La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dijo desconocer el programa de gobierno estatal y el ayuntamiento capital para canalizar a centros de rehabilitación, o anexos, a presuntos delincuentes para evitar la reincidencia, señaló el ombudsman, J. Asunción Gutiérrez Padilla.
“No tenemos conocimiento de tales hechos, solamente por medio de la declaración que hizo la alcaldesa hace unos días. Debo decir que los anexos son centros de internamiento para personas con problemas de adicciones de cualquier tipo y que generalmente entrañan el consentimiento de la persona o de sus familiares, pero no tenemos conocimiento de que las autoridades sean quiénes los estén internando”.
Refirió que para evitar violaciones a los derechos humanos, las autoridades municipales y estatales sólo pueden llevar a las personas con su consentimiento y no de forma obligatoria, a pesar de que sea para reducir la incidencia delictiva que pudiera afectar a los demás ciudadanos.
“Muchos de los delitos tienen que ver con que el adicto requiere dinero para comprar la dosis de consumo y al alejarlos del problema de adicción, entonces también seguramente no tendrían el recurso para comprar las dosis y no tendrían que delinquir”, afirmó.
Sobre el procedimiento del programa, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Antonio Martínez Romo, aseguró que el programa se ha estado implementado con la voluntad de los inculpados y de sus familias, negando que se estén violentando sus derechos humanos.
“Nosotros lo que hacemos es ver si es una persona que hubiéramos detenido por consumo o posesión de droga, los trasladamos ante el juez calificador, le decimos que es una persona que tiene la adicción constante y ahí en Justicia Municipal le llaman a su familia, se le informa sobre el proyecto y que su familiar sería un prospecto ideal para acudir a estos centros y si la familia lo aprueba, entonces se solicita su reclusión”.
De acuerdo a la alcaldesa del municipio capital, Tere Jiménez, en los últimos días se han enviado a 54 presuntos delincuentes con problemas de consumo de drogas a anexos para rehabilitarse y así evitar que sigan incurriendo en actividades ilícitas. Incluso varios de ellos acumulan más de 100 ingresos al complejo de seguridad pública C-4, informó la presidenta municipal.
Verifica CEDH condiciones de anexos
A pesar de que no es su facultad directa por ser espacios particulares, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se encuentra realizando una verificación en los centros de rehabilitación y anexos que se ubican en el estado para detectar posibles violaciones a los derechos humanos de los internos.
Hasta el momento se han revisado 40 lugares de este tipo, encontrando irregularidades que podrían considerarse violatorias a los derechos humanos en al menos ocho de ellos, agregó el ombudsman.
Entre las principales anomalías, se encuentra la infraestructura inadecuada para la estancia de los internos, la falta de atención médica y la implementación de mecanismos de sometimiento o de fuerza innecesaria.
“En algunos lugares la infraestructura es insuficiente y disfuncional, por ejemplo un lugar pequeño en el que tienen hasta 15 personas, o un solo baño. En otros también se ha detectado que no tienen médicos que estén al pendiente y entonces tienen que sacarlos del anexo para recibir atención médica”.
En algunos casos también se detectó que varios internos habían sido obligados por sus familiares para ingresar a los centros de rehabilitación, en contra de su voluntad, añadió el ombudsman.
“Detectamos que algunos no están voluntariamente o que se dicen maltratados de alguna manera y por ello hemos estado actuando acudiendo al sector salud, que es el competente para intervenir en estos casos”, refirió.
Por ello, se exhortó a la Secretaría de Salud para realizar las indagatorias correspondientes y aplicar las sanciones a los anexos que no estén cumpliendo con las disposiciones que marca la ley.
“Les hemos pedido que nos acompañen, hemos hecho visitas con ellos y ahí vamos avanzando y vamos reportando lo que se va presentando a través del exhorto al área de salud para que intervengan y se generen condiciones que garanticen la no violación de los derechos fundamentales”, concluyó el titular de la CEDH.
