La promesa de Donald Trump de llevar a cabo la mayor operación contra la migración en la historia de Estados Unidos disparó la demanda de espacios destinados a detener a miles de personas. Para algunos, esto abre una oportunidad económica; para otros, supone una tragedia humanitaria.
Esta tensión ha adquirido un carácter existencial en California City, una ciudad empobrecida del estado de California, donde se prevé la apertura del centro de detención de migrantes más grande del país.
“La mayoría de los residentes expresa una opinión favorable; reconocen el impacto económico”, declaró el alcalde de California City, Marquette Hawkins.
CoreCivic, una de las principales empresas del sector y propietaria del complejo, afirma que el centro —actualmente en una etapa inicial— podría crear alrededor de 500 empleos y aportar más de dos millones de dólares en ingresos fiscales para la ciudad.
“Muchos de nuestros residentes ya fueron contratados para trabajar en esas instalaciones. Cualquier fuente de ingreso que venga a apoyar a la ciudad en su reconstrucción, será vista positivamente”, dijo Hawkins.
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Pero para algunos, el precio a pagar es muy alto: “Sé que tenemos inseguridad alimenticia aquí, la gente tiene que viajar horas para trabajar, y sienten que esto les va a ayudar, sin entender que es la forma más inhumana de tener un trabajo”, aseguró Inishia White, de la Fundación Dolores Huerta.
“ES UN INTENTO DESESPERADO DE ESCONDER EL ABUSO QUE HAY DETRÁS DE ESTAS PAREDES”
Con la arremetida antimigración de Trump ensañada en el bastión pro-migración de California, el número de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó en junio el récord de más de 60.000, la mayoría sin convicciones criminales, de acuerdo con cifras oficiales.
Más del 80 por ciento de los detenidos está en instalaciones administradas por el sector privado bajo contrato con ICE, expone el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse.
Y con las directrices de Washington de triplicar el promedio de arrestos diarios, más la aprobación de 45,000 millones de dólares que una ley contempla para nuevos centros en los próximos cuatro años, el sector visualiza un boom sin precedentes.
“Nunca en 42 años de historia en esta compañía hemos tenido tanta actividad y demanda por nuestros servicios como ahora”, dijo en mayo en una llamada con inversionistas Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic. Cuando Trump asumió en enero, 107 centros estaban operativos. La cifra ronda ahora los 200. Ya políticos demócratas cuestionan esta expansión.
“Las compañías que manejan prisiones privadas están lucrando con el sufrimiento humano”, comentó la congresista Norma Torres a las puertas de un centro de detención en Adelanto, ciudad en el sur de California, en donde a comienzos de año había tres personas. Seis meses después, alberga a cientos de detenidos.
Torres intentó visitar las instalaciones administradas por el también privado GEO Group, pero argumentó que se le impidió la entrada por falta de un preaviso de siete días. “Es peligroso, ilegal y un intento desesperado de esconder el abuso que hay detrás de estas paredes”, apuntó Torres.
“Hemos escuchado las horribles historias de detenidos arrestados violentamente, con cuidados médicos básicos denegados, aislados por días y heridos, sin tratamiento”, agregó.
“Esto es una bomba de tiempo. Las necesidades básicas y humanas no están siendo provistas”, dijo Kristen Hunsberger, abogada del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes.
LA REALIDAD DE LOS CENTROS MIGRATORIOS EN ESTADOS UNIDOS
Hunsberger, que pasa horas en la carretera yendo de un centro a otro para localizar a sus clientes, señala además que a muchos se les ha bloqueado el acceso a asesoría jurídica, un derecho constitucional en Estados Unidos. El gobierno y las corporaciones privadas niegan acusaciones de malos tratos.
“Las afirmaciones de que hay hacinamiento o condiciones precarias en las instalaciones del ICE son categóricamente falsas. Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, tratamiento médico y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados”, planteó en un comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional.
Pero algunos familiares de los detenidos a las puertas de los centros difieren. La estadounidense Alejandra Morales señaló que su esposo estuvo cinco días detenido en Los Ángeles sin comunicación, hasta que fue trasladado a Adelanto.
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En el centro de Los Ángeles, dijo Morales, “no los dejan ni lavarse los dientes, no los dejan bañarse, nada. Los tienen a todos durmiendo en el piso, en una celda, todos juntos”.
Morales sostuvo que “mucha gente está firmando su deportación, porque no tienen familia o no han tenido como comunicarse con su familia”. Hunsberger indicó que para los detenidos y sus familiares, el tratamiento parece deliberado.
“Están empezando a sentir que se trata de una estrategia para agotar a las personas, mantenerlas en condiciones inhumanas y luego presionarlas para que firmen algo en lo que podrían aceptar ser deportadas”, concluyó. N
(Con información de agencias)
