Los diputados de la LXIII Legislatura se opusieron a la iniciativa de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Citlalli Rodríguez, y del entonces diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jaime González de León, que proponía la transformación del Órgano Superior de Fiscalización en la Auditoría Superior del Estado, lo que incluiría mayores facultades para el nuevo organismo.

La votación del pleno se quedó a sólo dos votos de ser aprobada, debido a que se topó con los votos en contra de los tres diputados de Nueva Alianza, los dos del Partido Verde y el de la diputada panista Norma Zamora. Asimismo, hubo seis diputados del PAN y del PRD que se abstuvieron. Al tratarse de una reforma constitucional se requería una votación de dos terceras partes del Congreso Estatal, es decir, 18 votos.

Entre los principales cambios que contemplaba la iniciativa se encuentra la facultad de la Auditoría Superior del Estado para realizar el proceso de fiscalización en cualquier momento del año en caso de que se detecte alguna irregularidad en el manejo de los recursos de los sujetos obligados a las auditorías.

“La Auditoría Superior del Estado, con previa autorización de la Comisión de Vigilancia, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores”, señala la propuesta.

De igual forma, la diputada priísta complementó:

“Las auditorías en este momento se hacen de manera anual y la indicación nacional es que en el momento en el que se encuentre la sospecha de un posible acto de corrupción o que en cualquier momento que un ciudadano solicite información se la tienen que dar, no a través del portal de transparencia sino a través de los auditores que tendrán que ir a fiscalizar qué se está haciendo y cómo se está haciendo el uso del recurso”, afirmó.

Con la iniciativa se buscaba armonizar y sancionar cualquier acción de funcionarios públicos que pudiera representar un acto de corrupción o de malos manejos de los recursos públicos, agilizando el tiempo de análisis de las auditorías para después proceder jurídicamente, señaló la legisladora tricolor, quien lamentó la postura de los diputados que votaron en contra o se abstuvieron en la votación.

“Fue pura demagogia porque vienen y nos dicen que los corruptos vayan a la cárcel pero no son capaces de votar una iniciativa que les daría armas y que también es una obligación de los diputados locales homologar la Constitución del Estado con la federación”.

Asimismo, se facultaba a la Auditoría Superior del Estado para entregar al Congreso local un informe sobre la situación que guarden las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a los informes individuales de la auditoría, a más tardar el primer día hábil de los meses de mayo y noviembre de cada año.

En caso de no cumplir con la entrega de la información en tiempo y forma, las entidades fiscalizadas podrían hacerse acreedoras a sanciones, agrega la iniciativa.

Sin embargo, para los diputados que votaron en contra de la iniciativa como el caso del legislador de Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, la iniciativa para la transformación del Órgano Superior de Fiscalización en la Auditoría Superior del Estado podría atentar contra la autonomía de los ayuntamientos y de las contralorías internas, que son los organismos de control para la revisión y cumplimiento de las observaciones señaladas en las cuentas públicas.

“La contraloría municipal es la que revisa, es la que lleva el control de todo el patrimonio que tiene el municipio (…), el Órgano (Superior de Fiscalización) revisa y requiere las diferentes observaciones y regresa a la contraloría municipal, quien debe analizar que se solventen pero si no son solventadas después de su mandato, los alcaldes pueden ser requeridos junto con los funcionarios de primer y segundo nivel y se les puede detener por un periodo de hasta cinco años”, dijo.