A pesar de que a lo largo de la historia se ha evidenciado que para mejorar las condiciones económicas y políticas de la sociedad en su conjunto, lograr una ciudadanía integral y construir una democracia más sólida es indispensable la participación activa de la mujer en todos los procesos sociales, todavía hoy su empoderamiento y la igualdad de género parecen ser una utopía.

Con motivo de la celebración del aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, el pasado 6 de enero, en Boca del Río, Veracruz, la alcaldesa Carolina Gudiño Corro sufrió un desaire por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien después de saludar con un fuerte apretón de manos y un abrazo a todos sus compañeros hombres en el estrado, a ella la dejó con la mano extendida y apenas le dio una palmada en el antebrazo.

Este hecho no solo suscitó polémica tanto entre la clase política del país como entre la opinión pública y la sociedad mexicana e internacional al considerarlo como un acto de discriminación y machismo, sino que también puso nuevamente sobre la mesa el tema de la igualdad de género.

Si bien es cierto que el reconocimiento legal de los derechos del sexo femenino, el consenso en torno a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres —que no solo representan un 52 por ciento de la población mundial, sino que dan a luz al 48 por ciento restante— ya son un hecho en gran parte de los países del mundo, en la práctica no existen las condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer ni las medidas necesarias para que las mujeres realmente gocen de igualdad en sus vidas cotidianas.

Naciones Unidas, como un organismo creador e impulsor de la denominada Declaración del Milenio, a través de la cual reconoce la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial, y compromete a las 189 naciones signatarias al cumplimiento de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), considera el empoderamiento de la misma y la igualdad de género como un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de los derechos humanos y la justicia social.

Más que un objetivo en sí mismo

Al interior de la sede de las Naciones Unidas, en Nuevo York, en septiembre del 2000 tuvo lugar la firma de la Declaración del Milenio, una nueva alianza mundial creada para reducir los niveles de extrema pobreza a través del cumplimiento de los conocidos como ODM y cuyo plazo de vencimiento está fijado para el año 2015.

Dichos objetivos colocan la promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer tan solo por debajo de la erradicación de la pobreza extrema y el hambre y el logro de la enseñanza primaria universal. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/sida, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo son otros de los ODM.

El porqué el papel de la mujer dentro de la sociedad ocupa el tercer lugar entre los ODM es, según Diego Antoni, director del área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —encargado de crear coaliciones para el cambio, medir el progreso hacia su logro y ayudar a los países a establecer la capacidad institucional, las políticas y los programas para alcanzar los objetivos—, refleja el que la potenciación de la mujer es una condición para el logro de la justicia social, la igualdad, el desarrollo y la paz.

“La igualdad de género es un medio para lograr todos los demás Objetivos de Desarrollo del Milenio, no solo un objetivo en sí mismo”, aseguró Antoni en entrevista con Newsweek en Español, y agregó que la igualdad de género es una condición irreducible para el desarrollo inclusivo, democrátivo, libre de violencia y sostenible.

Estrategia de igualdad de género

La estrategia de igualdad de género fue creada en 2008 con el objetivo de fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer bajo la premisa de que el objetivo de desarrollo sobre la igualdad entre hombres y mujeres es “absolutamente indivisible” del objetivo de lograr verdaderas mejoras en la vida de las personas y en las opciones y oportunidades que tienen entre sí.

Es así como la igualdad de género se convierte en un componente integral del desarrollo humano que es el que guía la formulación de políticas y enfoques del desarrollo.

Sobre dicha concepción de desarrollo, el PNDU respalda el que se acelere el logro de los ODM mediante la determinación de las dimensiones de igualdad de género y la respuesta a ellas en sus cuatro esferas programáticas interrelacionadas desde la perspectiva de género: la lucha contra la pobreza, la gobernanza democrática, la prevención de crisis y recuperación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

El paradigma de desarrollo humano, a través del cual el PNUD determina sus prioridades y suministra el marco de acción para abarcar a todos los seres humanos, está basado en el entendimiento de que las personas constituyen “la verdadera riqueza de las naciones” y trata de la creación de un entorno justo en el que tanto los hombres como las mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial y lleven vidas creativas y productivas conforme a sus necesidades e intereses.

Estas necesidades e intereses son precisamente los que determinan que para ampliar las opciones es fundamental la noción de entender y consolidar las capacidades humanas para que, de acuerdo a ellas, se creen las condiciones necesarias para la potenciación del papel de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Un derecho y un requisito para el desarrollo

La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” de 1979, la cual constituye la guía de todas las intervenciones del PNDU basadas en los derechos en favor de la igualdad de género, plantea que la desigualdad de género es el resultado de la discriminación contra la mujer, razón por la que llama no solo a la igualdad de oportunidades, sino también a la igualdad de los resultados.

Según Antoni, no basta con que entren en vigor las leyes contra la discriminación, sino que el Estado debe adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para que las mujeres realmente gocen de igualdad en sus vidas cotidianas,  y que esta sea una realidad.

En la Convención se definen la discrimina-ción y las distintas medidas que los Estados deben adoptar para eliminarla, se establecen los derechos de la mujer de acuerdo a esferas de acción específicas y amplias, y se adoptan disposiciones con miras a la ratificación, la vigilancia, la presentación de informes y otras diversas cuestiones de procedimiento.

Todo ello con el fin de prestar especial atención a las necesidades y contribuciones de las mujeres para abordar las diferencias por motivos de género, políticas desiguales y discriminación, que históricamente ha distorcionado el desarrollo de las sociedades y puesto en desventaja a las mujeres.

Operar desde una perspectiva de género

La Plataforma de Acción de Pekín de 1995 supone el primer compromiso mundial de incorporación de la denominada perspectiva de género como metodología para lograr crear las condiciones necesarias para el empoderamiento de la mujer.

“A partir de la perspectiva de género, la potenciación de la mujer se convierte en una condición para el logro de la justicia social”, explica el director de Gobernancia Democrática del PNUD, bajo el entendido de que la justicia social es un requisito previo, necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz.

La tarea de incorporación de una perspectiva de género, que supone el punto de vista de la mujer no solo en la igualdad de sus derechos, sino en sus proyectos de vida y en el replanteamiento del mundo desde una concepción familiar, profesional y personal, tiene una tarea doble.

Por una parte, debe prestar apoyo a la capacidad nacional para responder de manera positiva a las preocupaciones y los intereses de las mujeres y, por otra, fomentar su empoderamiento para aumentar sus capacidades, opciones y oportunidades, asegurar su condición de igualdad sustantiva frente a los hombres y revindicar sus derechos.

“Cuando hay discriminación con las mujeres en algunos de los cumplimientos de su derecho, eso repercute en el binestar de la sociedad en general”, concluyó Antoni.

Por qué el presidente mexicano hizo tal desaire a la alcaldesa de Veracruz sigue siendo un misterio, pero lo que es evidente a todas luces es que no basta que en un país como México, en el que la discriminación y el machismo son una constante, se promulguen acciones informativas y sentencias en las que se asegure una representación más igualitaria entre mujeres y hombres en los puestos de poder político para que la desigualdad de derechos y oportunidades no esté ausente.

Los desafíos para garantizar no solo una representación paritaria en los puestos de liderazgo político, sino en todos los aspectos de la prevención y solución de conflictos, el mantenimiento y la consolidación de la paz, la capacidad de desarrollo, la promoción de la seguridad y la adopción de decisiones en todos los ámbitos y niveles,  son muchos y muy complejos.

Quizá por ello debemos avanzar en el entendimiento, promoción y vigencia efectiva de sus derechos tomando en cuenta que la participación de la mujer en la consolidación y consecución de la democracia y el desarrollo es crucial no solo por ser mayoría dentro de la población, sino por el papel que desempeña al interior de los hogares, donde cada vez más se ha convertido en jefa de familia —tanto a nivel económico como moral—, para superar las condiciones de existencia de la familia, la comunidad y la sociedad, cuyo cambio promueve decididamente.