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Durango castigará la violencia vicaria con penas de hasta cinco años de prisión

Publicado el 7 de noviembre, 2025
Durango castigará la violencia vicaria con penas de hasta cinco años de prisión
Falta capacitación para que autoridades atiendan violencia vicaria: activistas

El Congreso del Estado de Durango aprobó las reformas a los Códigos Civil y Penal locales para tipificar la violencia vicaria, con penas que van de uno a cinco años de prisión. La medida tiene como objetivo garantizar una protección integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a una de las formas más graves de violencia de género.

 

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia con base en cinco iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRI, Morena y el PAN, lo que permitió un consenso legislativo.

 

El diputado Otniel García Navarro, presidente de la Comisión de Justicia y promovente de la reforma, destacó que esta modificación legal “cierra un vacío jurídico” y dota a Durango de una arquitectura normativa que define claramente la conducta, establece sanciones proporcionales y activa medidas de protección inmediatas.

 

“Con esta reforma, Durango se incorpora al grupo de entidades que ya tipifican la violencia vicaria conforme a estándares nacionales e internacionales. Ni una víctima más sin protección. Ni una infancia más utilizada para dañar”, expresó.

 

El legislador adelantó que se impulsará la creación de protocolos de actuación, capacitación y rutas de atención junto con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el SIPINNA, el Instituto Estatal de las Mujeres y el DIF Estatal, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la nueva norma.

 

Por su parte, la diputada Sughey Torres Rodríguez, del PRI, explicó que la violencia vicaria consiste en el daño o presión ejercida contra una mujer mediante el uso de sus hijas, hijos u otras personas bajo su cuidado. “Es la revancha más ruin y dolorosa, porque utiliza a las hijas e hijos como instrumentos para causar angustia y desesperación”, señaló.

La nueva legislación establece además multas de 36 a 288 UMA, la persecución de oficio del delito y consecuencias civiles como la suspensión de la patria potestad o tutela, la pérdida de derechos sucesorios y la obligación de recibir tratamiento psicológico o reeducativo.

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