La secretaria de la Honestidad, Arcelia González González, reconoció que, aunque actualmente se investigan las quejas por acoso y hostigamiento sexual o laboral en dependencias públicas, existe un vacío legal que limita la sanción de estas conductas a nivel estatal.

“Hay todavía pendiente una reforma a nivel federal, aunque tenemos nuestra ley local, también es importante decir que falta una modificación que pudiera reforzar el tema de hostigamiento y acoso, porque no está contemplado”, explicó la funcionaria.

Actualmente, los casos se atienden conforme al Código de Ética de la administración pública. Cuando hay elementos suficientes, los casos pueden canalizarse al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía, si derivan en responsabilidad penal.

“Cuando hay un tema de hostigamiento y/o acoso laboral o sexual, se inicia un procedimiento jurídico… si hay datos se continúa; si no, se archiva”, puntualizó González.

La titular de la Secretaría señaló que no se cuenta con un registro desglosado por municipio o dependencia, ya que la clasificación se hace con base en la conducta denunciada.

“Les mentiría si les digo un municipio en concreto… lo que tenemos es el dato de la conducta, no del municipio o la dependencia”, indicó.

Además de los casos relacionados con violencia laboral o sexual, la Secretaría recibe denuncias sobre otras irregularidades administrativas, como negligencia, falta de atención oportuna y uso inadecuado de recursos públicos.

“Tenemos una amplia gama de oportunidades, para no decirlo de otra manera, que incluyen desde temas de ambiente laboral hasta ejecución irregular del gasto público”, dijo.

En los casos graves, se inicia un procedimiento legal, con derecho a defensa y presentación de pruebas, para determinar la responsabilidad correspondiente.
Vigilancia a todas las dependencias del Ejecutivo estatal.

Arcelia González recordó que la Secretaría de la Honestidad forma parte del Poder Ejecutivo y tiene injerencia en todas las secretarías y dependencias estatales, sin excepción, lo que garantiza una vigilancia transversal.

“Nos tocan efectivamente todas las secretarías y todas las dependencias”, afirmó.

La funcionaria enfatizó que una parte clave de la estrategia anticorrupción del estado es la prevención y formación continua del personal público. En ese sentido, Guanajuato será sede, en agosto, de un encuentro nacional de contralores, con participación de representantes de todo el país.

“Estamos comprometidos con formar servidores públicos capacitados. Guanajuato coordina la zona centro-occidente a nivel nacional en temas de combate a la corrupción”, apuntó.

Finalmente, subrayó que sancionar una conducta corrupta significa que hubo una omisión previa en el proceso, por lo que el enfoque actual es acompañar desde el inicio hasta el final para evitar irregularidades.

“Una vez que sancionamos una conducta, quiere decir que dejamos pasar en el proceso algún detalle que era importante prevenir”, concluyó.