La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), emitió un par de recomendaciones, una dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y la otra para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local.
Este lunes 14 de mayo la #CEDHNL emitió dos Recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, consulta los documentos aquí: https://t.co/b2AHOzfktQ pic.twitter.com/BucHtVPJen
— CEDH Nuevo León (@CEDHNL) May 15, 2018
La recomendación para la FGJE va dirigida a su actual titular, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, y es por una queja contra agentes de la policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Los hechos referidos ocurrieron el pasado 27 de septiembre de 2016 en el municipio de Santiago contra un hombre y una mujer acusados de robo a comercio los cuales fueron víctimas de detención arbitraria, violencia de género y tratos crueles y tortura.
La CEDHNL recomendó a la FGJE atención psicológica para las personas afectadas, determinar las responsabilidades administrativas correspondientes e informar a la Comisión y capacitar al personal en materia de tortura y protocolos de detención.
La recomendación dirigida a la SSP es para su titular Bernardo Jaime González Garza, contra de policías de Fuerza Civil de la misma corporación de seguridad estatal.
El 03 de octubre de 2016, un hombre en compañía de su hija menor en el municipio de Ciénega de Flores fue víctima de detención arbitraria y uso desproporcionado o indebido de la fuerza.
Por ello la CEDHNL solicitó a la SSP tratamiento médico y psicológico para el afectado, sanciones a los implicados y la implementación de protocolos para la debida detención.
En ambos casos la Comisión pidió a las entidades colaborar “en todo lo necesario con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dentro del proceso de acceso y aplicación del Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado de Nuevo León, previsto en la Ley de Víctimas del Estado”.
