El Departamento de Estado de Estados Unidos planteó en su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo cómo la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial son dos de los grandes problemas graves que enfrenta el país.
El reporte, elaborado durante la administración de Barack Obama, pero publicado este viernes por el gobierno de Donald Trump, señala además que los problemas más importantes relacionados con los derechos humanos en México incluyen “la participación de la policía y los militares en abusos graves, como los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones”.
El documento alerta también que grupos criminales mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos refirió que persisten las malas condiciones carcelarias; los arrestos y detenciones arbitrarias; la intimidación y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; la violencia contra los migrantes; la violencia contra las mujeres; la violencia doméstica; el abuso de personas con discapacidades; las amenazas y violencia contra algunos miembros de la población indígena; las amenazas contra lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); la trata de personas; y el trabajo infantil, incluido el trabajo forzoso de los niños.
El gobierno estadounidenses señaló en su análisis que la impunidad por los abusos contra los derechos humanos seguía siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento por todas las formas de delitos.
El Departamento de Estado hizo un recuento sobre las investigaciones en torno a casos emblemáticos en el marco de los derechos humanos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Iguala, Guerrero; la presunta ejecución arbitraria de civiles en Tanhuato, Michoacán y en Tlatlaya, Estado de México.
Asimismo se refirió al tema de corrupción gubernamental, indicando que hubo numerosos informes durante el año como fue el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y las investigaciones que se siguen a los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte; Nuevo León, Rodrigo Medina; Sonora, Guillermo Padres; y de Quintana Roo, Roberto Borge.
El Departamento de Estado también consignó las denuncias penales presentadas en agosto de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de 14 gobiernos estatales por simular reintegros por más de 8 mil millones de pesos.
