Generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) hubiera permitido al país ingresar a la modernidad tributaria, pero se prefirió convertir a la llamada reforma hacendaria en una simple miscelánea fiscal que colocará los ingresos nacionales en porcentajes similares a los de otros años, sin haberse logrado la gran modificación esperada.

Quizá por eso la Secretaría de Hacienda, representada por Luis Videgaray, no muestra tanta algarabía —aunque no lo reconoce—, tras haberse logrado la aprobación en la Cámara de Diputados, en virtud de que la iniciativa de origen fue modificada de manera sustancial.

Como producto de esas modificaciones se dejarán de recaudar 55 700 millones de pesos de los 240 000 millones que se tenían previstos, por lo que los egresos del gobierno federal —en este rubro— ahora se presupuestarán en función de los 184 300 millones que resultan de haber exentado del IVA rentas, hipotecas y compra-venta de vivienda, así como colegiaturas.

Y para tratar de compensar esto se acordó incrementar el Impuesto Sobre la Renta en el rango de 31 a 35 por ciento de acuerdo con los ingresos obtenidos, elevar el IVA en las fronteras, un impuesto de 5 por ciento a los llamados alimentos chatarra, aplicar IVA a alimentos para mascotas y goma de mascar, y se conserva el gravamen de un peso por litro a las bebidas azucaradas y se impone una tasa de 10 por ciento a las ganancias generadas en el mercado accionario.

Si bien es cierto que estas determinaciones fueron aprobadas por los legisladores, no deja de tener repercusiones de responsabilidad en el gobierno federal que, no obstante haber anunciado una reforma fiscal estructural de gran calado, como la que pretende con el sector energético, cedió a las presiones de sus adversarios, en este caso del PRD.

Quizá trató de evitar los costos políticos y complacer las propuestas de campaña de la izquierda a cambio de evitar posibles movilizaciones callejeras pagando el precio de no cumplir con la modernidad tributaria al no haber generalizado el IVA, dejando al margen las recomendaciones de organismos internacionales especializados en la materia que optan a favor de aumentar y fortalecer la tributación indirecta por ser más eficaz.

De nada sirvió que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en su momento, haya convencido a los dirigentes de su partido, el PRI, de reformar sus estatutos para permitir el IVA en alimentos y medicinas como un mensaje directo de que el gobierno federal ahora, en serio, iría por una real reforma hacendaría que finalmente se convirtió en una reforma light o simple miscelánea fiscal sin el gran calado prometido.

Tal vez la administración de Peña pretendió sacrificar este episodio de las reformas estructurales a cambio de satisfacer al PRD o grupos de izquierda institucionalizada a fin de que en breve se conviertan en sus aliados para alcanzar la reforma energética, lo cual, de ser así, es un gran riesgo para el gobierno en virtud de que no existen todas las garantías para que esos llamados opositores cumplan con los acuerdos en este sentido. 

Y es que son riesgos innecesarios, pues el gobierno de Enrique Peña sabe que sin la izquierda, pero con el apoyo de la derecha, su administración podría lograr la tan ansiada reforma energética en las cámaras, en donde con el apoyo de los partidos minoritarios logra la mayoría constitucional en cualquier rubro.

Por eso habrá que esperar a conocer —en el mediano plazo— cuáles fueron las causas para que el gobierno de Enrique Peña Nieto sacrificara una reforma hacendaria de gran calado y se conformara con una simple miscelánea, la cual no garantiza la inversión ni estimula el empleo.

Y es que todo el tema hacendario para el año que entra se circunscribe a una política meramente recaudatoria para dar paso a la conformación de una Ley de Ingresos –ya aprobada también— que prevé recursos por 4 billones 470 000 millones de pesos, 10 000 millones menos que lo propuesto por el Ejecutivo federal.

Se estima un crecimiento económico de 3.9 por ciento para 2014 y un déficit público de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Se establece en 12 pesos con 90 centavos el tipo de cambio, y en 85 dólares el precio del barril de petróleo.

La reducción de 55 700 millones de pesos por el cambio en los impuestos se compensarán con el incremento al precio del barril del petróleo.

Tiene razón el secretario de hacienda Luis Videgaray Caso, quien declaró, después de la aprobación del paquete fiscal referido, que será el presidente de México el que pague los costos políticos de esta nueva decisión recaudatoria. Y la verdad así será, tal vez con un deterioro en su popularidad.