La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, erradicar la sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno en la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco.
“Se incumple la obligación del Estado de procurar que las instalaciones, la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de su población y se favorezca la reinserción social efectiva” acusó el organismo nacional en la Recomendación 18/2018
La CNDH recibió en febrero de 2018 un correo electrónico del Senado de la República denunciando presuntas violaciones a los derechos humanos de una persona privada de su libertad en dicha comisaría, por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado medidas cautelares a favor del afectado.
Visitadores de la CNDH acudieron a la Comisaría a entrevistar a la víctima, pero recibieron información inexacta y esperaron tres horas 20 minutos a la persona interna. El afectado tenía golpes en la cara, producto dijo, de una riña que tuvo el día anterior con otro interno, pero la entonces Directora de la Comisaría negó reportes de riñas.
Los visitadores observaron autogobierno, una población de 5 mil 668 internos cuando la capacidad es de 2 mil 118, hacinamiento, falta de control de las autoridades e insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
La CNDH recomendó al Gobernador de Jalisco implementar programas para la prevención, detección y atención de incidentes violentos, y que en plazo no mayor a seis meses se diseñe e implemente un programa integral para consolidar un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos.
Al titular de la Fiscalía General del Estado diseñar, instrumentar e impartir un programa de capacitación permanente para el personal directivo, técnico, administrativo y de custodia de la Comisaría, y que el titular de esa Fiscalía coadyuve en la presentación de la queja que la CNDH formule por las anomalías en la Comisaría.
Finalmente, evitar que en el Comisaría haya personas procesadas internas, y se informe de ello a esta Comisión Nacional, en un plazo no mayor a 9 meses, y se designe a un servidor público de alto nivel como enlace con la CNDH, para dar seguimiento a la recomendación.
