En sesión solemne del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la magistrada Gabriela Espinosa Castorena asumió la presidencia de este órgano colegiado del Poder Judicial del Estado para el periodo 2018-2022, sucediendo en el cargo a Juan Manuel Ponce Sánchez.
La magistrada fue electa por mayoría de votos del propio tribunal el pasado 18 de mayo y será la segunda mujer que ocupe la presidencia en el Poder Judicial del Estado, después del periodo del 2003 al 2006 que fue encabezado por Ma. Teresa Isabel Martínez Mercado.
¿Quién es?
Espinosa Castorena es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con maestría en Ciencias Jurídico-Penales en la Universidad de Guanajuato y en Derecho Judicial Penal en la Universidad Iberoamericana, campus León.
Ha laborado en el Poder Judicial del Estado por más de 30 años, iniciando sus labores como secretaria de acuerdos de los Juzgados Quinto y Sexto de lo Penal, fue juez familiar, consejera de la Judicatura Estatal, magistrada del Tribunal Local Electoral. Desde 2005 fue nombrada magistrada numeraria y su último cargo fue como magistrada de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Asimismo, ha sido docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado. Sus principales especialidades son la impartición de justicia con perspectiva de género, la materia legislativa, familiar y penal.
¿Cuál es su plan de trabajo?
La magistrada Gabriela Espinosa contempla 11 acciones en las que se basará su plan de trabajo al frente del Poder Judicial del Estado:
1) Elaboración de un diagnóstico institucional.- A través de una institución académica externa que realice un análisis y evaluación de las áreas de oportunidad del Poder Judicial.
2) Innovación judicial.- Aprendiendo de las mejores prácticas de los demás tribunales del país para mejorar la calidad del servicio brindado en el estado.
3) Modernización de los sistemas informáticos.- A fin de generar procesos más sencillos y ágiles para reducir el tiempo de respuesta institucional.
4) Estadística judicial confiable.- Contar con indicadores claros y uniformes que faciliten el análisis comparativo de la información para la toma de decisiones.
5) Creación de una Escuela judicial.- Invertir en capacitación, actualización y especialización de los funcionarios judiciales bajo un modelo educativo que favorezca el desarrollo de competencias.
6) Fortalecimiento de la Contraloría interna.- Profesionalizar las funciones de vigilancia, control y evaluación administrativa de la institución, además de implementar un servicio de evaluación para los usuarios.
7) Consolidación de los juicios orales en materia penal e implementación de la oralidad en materia civil y familiar.
8) Administración eficiente de los recursos.- Se aplicarán los recursos para las cuestiones urgentes y prioritarias del Tribunal.
9) Justicia alternativa.- Mediante el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y controversias como la mediación.
10) Igualdad sustantiva.- Compromiso para resolver los casos con perspectiva de género y sin discriminación, velando por el respeto de los derechos humanos de todas las personas.
11) Orientación a resultados.- Se generará un modelo de incentivos vinculado a la capacitación y al desempeño para mejorar todas las áreas de la institución.
En su discurso, destacó el apego a los principios éticos que deberán tener los juzgadores e impartidores de justicia, ya que el Poder Judicial debe asentarse en los principios de transparencia, legalidad, objetividad, prudencia, honradez y lealtad, sin cabida para la complicidad ni los beneficios personales.
“No tendrá cabida el influyentismo, la complicidad, ni los privilegios, por lo que impulsaremos que el Código de Ética cobre aplicación, siendo severos con quienes no actúen conforme a los parámetros jurídicos y éticos”.
En entrevista, aseguró que la relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo será de respeto, autonomía y coordinación, más no de sumisión.
“Debemos tener una estrecha relación, debemos de colaborar porque los tres poderes trabajamos para la sociedad, pero cada uno es independiente, con coordinación, con colaboración pero con independencia”, indicó.
Espinosa Castorena también hizo hincapié en ampliar los recursos humanos y económicos del Poder Judicial para reducir el rezago que se tiene actualmente en los ámbitos penal y familiar, ya que el personal asignado a estos rubros es insuficiente para resolver los expedientes.
“Hay audiencias que se han hecho hasta en los fines de semana para desahogar temas penales y en materia familiar se presentan hasta 250 promociones en un día, entonces no es que el servidor público no esté teniendo un buen rendimiento, sino más bien la problemática que se está dando sobre todo en materia familiar”, concluyó la magistrada presidenta.
