El juez décimo primero de distrito del Poder Judicial de la Federación, dio un revés al Congreso de Oaxaca, al Poder Ejecutivo y Judicial, al conceder la suspensión definitiva del amparo interpuesto por representantes del Consejo de la Judicatura, contra la desaparición de este ente.
En la sentencia del juicio de amparo 753/2018, el juez otorgó la medida sobre los actos reclamados, que entre otros se encuentra la aprobación por parte del Congreso del Estado del decreto 1539, por el que desaparecieron el Consejo y crearon la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
Y es que el pasado 31 de julio, el Congreso de Oaxaca aprobó, con 31 votos a favor y siete en contra, que este órgano creado en 2011 para administrar la carrera judicial, así como establecer la configuración territorial de salas y juzgados, fuera desechado y se creara la Junta de Administración.
Ante ello, los integrantes del Consejo de la Judicatura recurrieron a la justicia, a través del amparo, por lo que el 7 de agosto recibieron la suspensión provisional y tres días después, la definitiva.
En la resolución del juez décimo primero, también se echa abajo la puesta en marcha de la Junta de Administración y los nombramientos efectuados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho, así como el ajuste presupuestal.
Además de las facultades otorgadas a los integrantes del nuevo órgano para que formaran parte del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otros actos reclamados.
El Consejo de la Judicatura, por tanto, continuará en funcionamiento con los mismos nombramientos, hasta en tanto se lleve a cabo un análisis “de fondo” de los hechos que llevaron a la desaparición del órgano.
El integrante del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas Rivera, en entrevista efectuada el pasado 3 de agosto, señaló que la desaparición del Consejo de la Judicatura, avalada por la LXIII Legislatura representaba un retroceso de por lo menos dos décadas en el andamiaje jurídico sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Y consideró la medida como una “desavenencia jurídica que tendrá que resolverse en esos términos y no políticos”, la cual además no es acorde con los criterios de rendición de cuentas y transparencia que se promueven en el país.
