Baja California ya baraja tres planes alternos para tener agua si las plantas desalinizadoras que quiere construir no superan el descontento político y social que las detiene.
El agua potable en la zona costa escasea, y las negociaciones del gobierno estatal por convencer de las bondades que traerían dos plantas desalinizadoras en el Pacífico, avanzan a cuentagotas.
Es cuestión de tiempo para que la sequía alcance a Tijuana y Rosarito, como ya sucedió con Ensenada, pero muchos investigadores no creen que sea tan pronto como lo dicen el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus técnicos.
Además el ejecutivo estatal panista se enfrenta a una sequía política.
Sus negociadores no persuaden a un congreso dividido sobre cómo quiere financiar las plantas el gobernador y ahora prepara tres opciones para que la región tenga agua en el futuro.
Menos convencen a la población, a pesar de los intentos de sectores privados por legitimar los proyectos con inserciones pagadas en medios.
Cada vez que los diputados quieren votar el acuerdo que permitiría al gobierno conseguir un crédito para las obras, el congreso se ve frustrado por una ciudadanía enardecida que lo toma.
El dictamen número 95 permite el crédito para seis obras de Asociación Público Privada, entre ellas las dos plantas desalinizadoras, una estaría en Rosarito y otra en San Quintín.
Ya pasaron 40 días y el congreso no puede votar.
“Al fin y al cabo quien nos va a juzgar es la historia”, dijo recientemente el gobernador a Newsweek, en alusión al congreso dividido en opiniones.
Hay otro grifo que también parece estar cerrándose para el gobierno estatal.
Se trata de sus negociaciones para exportar agua desalinizada a los Estados Unidos.
El gobierno quería vender agua al Distrito de Agua de Otay, la empresa que suministra a cientos de miles de californianos.
Aunque el gobierno de Baja California negaba lo documentado en la edición #14 de abril de este año, finalmente lo reconoció Carlo Bonfante Olachea.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico era el negociador de tarifas y calidad del agua con los norteamericanos.
Pero esta idea estaba más avanzada que las leyes mexicanas, y el negocio de la sequía se frustró…, por ahora.
El Distrito de Agua de Otay no ha sido notificado por el gobierno mexicano que las negociaciones ya cerraron.
El sur de California también sufre los mismos embates hidrológicos que Baja California.
Los dos estados se alimentan del Río Colorado, que nace en el estado de Colorado y desemboca en el mar de Cortez, por Mexicali.
“Las soluciones de nosotros, serían las soluciones de ellos”, dice Miguel Lemus, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, (CESPT).
Pero la solución con desalinizadoras como las plantea el gobernador, parece cada vez más lejana.
Por eso los técnicos del gobierno le acercan al gobernador alternativas que le permitan dejar a un estado con agua que se pueda beber.
La CESPT, organismo que suministra el líquido a Tijuana y Playas de Rosarito, tiene avanzado un “Plan de saneamiento” con el que podrían suplir el claroscuro proyecto de la planta desalinizadora de Rosarito.
Con este plan, la CESPT trataría el agua usada de toda la ciudad y la inyectaría en el subsuelo.
“Ya utilicé el agua, ya la traté. En vez de arrojarla al Océano Pacífico, construir infraestructura y meterla a los mantos acuíferos”, dice Miguel Lemus.
“Nada más que es un esquema muy caro”, añade el arquitecto. Calcula que necesitan invertir más de 5 mil millones de pesos en infraestructura. Y a eso hay que sumarle costos de operación.
Pero ese costo es la mitad del que demanda la desalinizadora de Rosarito.
La construcción de la planta costará 10 mil millones de pesos, que el gobierno pagará en 444 mensualidades.
El segundo plan que tiene en la mira el gobierno del estado no exige desembolso, pero deja un alto costo político: esperar que termine el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid para reactivar la construcción de las plantas desalinizadoras en tiempos menos convulsionados.
“Mi recomendación al gobernador es dejar congeladas las plantas por dos años”, dice Manuel Guevara Morales, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE).
Guevara Morales es el estratega técnico detrás de los proyectos de Asociación Público Privado y el funcionario que explica a medios y grupos empresariales los proyectos de infraestructura de gran calado.
La idea del ingeniero Guevara es no rescindir los contratos APP de las plantas desalinizadoras.
Más bien plantea que se negocie el tiempo de espera con los empresarios y se retomen las conversaciones con otro gobierno. Con uno menos conflictuado.
Aunque cada vez hay menos agua y más población, el gobierno del estado no convence sobre los beneficios que dejarían las plantas desalinizadoras.
Para que la construcción de las plantas inicie, el gobierno debe pagar a las empresas contratadas tres meses de pago que con impuestos suman poco más de 558 millones de pesos.
Y para que eso pase, el congreso debe autorizar el endeudamiento.
Pero agrupaciones civiles encabezadas por Mexicali Resiste, un grupo que el gobernador acusa de “quejarse de todo y no proponer nada”, se oponen.
El tercer plan podría ser el más barato, pero también el más lento de los tres. Se trata de redistribuir el agua que recibimos del río Colorado.
Baja California ya negocia con el gobierno federal los derechos de agua que provienen del Río Colorado, pues el 83% del líquido se queda en el campo de Mexicali, pero la demanda de agua se concentra en las ciudades.
El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Carlos de la Parra, cuestiona por qué si la mayoría del agua del río se queda en el campo, no se invirtió primero en tecnificar al Distrito de Riego, antes de construir plantas desalinizadoras.
“La planta desaladora de Rosarito va a producir agua mucho más costosa que tecnificar los canales. Si quisieras realmente eficientar y tener ganancias, hubieras invertido primero allá y luego empezamos a desalar agua del mar”, dice el profesor.
El investigador opina que Baja California no es sostenible por la distribución de los derechos del agua que tiene, y reconoce que la CESPT hace lo necesario para proveernos de agua.
“Es un milagro que tengamos agua”, dice.
Desde 1973 la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) asignó 83 millones de metros cúbicos de agua al año para Tijuana, pero hace tiempo que consume más de 120 millones anuales.
El resto, la CESPT lo compra a productores del valle de Mexicali que tienen derechos de agua, recibe un subsidio de Mexicali y también toma el líquido que le corresponde a Ensenada, como se revela en el reportaje “El negocio de la sequía”, en la edición #1 de Newsweek en Español Baja California.
“Le hemos pedido al gobierno federal que nos actualice esos volúmenes de agua. Que ahora en vez de tener la asignación de 83 millones de metros cúbicos de agua [en Tijuana], que nos incremente la dotación. Nos acaba de informar hace mes y medio Alejandro Cervantes de la Conagua, que estarán en posibilidades de empezar a revisar esos ajustes este año”, menciona el director de la CESPT.
Será una negociación lenta, porque en la nación la sequía no es un tema prioritario, y sólo entidades como Sonora y Baja California necesitan redistribuir los derechos de agua, dice Lemus Zendejas.
“Si el gobierno federal implementa una acción en Baja California a través de reasignación de volúmenes de agua, tiene que hacerlo en toda la República, y para gobierno federal no es tanta prioridad”, afirma el arquitecto.
Los agricultores que poseen estos derechos de volúmenes de agua tampoco cederían fácilmente.
Pero Lemus asegura que si esta negociación avanza y la Conagua entrega más agua para las ciudades, se enfrentarán a un problema viejo: ¿Cómo trasladar el agua desde Mexicali a Tijuana?
El acueducto Río Colorado-Tijuana es el tubo azul de casi 70 kilómetros que atraviesa la imponente Rumorosa de la Sierra de Juárez.
Felipe Calderón y José Guadalupe Osuna Millán, sonreían durante la inauguración de la ampliación del acueducto que hoy entrega agua a toda la costa de Baja California.
El entonces presidente de México y el gobernador en turno de Baja California cortaban en Mexicali el listón del único acueducto que suministra agua a más de dos millones de habitantes.
Aquel agosto de 2011, decían que con la inversión de 1,340 millones de pesos se resolvería el abasto de agua para esta parte desértica por los próximos 20 años.
Pero cinco años después el discurso cambió y el ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid dice que el acueducto está a punto de llegar a su límite.
Aunque otros calculan distinto.
“El acueducto con una capacidad nominal de 5.3 m3 por segundo, sin duda puede soportar el incremento de demanda de la zona Costa por al menos 7 años más y optimizando su operación, 14 años”, apunta Miguel Ávila Niebla, ex titular de la Comisión Estatal del Agua durante la administración de Osuna Millán.
Vega de Lamadrid dice que el acueducto actualmente entrega 4.7 m3 por segundo.
“Si no hacemos algo ahorita nos vamos a arrepentir porque no va a haber suficiente agua ni siquiera para que llegue a nuestros hogares”, dice el gobernador.
“Kiko” Vega insiste que urgen plantas desalinizadoras para la costa de Baja California, y que la única forma de construirlas y operarlas, es asociándose con empresas privadas.
Una de las plantas desalinizadoras que el gobierno de Vega quiere se ubicaría en Playas de Rosarito, a unos 40 kilómetro de la frontera, y sólo su construcción le costaría más de 10 mil 500 millones de pesos, con Impuesto al Valor Agregado incluido.
El contrato de la planta asienta que el gobierno tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua…, durante los próximos 37 años.
El gobierno dice que el anteproyecto desalinizador será la planta más grande de América Latina, que producirá 4.4 m3 de agua por segundo.
La empresa que ganó este multimillonario contrato para desalinizar agua del Océano Pacífico es un consorcio transnacional con sede en las Islas Caimán que tiene su filial en Tijuana.
Y si usted creía que con el megacontrato la CESPT compraría agua a mejor precio que ahora, respire hondo.
Le costará más del doble.
Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V., venderá el metro cúbico de agua en 15.43 pesos durante la primera etapa de operaciones, que concluye tentativamente en 2020.
A la CESPT le cuesta 7.61 pesos la conducción y potabilización de un metro cúbico del acueducto Río Colorado, aunque su costo varía en función a la energía eléctrica necesaria para bombearla.
Con este nuevo contrato, la CESPT pagará 7.88 pesos más por cada metro cúbico desalinizado durante la primera etapa.
En la segunda etapa de la desalinizadora, la CESPT comprará el agua en 11.71 pesos, lo que significará todavía un incremento del 35%.
Pero Manuel Guevara, titular de la SIDUE, tiene otro cálculo.
Dice que a la CESPT le cuesta 16.60 pesos conducir y potabilizar el agua. “Casi igual a la desaladora, o un poco menos”, compara el ingeniero.
La discrepancia de datos entre los funcionarios que más saben de la desalinizadora es sólo uno de los problemas que le abonan incertidumbre a la iniciativa.
Manuel Guevara calcula que un escenario posible es que la empresa Aguas de Rosarito, venda a menor precio el agua, si consigue una tarifa de energía eléctrica más económica.
El usuario de vivienda paga 16.60 por cada metro cúbico de agua que consume, pero este lleva un subsidio de casi 5 pesos financiados por las tarifas del sector industrial.
Hace nueve años que no hay aumento a las tarifas de agua, dice Lemus.
Con aquella fórmula indexada en la ley abrogada, las tarifas estaban sujetas a aumentos e inflaciones y no al criterio legislativo.
“Si aumentaba la gasolina, la tarifa se ajustaba sola”, dice Lemus. El plan era que hubiera ajustes mensuales, semestrales o anuales.
Pero la CESPT no ha quitado el dedo del renglón, y Lemus confirma que pidió a sus superiores considerar esta fórmula para regular el precio de los servicios de agua.
“Si no es en un nuevo ordenamiento, que se actualice en la ley”, dice el titular de la CESPT.
Con todo y el incremento en las tarifas, la planta desalinizadora se enfrenta a la aversión ciudadana a su contrato.
El gobierno está obligado a comprar 5 mil millones de metros cúbicos de agua.
“Hemos sido malos en comunicarlo correctamente”, reconoce el ingeniero Manuel Guevara Morales, titular de la SIDUE.
El discurso de algunos diputados es que el estado necesita un megacrédito por 77 mil millones de pesos para cumplir con el contrato, pero la iniciativa del gobernador en realidad sólo pide un crédito por 519 millones de pesos, que equivalen a tres meses de compra de agua, con impuestos.
El resto del pago por la compra de agua, dice el contrato firmado, se pagará de los dineros que recaude la CESPT como pago a sus servicios.
Aunque esto implica que el gobierno del estado estará obligado a pagarle a la empresa usando el dinero recaudado por el Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal, si la CESPT cae en problemas de liquidez.
Por eso el gobierno estatal funge como un “deudor solidario” de la CESPT.
Otro problema al que se enfrenta el proyecto es que inicialmente planeaba vender agua a los Estados Unidos, pero ahora los propios negociadores del gobierno estatal y de la empresa, reculan.
“Era un sueño guajiro, la verdad”, dice Rubén Sánchez, director del proyecto de desalinización.
Rubén Sánchez es un alto funcionario de Aguas de Rosarito, la empresa que firmó el contrato con el gobierno.
NSC Agua, es filial de la transnacional Consolidated Water y socia en Aguas de Rosarito.
Esta empresa negoció durante años con un cliente de los Estados Unidos para exportar agua desalinizada de esa planta financiada con capital público.
Pero después de manifestaciones ciudadanas a inicios de este año contra el incremento a las gasolinas y el incremento al costo del servicio del agua, la empresa y el gobierno cambiaron de actitud.
NSC Agua reconoce que quería exportar agua pero que en 2015 la Conagua les informó que no se podía porque el agua es un bien nacional y no privado.
Ahora dicen que el proyecto se adaptó para entregar toda el agua al gobierno de Baja California.
El problema es que tuvieron que pasar esas manifestaciones ciudadanas en Baja California y tres años de silencio para que la empresa dijera públicamente que no exportaría agua.
“Queríamos exportar el 30% de lo que no se requiriera en Baja California”, reconoce Rubén Sánchez, director del proyecto.
El Manifiesto de Impacto Ambiental que aprobó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2015 obtenido por este reportero, comprueba la pretensión que tenía la empresa por exportar agua de mar de la planta desalinizadora.
También NSC Agua había solicitado a la Semarnat la revisión de un acueducto que terminaría pegado al cerco fronterizo de California, Estados Unidos, por el que exportarían el agua desalinizada.
Pero ese proyecto transfronterizo la Semarnat lo rechazó por irregularidades en el trámite.
“Ya no lo seguimos porque fue cuando nos dijeron que ya no iba a caminar”, admite Rubén Sánchez.
Newsweek en Español Baja California reveló en abril de este año este plan para exportar agua, pero todas las entidades involucradas lo negaron.
Hasta ahora.
Otro que negoció con la empresa Distrito de Agua de Otay que provee agua a cerca de 225 mil usuarios del sur de California, es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California, Carlo Bonfante, funcionario del círculo cercano al gobernador.
“El Gerente General continuó reuniéndose con Carlo Bonfante, Secretario de Desarrollo Económico de Baja California, como persona clave para el gobernador de Baja California en el proyecto de desalinización. Las conversaciones se han enfocado en entregas directas e indirectas, vía el Río Colorado; otros temas han sido el precio y los requerimientos de calidad del agua”, dice una minuta del Distrito de Agua de Otay fechada en octubre de 2015.
Carlo Bonfante primero negó ser parte de estas negociaciones, pero cuando se le mostró el documento oficial en entrevista, reculó.
—¿Qué le respondieron a esa petición?, se le pregunta después de que este reportero le leyó el documento en voz alta.
—Que no teníamos condiciones de tener agua excedente. Que no teníamos una excedencia de agua que pudiéramos en un momento dado fijar para solucionar problema de San Diego. Ellos nos respondieron que ya tenían un abasto suficiente con [la planta desalinizadora de] Carlsbad.
Pero en el lado norteamericano, los planes para comprar el agua de México no se han detenido.
En mayo de este año, el Departamento de Estado otorgó el permiso presidencial que abre las puertas al Distrito de Agua de Otay para “construir, conectar, operar y mantener instalaciones de tubería transfronteriza para la importación de agua desalinizada”, especifica el permiso firmado por el presidente Donald Trump.
De manera tentativa, se habla de que si todo avanza conforme al plan, la construcción iniciaría en 2022.
La entidad estima que la planta de Rosarito podría proveer hasta dos terceras partes de la demanda de agua en su jurisdicción para 2024.
El Distrito de Agua de Otay anticipa que para 2050, tendrá unos 308 mil usuarios.
Para poner en contexto, la CESPT tiene actualmente 630 mil cuentas de agua en Tijuana y Rosarito.
El entendido de Otay es que ellos formarían parte del proyecto hasta su segunda fase en 2024, tiempo en el que cree, la planta podría entregar 50 millones de galones diarios adicionales, de los cuales “entre un 10 y 30%” estarían disponible para el Distrito, según un comunicado de prensa.
El permiso presidencial en Estados Unidos es apenas uno de varios pasos a seguir.
Actualmente, el Distrito espera un estudio por parte de la Junta de Control de Recursos de Agua de California para garantizar que el agua importada cumplirá con los mismos estándares de agua potable que tiene San Diego.
Y es que en el vecino condado dicen no tener conocimiento de que las negociaciones hayan parado, como señala Carlo Bonfante, titular de la Sedeco.
Si bien, reconocen que no ha habido diálogo “en meses” con autoridades bajacalifornianas, aseguran que nadie les ha notificado formalmente que el plan ya no está sobre la mesa.
Incluso, se solicitó una segunda entrevista con directivos del Distrito, y la respuesta fue que nada había cambiado en comparación a la primera.
Por ahora, Otay dice que esperará a que la planta inicie operaciones en México para que ambas partes hagan sus respectivas evaluaciones.
Otay ve en México una fuente adicional que les permitiría reducir su dependencia del agua del Río Colorado o del río San Joaquín.
Aún así, la decisión final dependería del costo del agua, subraya Mark Robak, presidente de la Junta Directiva del Distrito de Agua de Otay.
Si México fija un precio muy alto para entregar el agua hasta la frontera, Otay analizaría otras opciones.
“El desarrollador del proyecto ha dado al gobierno mexicano un precio por la segunda fase del proyecto, que es entregar agua a Tijuana, pero eso no es necesariamente el costo de entrega de Tijuana a la frontera”, explica Robak.
El costo del agua importada desde el sur de la frontera debería ser más bajo en comparación con el agua desalinizada de la planta de Carlsbad o el agua reciclada en San Diego porque la mano de obra y la energía eléctrica en México son más económicas.
“Yo estoy seguro que es significativamente más barata [el agua] de la que pudiera tener aquí [en San Diego]”, refiere Óscar Romo, catedrático de la Universidad de California San Diego (UCSD).
“Al fin y al cabo quien nos va a juzgar es la historia”, dijo recientemente el gobernador a Newsweek, en alusión al congreso que no ha votado el decreto que permite el endeudamiento necesario para iniciar la construcción de la desalinizadora. FOTO: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA
Lo que es un hecho es que demanda por el agua hay y seguirá habiendo en 2024.
Incluso, podríamos estar hablando de otra “gran sequía”.
Tijuana va a seguir creciendo y una limitante podría ser la capacidad para dotar de agua a la población.
Por ende, el catedrático considera que no se debería dar el lujo de vender el vital líquido, dado que la prioridad debe ser el suministro de la población.
“El que vende agua hace enormes fortunas porque paga muy poco por el agua”, resalta. “En México la fórmula es muy diferente, pero aquí en Estados Unidos el costo del agua es alrededor de menos de un centavo de dólar por galón, pero si tu vas al supermercado y compras un galón de agua embotellada pagas un dólar si es barata”, estima.
“De manera que si ellos pagan una vigésima parte de un centavo y la venden en un dólar, sus ganancias son astronómicas y eso está trayendo a muchos inversionistas para comercializar el agua”, apunta Romo.
“Es un negocio redondo muy fácil y que tiene una enorme demanda y en el futuro va a tener todavía más”, agrega.
En esto coincide el ex senador por el Movimiento de Regeneración Nacional, Jaime Bonilla, otro de los promotores de la exportación de agua desde la planta desalinizadora.
Bonilla fue gerente general del Distrito de Agua en Otay, que es el mismo cliente interesado en comprar el agua desalinizada de Baja California.
—¿No sería eso la privatización de un recurso?, se le pregunta.
—No. Es que venderían el exceso. O sea, se les permite hacer eso y también es un ingreso para el estado. Voy a filtrar 100 millones de galones de agua de los cuales se quedan aquí 40. Estados Unidos quiere 10. Bueno, pues se los vendes. Pagan al estado sus impuestos y detonan la economía. Primero es México, y luego después lo que sobre.
—De hecho en el Manifiesto de Impacto Ambiental del proyecto se especifica como lo está diciendo usted.
—Pero el gobernador hizo otra negociación: por eso la gente está enojada, porque él cambió la fórmula. Kiko está cambiando todo para que sea otra proforma, pero esa no era la original.
—¿El plan es distinto ahora?
—Sí. El gobernador ahora está cambiando la proforma para que sea mucho más favorable, pero para él. Porque acaba de firmar un contrato por miles de millones, quién saber por cuantos años, que no estaba en el trato original.
—¿De qué trato habla?
—Hablo de que esta empresa que está comercializando le está garantizando la compra de agua. El gobierno del estado no puede garantizar la compra del agua…
—¿Consolidated Water?
—Consolidated. Él les está garantizando la compra y esa no era la proforma original. La empresa le garantiza al estado tanta agua, pero el estado no le puede garantizar que le compra tanta agua. Cambió para defender los intereses de los inversionistas. El gobernador tiene siempre su cachucha de negociador, y no está viendo por su comunidad.
—Leí en una minuta del Distrito de Agua de Otay en donde se acuerda en 2014 que usted iba a ayudar en la gestión de una reunión con el gobernador.
—Si, era con Guadalupe Osuna Millán.
—Era con Vega de Lamadrid.
—Yo ya estaba fuera del Distrito.
—La minuta dice que el diputado Bonilla junto con Héctor Mares ayudarán al Distrito a conseguir una reunión con el gobernador para el 10 de octubre del 2014, ¿Qué pasó con esa reunión?
—Yo estaba en el congreso, no se quien la agendó, no tiene nada que ver conmigo.
—Está en la minuta del Distrito de Agua de Otay.
—Si ellos la agendaron, buscaban que los ayudara entonces, pero nunca me lo pidieron.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), coincide en que el proyecto original era distinto.
Roberto Espinoza, representante de la CILA dice que la planta original no es como lo trazó ahora el gobierno de Baja California.
La CILA es una cancillería que tiene su contraparte en los Estados Unidos y se encarga de coordinar proyectos que atraviesan las fronteras y supervisan que se respeten los acuerdos binacionales.
—El proyecto era enteramente público, ¿es correcto?, se le pregunta a Espinoza.
—Enteramente público. Se estaba contemplando, y vaya, ni siquiera era un estudio definido. Era un estudio de factibilidad. Ellos tenían necesidades. Nosotros de este lado teníamos otras. Entonces se estudió la posibilidad de conjuntar un proyecto que pudiera bajar los costos de ejecución mediante la aplicación de combinar necesidades. La economía de escala se podría aprovechar si entrábamos los dos en un proyecto en común. Sin embargo, pues eso quedó hasta un estudio y luego fue retomada la iniciativa por el gobierno del estado [de Baja California]. Y ellos ya lo desarrollaron de otra manera. Ahorita estamos un poco desconectados de cómo ha sido la evolución.
—¿Cuándo cambió de ser un proyecto público a tener la participación de la iniciativa privada?
—Eso habría que preguntarle a las partes porque nosotros dejamos el estudio binacional de gobierno a gobierno, hasta la etapa de factibilidad.
—¿En qué año?
—2010-2011. De hecho la empresa había estado trabajando en paralelo. Ellos desarrollaron su propia iniciativa privada y cuando se dieron cuenta que había necesidades de agua de un lado y otro, ellos intervinieron.
Esta fue la versión de la CILA.
Si bien este proyecto de desalinización permitiría que la vida floreciera en la región y con ello un desarrollo económico, parecería que el problema es el cómo y no el qué.
Otra vez el académico Carlos de la Parra: “necesitamos hacer las cosa bien desde abajo y empezar a regular el derecho del agua( …) pero tiene que haber muchísima transparencia y claridad”.
Algo que no siempre está dispuesto a hacer el gobierno del estado.
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Alexandra Mendoza colaboró para este reportaje con entrevistas en San Diego.
