En México, la violencia es una constante que atraviesa geografías, edades, géneros y condiciones sociales. Pero hay un grupo poblacional que permanece sistemáticamente invisibilidad dentro de las estadísticas y las políticas públicas: las personas con discapacidad. Lejos de estar protegidas, enfrentan un riesgo mayor de ser víctimas de violencia en todas sus formas, tanto en espacios públicos como privados, sin que ello provoque una reacción proporcional del Estado.
Una realidad brutal y silenciosa
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, las personas con discapacidad tienen entre 1.5 y 4 veces más probabilidades de sufrir violencia física, sexual o emocional en comparación con la población general (OMS, 2011). Esta realidad se acentúa en contextos donde impera la impunidad, como en México.
El INEGI, en su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), reveló que el 48% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, frente al 42% de mujeres sin discapacidad.
A su vez, el Estudio sobre la Violencia hacia las Personas con Discapacidad en México realizado por Human Light Watch (2020), documenta que las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual enfrentan riesgos particularmente altos de abuso sexual y violencia institucional. Un caso que refleja la desprotección institucional es el de las personas con discapacidad recluidas en la Casa Hogar Esperanza en ciudad de México, documentado por la CNDH en su Recomendación 41/2019. En ese centro se registraron múltiples casos de violencia física, abusos sexuales y condiciones de reclusión degradantes contra personas con discapacidad intelectual, sin supervisión efectiva del DIF local. A pesar de la evidencia, el lugar continuó operando por años bajo condiciones inhumanas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación General 39/2023, alertó sobre las múltiples formas de violencia institucional que viven las personas con discapacidad en México, incluyendo negligencia en hospitales, malos tratos en albergues y reclusión involuntaria en centros psiquiátricos sin evaluaciones individuales ni consentimiento informado.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en sus observaciones finales a México en 2014, urgió al Estado mexicano a “erradicar todas las formas de violencia contra personas con discapacidad, en especial las mujeres, niños y niñas, y personas en instituciones.” En 2022, reiteró su preocupación por la ausencia de datos desagregados sobre violencia hacia esta población, lo cual impide una intervención adecuada.
Los espacios familiares y de cuidado, que idealmente deberían ser entornos seguros, con frecuencia son escenarios de violencia para las personas con discapacidad. El Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha identificado que la violencia ejercida por cuidadores, tutores o familiares se encuentra entre las más comunes, y también las más silenciadas.
En 2019, un estudio de la UNAM y el DIF Nacional identificó que más del 60% de las agresiones contra niñas y niños con discapacidad ocurren dentro del hogar, y muchas veces no se denuncian por temor a perder el apoyo económico o por falta de mecanismos accesibles de denuncia.
Las recomendaciones internacionales son claras. El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado a México a:
Adoptar mecanismos de denuncia accesibles, incluyendo en lenguas indígenas, lengua de señas y formatos de lectura fácil.
Implementar campañas públicas de prevención de la violencia con enfoque de derechos humanos y accesibilidad.
Desinstitucionalizar a personas con discapacidad que aún viven en entornos de encierro, donde son particularmente vulnerables a abusos.
Formar a policías, fiscales y jueces en temas de discapacidad y derechos humanos para erradicar la re victimización.
A nivel nacional, la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM ha comenzado a integrar el enfoque de discapacidad en algunos programas de atención a víctimas de violencia de género, pero de forma todavía fragmentada y sin indicadores de impacto.
La violencia hacia las personas con discapacidad en México no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural sostenido por el capacitismo, la impunidad y la negligencia institucional. El silencio no es neutral: perpetúa el daño. Urge construir una política pública integral con enfoque interseccional y de derechos humanos que no sólo prevenga la violencia, sino que también garantice justicia, reparación y no repetición.
Porque mientras la violencia siga siendo la norma y no la excepción para quienes viven con una discapacidad, nuestra democracia seguirá siendo una promesa rota.
_______
Ricardo Martinez es activista por los derechos de las personas con discapacidad en Aguascalientes, vocero de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales, y la primera persona ciega en presidir un colegio electoral local en América Latina.
