Existen amplias posibilidades de que se apruebe en la actual legislatura la iniciativa presentada en la pasada sesión del Congreso del Estado para avalar la “muerte civil” de servidores públicos involucrados en actos de corrupción, así lo indicó el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Sánchez Nájera.
“Aún y cuando nos restan siete sesiones y que acaba de ser presentada, aquí hay un consenso muy amplio de los demás partidos políticos, la hemos trabajando en los últimos tres meses cuando la comenzábamos a dialogar”.
Como promotor de la iniciativa, que también suscribieron los diputados panistas Guillermo Alaníz y Gustavo Báez Leos, refirió que la propuesta de la muerte civil se ha trabajado durante los últimos tres meses, en los que se ha logrado un consenso importante con el resto de los partidos políticos.
“No me interesa que sea una iniciativa que únicamente levante la humareda sino que nos interesa dejar esto ya bien estructurado, que sea un avance jurídico”, indicó.
La “muerte civil” consiste en la pérdida de los derechos civiles de un individuo. En el tema político, se refiere a la inhabilitación definitiva para que funcionarios públicos ligados a hechos de corrupción vuelvan a ocupar un cargo en el servicio público.
Al respecto, Sánchez Nájera afirmó que la inhabilitación permanente del servicio público representaría un castigo ejemplar ya que en la actualidad, tal y como están las leyes, sólo se pueden aplicar inhabilitaciones temporales.
“Incluso a veces pasan más tiempo dentro de la cárcel que inhabilitados, alguien sale de la cárcel, en muchos de los casos por un año aunque sea por un solo delito de corrupción y se pueden reincorporar al servicio público, ahí es donde decimos que qué bien que cumplan con su pena corporal pero que ya no regresen al servicio público”.
Los alcances de la iniciativa de “muerte civil” no sólo serían para funcionarios públicos de primer nivel sino también para cargos medios o bajos e incluso empresas que participen en actos de corrupción, imposibilitándolas para participar en licitaciones o recibir contratos de cualquier nivel de gobierno.
“La corrupción también se da desde las ventanillas sino desde aquél que condiciona el ingreso en determinado trámite ante gobierno a cambio de una prebenda, también eso es corrupción y se debe de inhabilitar”.
Sin embargo el legislador del “sol azteca” reconoció que aún continúa pendiente de aprobarse una iniciativa que busca incluir el resarcimiento del daño en delitos ligados a actos de corrupción como peculado, cohecho o enriquecimiento ilícito, a fin de garantizar la recuperación de los recursos públicos.
“Es una iniciativa que, a título personal, presentamos para garantizar que en todos los delitos que son de corrupción, que nuestro tipo penal considera cerca de 10 delitos en los cuáles no está incluido el resarcimiento del daño, se puedan incluir como el cohecho, el enriquecimiento ilícito o la colusión de servidores públicos, que no estaban considerados”, puntualizó el diputado perredista.
