Bienvenido al único municipio del Bajío donde más del 80 por ciento de la ciudadanía se salta por la libre sus obligaciones ante Hacienda, convirtiendo a la comarca en un magnífico agujero fiscal.

Desde tiempos inmemoriales, la realidad es que México tiene la combinación perfecta para que los connacionales se resistan a pagar impuestos: instituciones débiles, un régimen fiscal inequitativo, políticos irresponsables en el ejercicio del gasto y ciudadanos en los que el valor de la legalidad está ausente. Vamos, ni el mismísimo estado de Querétaro se salva de los agujeros fiscales, no obstante, el municipio de Pinal de Amoles se corona como una de las entidades donde existe mayor opacidad ciudadana a nivel República.

Y es que la administración municipal, encabezada por el alcalde tricolor Cesar Árcega, reconoció que en este territorio existe una recaudación de impuestos “prácticamente nula”, pues de las 5000 personas que conforman el parque de contribuyentes, tan solo el 18 por ciento (menos de 500 ciudadanos) cumple con sus deberes tributarios como el pago del predial, el traslado de dominio y la solicitud de licencias de funcionamiento.

“Sabemos que, en el caso de Pinal de Amoles, en cuestión del predial tenemos realmente muy baja recaudación. La falta de generación de empleos, la falta de ingresos económicos al municipio y la falta de ingreso de remesas por parte de Estados Unidos (una de las principales fuentes de sustento), genera este bajo cumplimiento” lamentó Árcega en conferencia de prensa el pasado 3 de diciembre.

De acuerdo con el edil priista, la adversa situación a la que se enfrenta Pinal de Amoles genera un impacto negativo en las arcas municipales, por lo que para 2014 se pretende encaminar una campaña de fortalecimiento para “recaudar más”.

“Hemos implementado una campaña permanente para promover una recaudación latente, queremos que el ciudadano vea que sus recursos realmente llegan a su beneficio, por ello para este 2014 respetamos la tabla de valores por el uso de suelo, por eso no promovimos el incremento al predial, pero vamos a solicitar al ciudadano que nos apoye porque, mientras más se recaude, más trabajo vamos a generar”, esgrimió Árcega ante los medios de comunicación, apostándole a que el 40 por ciento de la ciudadanía aporte para las colectas gubernamentales para el siguiente ejercicio fiscal.

Dentro de esta campaña, el alcalde queretano pretende generar una condonación a las multas y a los recargos por el no pago de impuestos, de manera que probablemente se incorporará una “iniciativa coordinada de regularización de predios, ya que muchas veces los propietarios de inmuebles no tienen al día sus predios, por ello no se pagan los impuestos y esto se traduce en una falta de cultura de pago”.

La tierra prometida de la evasión

Mientras que en Querétaro se le apuesta a erigir “descuentos” y programas gubernamentales al más puro estilo de una “cruzada tributaria” para aumentar la recaudación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), existe otra demarcación diferente donde, desde 1740, no se paga impuestos a causa de un presunto “decreto virreinal”.

Se trata ni más ni menos que de la comunidad mexiquense de San Francisco Magú, ubicada en el municipio de Nicolás Romero.

Con una población de aproximadamente 15 000 personas, este pueblo del Estado de México subsiste gracias a la agricultura (principalmente dedicada a la producción del maíz o frijol), y aunque los distintos comercios donan 50 pesos mensuales para una caja chica destinada a los gastos de celebraciones religiosas y patrióticas, los habitantes del pueblo no entran ya en la discusión de si existe o no un agujero constitucional que los exenta de pagar impuestos: sin más, se asume como parte de su realidad.

En este sentido, el señor Pedro Alcántara, un ejidatario que pertenece a esta “dichosa” comarca, aclara que los nativos no se encuentran fuera de la ley, sino precisamente amparados por esta.

“Todos pagamos impuestos en el momento en el que compramos cualquier cosa y nos cobran el IVA. Lo que no pagamos es predial, catastro ni comercios. Hay cosas que sí pagamos, como todo lo del registro civil: actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, eso sí”, reconoce Alcántara.

Y es que en lugar de gravámenes, la delegación municipal de San Francisco Magú subsiste a base de “cuotas” que los habitantes del pueblo saldan conforme a sus posibilidades, por lo que se aplica una “autogestión” de recursos basada exclusivamente en la recaudación del Consejo local de Aguas y el mausoleo.

“Para mí lo más importante es la autonomía que hemos alcanzado al no pagar impuestos. Es lo que nos hace más fuertes como comunidad y se ha logrado de manera efectiva”, celebró Alcántara, quien también advierte que la autogestión municipal “tiene sus limitantes”, pues la falta de infraestructura hidráulica ha provocado que los campos ejidales de Magú dependan completamente del temporal.

Cómoda leyenda

Por su parte, Gilberto Vargas, quien funge como cronista y responsable del archivo municipal de Nicolás Romero, considera que la falta de contribución por parte de habitantes de San Francisco Magú forma parte de  sus usos y costumbres, lo que se ha ido forjando como una “tradición implacable que defienden a capa y espada”.

“De una u otra manera no se deja hablar del mito Magú, que si fue un virrey de la Nueva España quien expidió una merced para exentar de impuestos pecuniarios al pueblo, que si fue un presidente de la República (probablemente Benito Juárez) que expidió un decreto, etcétera. Los nativos escuchan hablar de su mito, de un supuesto pergamino que pasa de generación en generación y de familia en familia. Lo cierto es que aquí no se pagan impuestos”, explica el cronista local.

Paralelamente, Luis Muñoz, quien se desempeña como secretario particular del alcalde priista Martín Sobreyra Peña, considera que la autonomía de Magú “es algo positivo, pues no solo promueve la participación ciudadana, sino que ha logrado una buena colaboración con el ayuntamiento”.

“Ellos se reúnen siempre, y con motivo de la fiesta y de gestionar asuntos de interés de la comunidad, junto con el ayuntamiento, se organizan y trabajamos, se organizan muchos”, comenta Muñoz.

Incluso, agrega, en materia comercial, la misma comunidad fija medidas y pesos, lo que se traduce en una ausencia de inspectores mercantiles desde el momento en que la propia ciudadanía regula la calidad y frescura de los productos.

Cabe mencionar que la cuarta fracción del Artículo 31 de la Constitución detalla que los mexicanos deben “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación o del estado y municipio en que residan en manera proporcional y equitativa conforme a las leyes”, por lo que el caso se San Francisco Magú sobrevive como un verdadero ejemplo de desalineación gubernamental.

Todos contra los impuestos

Tanto el “fantasma” queretano como el “milagro” en San Francisco Magú conforman apenas un atisbo de la sombría realidad azteca en cuanto a recaudación tributaria se refiere: mientras que el promedio de ingresos tributarios en el conjunto de América Latina asciende a 18.4 por ciento del PIB y el de los países de la OCDE a 26.3 por ciento, el de nuestra nación alcanza tan solo 9.5 por ciento, esto sumado a que entre el 30 por ciento y 40 por ciento de la población evade parcial o totalmente sus obligaciones al declarar ante la SHCP.

Y es que, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 60 por ciento de la población ocupada está en situación de informalidad laboral, lo que trae como consecuencia que el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se construya y administre primariamente gracias a la “mano caritativa” de las personas morales y físicas que trabajan para alguna empresa o desempeña alguna actividad empresarial propia.

Por otra parte, según el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 de la SHCP, los regímenes especiales generarán este año una pérdida recaudatoria de 642 838 millones de pesos, equivalentes a 3.78 por ciento del PIB, esto principalmente por deducciones y exenciones fiscales, otro factor que pega a la recaudación y prolonga la dependencia que tienen las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros.

Bajo tal esquema, queda certificado que, si bien es cierto que el cobro de impuestos es un problema en cualquier sociedad y que los intereses-preferencias del Estado y del contribuyente suelen estar contrapuestos, México es azolado constantemente por un cuadro distópico donde la ciudadanía percibe que el Estado “está interesado en cobrar la mayor cantidad de impuestos posible y utilizarlos con la mayor discreción”, mientras que el mexicano promedio “prefiere pagar lo menos posible y obtener los mayores beneficios”.

No se quiera pasar de “lanza”

Para la gran mayoría de los connacionales, nuestro régimen fiscal es injusto por todos sus costados: desde la carga fiscal hasta el castigo, pasando por la oportunidad diferencial para evadir. Conforme a la Encuesta de Opinión Pública sobre la Percepción de Riesgo Tributario y Cultura Fiscal 2012, la gran mayoría de los connacionales piensa que los mexicanos pagamos demasiados impuestos (61 por ciento), sin mencionar que la proporción de personas que afirman que “el actual sistema de impuestos beneficia a los ricos y es injusto para los que menos tienen” sigue siendo muy alta (64 por ciento).

A todo esto hay que agregar que la gente no encuentra fácil pagar impuestos. Solo 13 por ciento de los encuestados dice haberlo hecho por sí mismos y sin ayuda. El resto o no paga impuestos (46 por ciento) o el patrón se los declara (20 por ciento) o ha tenido que recurrir a un tercero (15 por ciento). A pesar de que los servicios que presta el SAT están razonablemente bien evaluados, la inmensa mayoría nunca ha acudido a sus oficinas o módulos (80 por ciento) y persiste la idea de que el trámite de impuestos es complicado y caro.

También hay una percepción muy extendida (55 por ciento) sobre la irresponsabilidad del mexicano en lo que se refiere a sus obligaciones fiscales, acompañada de la idea de que son pocos los que pagan y de que si todos pagáramos impuestos también todos pagaríamos menos. De ahí que, de acuerdo a la mayoría (49 por ciento), la mejor manera para aumentar los ingresos del gobierno sea no elevarlos, sino ampliar la base de contribuyentes.

Y así, con todo este panorama  llegamos a 2014, con los bolsillos no precisamente vacíos, pero sí agujerados.