La pobreza es el peor padecimiento de cualquier sociedad. Según coinciden varios especialistas, de esta se derivan muchas consecuencias sociales, como la delincuencia, la carencia de educación, los problemas de salud y la escasez de cultura. Desde luego, la pobreza también es un nicho que posee las condiciones precisas para que el mercado político ejerza la demagogia y el autoritarismo y, al mismo tiempo, para frenar la expansión de los mercados, y por ende, de la economía.
Sin embargo, en América Latina la pobreza golpea con una poderosa paradoja, pues la región posee un potencial productivo y recursos naturales impresionantes que los gobiernos y sociedades en general no han sabido fructificar.
Aunque los presidentes latinoamericanos suelen concurrir con mucha frecuencia a foros, debates y conferencias cuya finalidad es la erradicación de la pobreza y el hambre, los resultados no han sido muy halagüeños que digamos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la semana pasada informó que unos 300 millones de personas en el continente americano, alrededor de 34 por ciento de la población, viven en la pobreza. Esto quiere decir que la región está lejos de alcanzar los propósitos pactados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, uno de los cuales tiene la meta de reducir a la mitad la cantidad de personas que padecen hambre antes del 2015.
Según establece el informe Objetivos de Desarrollo del Milenio, el primer propósito es erradicar la pobreza extrema y el hambre, cuya meta es reducir a la mitad, antes de 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.
“Los objetivos representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medioambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad”, sentencia el informe de Naciones Unidas.
No obstante, en el marco de la cuadragesimosegunda Asamblea General de la OEA, que se realizó la semana pasada en Cochabamba, Bolivia, José Miguel Insulza también manifestó que al menos 50 por ciento de los habitantes de sectores rurales de América viven bajo la línea de la pobreza pese a que la producción de alimentos es cada vez mejor en la región, por lo que el problema del hambre está vinculado a la falta de poder adquisitivo de las personas, no a la carencia de comestibles.
Y añadió el secretario general de la OEA: “No existe ninguna razón para que esto siga siendo así. Este es un continente que debería al menos alimentar razonablemente a todos los habitantes y con eso seguiría siendo una potencia alimentaria mundial”.
Los diagnósticos de la Cepal
A finales de 2011, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que la tasa de pobreza regional alcanza el 31.4 por ciento y la de indigencia, el 12.3 por ciento. Es decir, en términos absolutos hay 174 millones de personas pobres, de las cuales 73 millones son indigentes.
“La recuperación posterior a la crisis de 2009 se ha reflejado en los indicadores de pobreza. La pobreza y la indigencia se redujeron 1.6 y 0.8 puntos porcentuales, respectivamente, si se compara con las tasas de 2009. Ello equivale a una disminución de 7 millones de pobres, de los cuales 3 millones son personas indigentes. La reducción de la pobreza ha provenido principalmente de un incremento de los ingresos laborales”, manifiesta la Cepal en el informe Panorama Social de América Latina.
No obstante, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, lanza una señal de alerta:
“La pobreza y la desigualdad han seguido disminuyendo en la región, lo que es una buena noticia, especialmente en el contexto de crisis económica internacional. Sin embargo, estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la región y por los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social”.
Según el mismo documento de la Cepal, cinco países han registrado disminuciones significativas en sus tasas de pobreza: Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia.
Por su parte, Honduras y México son los únicos países con incrementos relevantes en sus niveles de este padecimiento: 1.7 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente.
Añade la Cepal que la pobreza y la desigualdad han disminuido, pero esta dinámica positiva está limitada por enormes brechas en la estructura productiva, principal fábrica de reproducción de las desigualdades.
Las acciones gubernamentales
Una de las estrategias más socorridas por algunas naciones latinoamericanas para reducir la pobreza son los programas que otorgan transferencias monetarias condicionadas. Es decir, algunos gobiernos asignan una suma de dinero a las familias de menores recursos a cambio de que cumplan ciertas condiciones. En general, la mayoría de estos programas condiciona el apoyo económico al cumplimiento de la asistencia escolar de la población menor de edad y a la realización regular de controles de salud en niños y mujeres embarazadas.
En Argentina, por ejemplo, existe el programa Asignación Universal Por Hijo, un proyecto que beneficia a unos 3 800 000 hijos de mujeres que trabajan como domésticas y de trabajadores independientes o informales. A cada hijo de trabajador se le proporcionan unos 63 dólares mensuales. Durante todos los meses se le deposita solo el 80 por ciento, y al terminar el año se le provee el restante 20 por ciento si el trabajador demuestra que sus hijos cumplieron, entre otros, con sus obligaciones escolares y con los procedimientos de salud como aplicarse las vacunas. Según cifras oficiales, el programa ha ayudado a aumentar la matrícula escolar en casi 25 por ciento y han disminuido sobremanera la pobreza y la indigencia.
En América Latina el problema
del hambre está vinculado
a la falta de poder adquisitivo de las personas,
no a la carencia de comestibles.
En Brasil, hace nueve años el presidente Luiz Inácio Lula da Silva puso en marcha el programa Bolsa Familia, que en la actualidad beneficia a más de 11 millones de hogares pobres (unos 47 millones de personas). Las familias que cumplen los criterios exigidos reciben un apoyo en sus ingresos a cambio del compromiso de escolarizar a sus hijos y someterlos a diferentes tipos de controles médicos. Y hace un mes la actual presidenta, Dilma Rousseff, anunció la implementación del proyecto Brasil Cariñoso, el cual pretende que cada familia que viva en la extrema pobreza y tenga niños de menos de seis años de edad reciba mensualmente 70 reales (unos 35 dólares) por cada miembro. Según cálculos del gobierno brasileño, los beneficiados serían unos 18 millones de personas.
Hace unos días, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, elevó a política de Estado el plan Familias en Acción, el cual era solo un programa de gobierno. Con este nuevo rango, el proyecto ahora beneficiará a 2 600 000 familias (unos 10 millones de personas). Familias en Acción es un programa que entrega subsidios de nutrición o educación a los niños que pertenecen a familias de bajos recursos, en condición de desplazamiento o familias indígenas. El gobierno actualmente entrega, en promedio, 50 000 pesos mensuales (unos 28 dólares) a cada familia beneficiada.
En México existe un programa similar llamado Oportunidades, el cual apoya la educación, salud y alimentación de las familias que viven en condiciones de pobreza alimentaria o cuyos ingresos son insuficientes para desarrollar las capacidades básicas de sus integrantes. En promedio, el gobierno entrega 655 pesos mensuales (unos 47 dólares) a las madres de familia, pues el plan tiene como prioridad fortalecer la posición de las mujeres en la familia y dentro de la comunidad.
Mientras tanto, los países reunidos en Bolivia en la asamblea general de la OEA hicieron un llamado a promover el desarrollo agrícola con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y reconocieron que aproximadamente 53 millones de personas en América Latina y el Caribe padecen subnutrición o hambre crónica.
Del mismo modo, las naciones de la OEA admitieron que la demanda de alimentos está creciendo, que la región está afectada por crisis de diversa naturaleza, que en los últimos años ha habido una excesiva volatilidad de los precios de los productos básicos —incompatible con la pobreza—, y se comprometieron a erradicar el hambre y la malnutrición en las Américas.
Pese a todo, los logros son relativos y América Latina continúa padeciendo tal pobreza y hambre que resultan paradójicas si se les compara con la abundancia de sus bienes naturales y el ahínco latinoamericano por progresar. Además, estos padecimientos son humillantes al contrastarlos con los dispendios de muchos políticos y gobernantes de la región, quienes no dudan en prometer combatirlos cuando se hallan en campañas electorales. Y es que la pobreza y el hambre no se curan con palabras y estadísticas, sino con educación y trabajo.
