Lo que fue un escándalo mediático en México en el primer trimestre de 2014, por involucrar a grandes empresas privadas y estatales, se ha desdibujado poco a poco.
Mucho ruido y pocas nueces. En febrero del presente año fue quizá el caso más escandaloso en los medios de comunicación mexicanos que se hubiera registrado en mucho tiempo, y con razón. Los personajes de una “novela” que acaparó titulares de prensa y las notas estelares en radio y televisión eran Oceanografía, la principal empresa mexicana privada de apoyo a servicios petroleros; la paraestatal Petróleos Mexicanos; y Banamex, uno de los bancos privados más fuertes del país, todos involucrados en un fraude por 400 millones de dólares en agravio de la institución financiera.
El fraude fue simple: Oceanografía, que gracias a una grande y moderna flota marítima proporciona servicio a Pemex en el Golfo de México, falsificó, en 2013, contratos de la paraestatal para lograr con ellos préstamos millonarios por parte del Banco Nacional de México. Para lograr su propósito, personal del banco habría ayudado a los directivos de la empresa favorecida.
A mediados de febrero pasado, sin embargo, el gobierno federal revisó los contratos de Oceanografía con Petróleos Mexicanos y encontró irregularidades, razón por la cual inhabilitó por 21 meses a la empresa prestadora de servicios y, tal vez sin saberlo, destapó el caso a otras proporciones, pues el banco al que se le debía el dinero se presentó ante la paraestatal para cotejar los documentos utilizados como aval para el préstamo y se encontró con que estos eran falsos.
La indignación por el asunto fue monumental. Políticos, funcionarios, columnistas y periodistas se encargaron de que el tema estuviera presente noche y día ante los ojos de la opinión pública. La Procuraduría General de la República, entidad que tiene el papel de fiscal de la federación, intervino de inmediato los activos de Oceanografía, designó a un encargado de la empresa y, un par de semanas después, arraigó por 40 días (una detención provisional) al dueño de la empresa, Amado Yáñez, para investigar su papel en la trama del fraude. Al cierre de esta edición las autoridades habían conseguido que el período del arraigo se extendiera por 40 días más.
Pero si la “novela” había sido un éxito mediático por unas semanas, poco a poco el escándalo se fue diluyendo, dejó de ser la noticia principal del país, y comenzó a estancarse como “producto” vendible a la opinión pública.
Hoy la investigación sobre Oceanografía y el fraude se mantiene, pero poco se sabe sobre el asunto.
Banamex, la entidad que sufrió el quebranto económico, ha mantenido mucha discreción sobre el tema. En un documento emitido el 3 de marzo de 2014, el Banco Nacional de México dio a conocer un resumen de las utilidades y movimientos de sus principales carteras, con una anotación respecto a “un impacto negativo en utilidad neta por $3177 millones (de pesos), derivado de un evento relacionado con la empresa Oceanografía S. A.”.
El texto de Banamex, tras explicar el problema con la empresa prestadora de servicios propiedad de Amado Yáñez, señala que como resultado, la institución bancaria sufrió “un impacto a utilidad neta por $3177 millones de pesos, equivalente al dos por ciento del capital contable del Grupo”.
El daño a Banamex estaba hecho y, al parecer asumido. Citigroup, el ente financiero estadounidense propietario del banco mexicano, no ha hecho más declaraciones públicas al respecto, aunque sí presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable de haber presentado los documentos falsos. Autoridades estadounidenses como el FBI y la SEC (organismo que regula las instituciones bancarias de Estados Unidos) mantienen investigaciones abiertas sobre el caso.
Otro organismo mexicano que hizo una investigación sobre el tema fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), responsable de vigilar y regular la actividad de los bancos mexicanos. El presidente de la comisión, Jaime González Aguadé, anunció a finales de abril pasado que habían terminado la investigación en torno al manejo que hizo Banamex de los préstamos otorgados a Oceanografía, aunque advirtió que “no podemos decir más de lo que hemos dicho, pero la Comisión ya terminó sus labores de investigación y hará las observaciones necesarias al banco y a las demás autoridades”.
El único empleado de Banamex que ha enfrentado la acción de la justicia mexicana por el fraude es un gestor comercial del banco en el estado de Tabasco, Erick Cervantes Murillo, a quien se le acusó de sustraer documentos presentados por el dueño de Oceanografía. De hecho este hombre, quien actualmente está en libertad, fue quien habría dado la clave para descubrir el ilícito, pues el pasado 20 de febrero se presentó después de las 3:00 am en la sucursal donde trabajaba (a la cual tenía acceso sin restricciones) y se llevó carpetas completas de documentos. El hecho fue registrado en el video de seguridad de la sucursal, lo que despertó sospechas, pues el propio empleado no se presentó a trabajar a la oficina en los dos días posteriores, por lo cual se hizo un arqueo y se encontró que los papeles faltantes eran los relacionados con un préstamo a Oceanografía.
Denunciado ante la procuraduría (fiscalía) de Tabasco, Erick Cervantes fue detenido por las autoridades locales, aunque de acuerdo con el diario Tabasco Hoy, una juez concedió libertad al empleado debido a que en su descargo argumentó que tenía acceso abierto a la oficina donde laboraba, y que los documentos eran parte de las carteras de clientes que manejaba, por lo cual no había delito que perseguir. Cervantes devolvió los documentos, pagó una fianza, y recuperó su libertad.
El incidente abrió la caja de Pandora y motivó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), pero salvo el arraigo al dueño de Oceanografía, ningún otro personaje más ha sido retenido.
Durante una comparecencia para explicar a diputados federales su actuación en el caso, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, justificó la prudencia de la dependencia a su cargo. El funcionario federal dijo que la búsqueda de evidencias creíbles y sustentables del fraude, y tal vez de lavado de dinero, toman tiempo, “y esas evidencias se logran con análisis técnicos, con búsquedas científicas, con evidencias concretas, para que la consignación no sea fácilmente rebatible y provoque la libertad de quienes puedan ser los responsables”.
Por parte de Pemex hay solo una investigación en curso respecto a la falsificación de documentos de la empresa paraestatal. Emilio Lozoya Austin, director de la petrolera gubernamental, ha hecho público que existe una investigación administrativa en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción (una de las subempresas en las que está dividida Petróleos Mexicanos) por haber firmado el adendo de un contrato con Oceanografía en diciembre de 2012, pese a que el funcionario ya no trabajaba para la paraestatal.
De acuerdo con el director de Pemex, el investigado, Mario Alberto Ávila, firmó una ampliación del contrato por 100 millones de pesos el 5 de diciembre de 2012, fuera de toda norma pues el funcionario había dejado su cargo una semana antes.
En Pemex hay preocupación por el problema, aunque las operaciones con Oceanografía se mantienen debido a que hay un administrador gubernamental en la empresa privada y a que, según el director de Petróleos Mexicanos, “las presuntas actividades irregulares desplegadas por la empresa Oceanografía son un caso aislado cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes”.
La “novela”, pues, continúa, aunque su interés se ha perdido y su desenlace, al parecer, no tiene fecha prevista.
Twitter: @BaezaManuel
