Las nuevas reglas para designar a quien será el Fiscal General de la República todavía no se aplican por primera vez y ya los candidatos presidenciales propusieron cambiarlas.

Ni siquiera ha importado que los partidos políticos de estos mismos candidatos fueron quienes aprobaron estas reglas en el Congreso. Tampoco que en solo dos años ya fueron modificadas dos veces por estas mismas organizaciones.

Las reglas para este nombramiento están definidas en el artículo 102 de la Constitución y su aprobación, en 2014, contó con el respaldo -en el Senado- de 102 senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista (PVEM). Hubo cinco votos en contra del Partido del Trabajo (Morena aún no existía como partido entonces). Entre los perredistas que votaron a favor están hoy militantes y candidatos de Morena, como Miguel Barbosa.

De acuerdo con la reforma de 2014, el Senado sería el responsable de integrar una lista de al menos 10 candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General. De esta lista, el Presidente de la República seleccionaría una terna que regresaría al Senado para que sea finalmente éste el que nombre al Fiscal.

Sin embargo, esta norma aún no es vigente porque se requiere de una declaratoria de entrada en vigor y de una Ley Orgánica para delimitar las facultades y funcionamiento de la Fiscalía. Por eso, el texto que actualmente tiene vigencia es el que dice que el Presidente de la República designará al Procurador General y este nombramiento será ratificado por el Senado.

Edgar Cortés, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, explicó que la reforma está “a medias”, pues aún falta darle autonomía y especialización para investigaciones complejas a la Fiscalía considerando la participación de la sociedad civil, y la delimitación de un procedimiento de selección y nombramiento del Fiscal General.

La demanda del colectivo Fiscalía que Sirva, una agrupación de más de 50 asociaciones civiles y organizaciones enfocadas al combate a la corrupción, es que un comité de expertos se encargue de elaborar la lista para enviarla al Senado y que de ésta surja la terna para enviarla al Presidente de la República.

Verificado 2018 consultó las propuestas públicas y a los equipos de campaña de los cinco candidatos presidenciales para saber cómo proponen que sea la designación del Fiscal General.

Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC) propone reformar el artículo 102, que es el que da las bases de las instituciones de procuración de justicia: “para que, quien la encabece sea una persona que cuente con sobrada solvencia moral, buena reputación, capacidad técnica e independencia”, se lee en sus propuestas.

Aunque Ricardo Anaya se ha manifestado a favor de la propuesta del colectivo Fiscalía que Sirva —sobre que el primer filtro de la que salgan los candidatos a la Fiscalía salga de un grupo de expertos—, en su plataforma no ofrece detalles sobre cómo sería la selección ni el nombramiento del Fiscal.

El equipo de Ricardo Anaya detalló que, además de la reforma al artículo 102, se garantizarían las fiscalías estatales autónomas e imparciales. Se reformaría el segundo párrafo del artículo 108 constitucional “para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil”.

Anaya Cortés dijo, durante el evento “Diálogo por la Paz y la Justicia”, que la coalición Por México al Frente surgió con el acuerdo de dar batalla contra el “fiscal carnal”.

José Antonio Meade

El candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y NA) envió un documento a Verificado 2018 para explicar su propuesta. Ahí propone “impulsar la construcción de una Fiscalía General de la República que goce de plena autonomía y cuya independencia sea garante de su fortaleza y de su eficacia”. Esta misma información aparece en la página de campaña.

Además, apuntó que valoraba “la labor y la propuesta realizada por más de 300 organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 102 constitucional y
en la cual es patente el deseo de ciudadanizar aún más el proceso de evaluación y selección del fiscal o fiscales especializados, así como de evitar que estos puedan ser cooptados, al término de su encargo, por intereses políticos”.

Al igual que Ricardo Anaya, Meade no ha especificado en su plataforma los detalles de cómo dotaría a la Fiscalía de autonomía. Su propuesta para combatir a la corrupción se centra en tres puntos: clasificar el patrimonio “mal habido” y regresarlo a la sociedad; aumentar las penas a funcionarios corruptos; y hacer obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.

En el encuentro “Diálogo por la Paz y la Justicia”, Meade se manifestó por tener un fiscal independiente y que su designación se realice antes de las elecciones.

Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), ha cambiado de opinión sobre este tema. En su proyecto de nación dice que propondría reformar el artículo 102 constitucional para “facultar al Presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación que el diverso 21 constitucional exige entre el ministerio público y las policías (a cargo, precisamente, del Poder Ejecutivo)”.

Sin embargo, durante su participación en “Diálogo por la Paz y la Justicia”, el candidato cambió su propuesta original para advertir que el Presidente nombraría a tres personas y sería el Congreso quien vote y elija al fiscal, quien dijo será una persona de “inobjetable honestidad”.

Margarita Zavala

En la plataforma de la candidata independiente Margarita Zavala se lee el compromiso de “un Fiscal General de la República independiente y libre de presiones de los actores políticos”. La propuesta dice que debe ser un abogado o abogada penalista, con amplio reconocimiento profesional, dotado de absoluta independencia, sin vínculos con los partidos políticos y surgido de una consulta amplia con especialistas y la sociedad.

En su cuenta de Twitter, Zavala Gómez del Campo también ha señalado: “Después de la elección propongo formar un gobierno de coalición con diversas fuerzas políticas que compartan una serie de objetivos prioritarios. En estas prioridades se incluirán (1) asegurar la independencia del Fiscal General y (2) promover la reforma al artículo 102”.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco

El último candidato en unirse a la boleta se ha pronunciado a favor del Fiscal General independiente; así lo hizo durante el evento “Diálogo por la Paz y la Justicia”, Rodríguez Calderón puso de ejemplo que en Nuevo León se creó una comisión para revisar la trayectoria de los nominados para enviar una lista al Congreso y que éste decidiera y nombrara al funcionario.

Sin embargo, dentro de las 30 propuestas del El Bronco no hay ninguna dedicada a este tema.

El equipo del candidato independiente expresó a Verificado 2018 que la propuesta en particular aún está en proceso.

La propuesta desde la sociedad civil

Edgar Cortés, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, detalla que la propuesta del colectivo es: “nombrar un comité ciudadano de expertos, que sea, en un momento dado, el que proponga una lista de candidatos de acuerdo con su conocimiento, experiencia y expertise en temas de combate a la delincuencia; que ellos sean los que hagan la evaluación, que hagan una especie de ranking de la mejor opción de Fiscal hacia abajo, y que a través del Senado este grupo envíe la lista al ejecutivo para que éste elija una terna, luego el Senado elegiría. Es decir: sería un mecanismo donde participa sociedad civil, poder ejecutivo y legislativo. También proponemos que haya dentro de la institución un consejo de expertos que acompañen al Fiscal en la conducción de la Fiscalía, y que tengan un papel entre consejo y evaluación de lo que se hace”.

A decir de Liliana Veloz, también integrante del colectivo, es muy importante la formación de esta institución ya que implica una deuda histórica con la sociedad para la impartición de justicia: “La Fiscalía Autónoma mejoraría el procedimiento de fincamiento de responsabilidad, además en temas corrupción: la designación del Fiscal es importante porque un Fiscal a modo no abonaría a la sustanciación de la investigación, se debe blindar esta designación de intereses y que no quede como se ha llamado en redes sociales ‘el Fiscal carnal’.

Para Cortés, además del nombramiento del Fiscal General es necesaria la revisión del conjunto de mecanismos que permiten construir la institución de la Fiscalía Autónoma.