Según informes, la violenta guerra contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, dejó decenas de niños muertos durante redadas policiales y ataques que además han causado la muerte de miles de personas.
La policía ha asesinado a más de 60 niños desde que Duterte lanzó la ofensiva contra presuntos narcotraficantes y consumidores en junio de 2016, según un informe publicado el lunes por Amnistía Internacional.
La policía está disparando a niños “a bocajarro mientras rogaban misericordia”, dijeron miembros de una familia en duelo a Amnistía. Un joven de 17 años cuyo compañero fue asesinado por las autoridades recordó haber sido despertado con un arma en la cabeza en medio de la noche y haber recibido órdenes de abandonar el lugar antes de escuchar gritos y tres disparos.
En uno de los incidentes más notorios, tres policías le dispararon a Kian Loyd delos Santos, de 17 años, durante una operación antidrogas en agosto. Los oficiales trataron de encubrir el asesinato al señalar que le dispararon en defensa propia, pero el video de un circuito cerrado exhibió cuando arrastraban lejos al adolescente antes de matarlo a tiros. Los filipinos protestaron por los asesinatos durante semanas y exigieron justicia.
Amnistía Internacional también acusa que el gobierno tortura y detiene a niños en condiciones “atroces”. El grupo hizo un llamado para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue crímenes contra la humanidad debido al creciente número de niños muertos.
“Es hora de que los mecanismos internacionales de justicia intervengan y terminen la matanza en las calles filipinas y llevar a los perpetradores ante la justicia”. La judicatura y la policía del país han demostrado que no están dispuestas ni son capaces de responsabilizar a los asesinos en la “guerra contra las drogas”, dijo James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el sudeste asiático y el Pacífico.
Duterte ganó la presidencia el año pasado con la promesa de eliminar las drogas y el crimen. Les dijo a los votantes que mataría a todos los vendedores y consumidores de drogas y arrojaría sus cuerpos a la bahía de Manila. Desde entonces, él y altos funcionarios han alentado abiertamente las ejecuciones extrajudiciales, lo que, según Gómez, los deja abiertos a la responsabilidad penal en virtud del derecho internacional.
“La responsabilidad no se limita a aquellos que tiran del gatillo, sino también a aquellos que ordenan o alientan asesinatos y otros crímenes contra la humanidad”, dijo Gómez.
Más de 7,000 personas han muerto en la guerra contra las drogas, pero la popularidad de Duterte continúa en Filipinas, en parte porque la mayoría de la población no se ve afectada por la represión, que en su mayoría se limita a los barrios céntricos.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
