asegurar un desarrollo económico alternativo a la minería y la tala irracional”.
La ONU calcula que, durante la próxima década, sería necesario un desembolso anual de entre 10 y 15 000 millones de dólares para reducir significativamente la tasa mundial de deforestación. Ahora que las negociaciones entran en su última semana, se caldeará el debate sobre dos interrogantes: ¿De dónde saldrán esos fondos? Y ¿cuánta protección podrá ofrecerse a los pueblos que viven en esos bosques que, en esencia, son la póliza de seguro de la Tierra?
Asner desea que la información de sus mapas llegue a quienes viven en los bosques para que los utilicen a su favor, y a tal fin, pretende ofrecer su tecnología (sin costo) en países potencialmente ricos en recursos boscosos de carbono, a condición de que la información se haga pública. Hasta el momento, ha pactado un acuerdo con el gobierno de Perú, cuyo ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal (patrocinador del mapeo en ese país), diseminó los mapas entre las administraciones locales anticipándose a la cumbre climática y asegurando, además, que se publicaran en línea.
“Sin los mapas, el dinero fluye hacia donde el gobierno quería”, dice Asner. “Pero los mapas hacen posible el diálogo. Permiten que las personas debatan con fundamentos científicos y brindan a los pueblos indígenas la capacidad de discutir sobre las inversiones en sus tierras. El mapeo de carbono infunde un poder realmente honesto al carbono.”
