
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) dio a conocer que el alcalde de Romita, Pedro Tanamachi Reyes, tiene como plazo hasta el 22 de agosto para ofrecer una disculpa pública y realizar una compensación económica por la desaparición forzada de tres personas ocurrida en febrero de 2023.
Karla Alcaraz Olvera, titular de la Prodheg, informó que el presidente municipal solicitó una prórroga para cumplir con lo requerido como parte de la reparación del daño.
“Respecto a ese asunto de Romita ya recibimos el documento a través del cual el alcalde acepta las recomendaciones, nos pide una prórroga para el cumplimiento de estas por la compensación que está marcada para que se determine por la Comisión Estatal Integral de Atención a Víctimas y justo está en ese proceso”, explicó.
Los hechos ocurrieron hace más de dos años, cuando los jóvenes Juan Pablo Vargas y su esposa Daniela Castro, de 29 y 27 años, junto con Carlos Rocha, de 25, fueron arrestados por elementos de la policía municipal y presuntamente entregados a un grupo criminal.
Alcaraz Olvera precisó que, aunque la investigación penal sigue su curso, la Prodheg realizó un análisis independiente en materia de derechos humanos.
“De acuerdo a nuestras investigaciones y en atención a lo que establece el Estatuto de Roma, señalamos que hay ciertas condiciones que nos permitieron acreditar que se dio esa desaparición forzada”, señaló.
Cabe destacar que las detenciones ocurrieron durante la administración del exalcalde Oswaldo Ponce Granado, en medio de diversas irregularidades señaladas en la actuación de las autoridades locales.