Un grupo de 34 periodistas protestó de forma pacífica afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, por el asesinato del periodista Kristian Uriel Zavala del Silaoense Mx.

El periodista de 28 años fue asesinado en Silao cuando iba en vehículo con Alex. En 2021, el comunicador tuvo medidas de protección después de amenazas.

Los periodistas de diferentes medios de comunicación y municipios de la entidad portaron mantas con la leyenda “No se mata la verdad, matando periodistas” y “Justicia, Justicia, Justicia, ni uno más”.

En Guanajuato comunicadores presentaron un pronunciamiento con más de 130 firmas de periodistas y defensores de derechos humanos, para pedir que se esclarezcan las agresiones a la prensa. El posicionamiento que fue entregado a la Fiscalía, fue leído por el periodista Federico Velio.

“La labor periodística es fundamental para la democracia, el derecho a la información y la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo, ejercer esta profesión en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde el miedo, la censura y la impunidad se imponen sobre el derecho a informar y ser informados.

El periodismo y la defensa de derechos humanos en Guanajuato son profesiones de riesgo, así lo muestran los datos oficiales: hasta diciembre de 2024, 59 guanajuatenses habían sido incorporados el Mecanismo Federal (41 personas defensoras y 18 periodistas) y desde su creación en 2019, el Consejo Estatal habría ofrecido medidas para 89 periodistas y 33 personas defensoras”, expuso.

También, se evidenció que durante años, se acumularon en la Fiscalía General del Estado denuncias no solamente por desaparición, homicidio, agresiones físicas, verbales o digitales, sino también por otros incidentes como robos y allanamientos en oficinas de medios de comunicación, en domicilios de periodistas y comunicadores. Igualmente, se han presentado casos de hostigamiento ministerial y espionaje contra periodistas por parte de la propia Fiscalía, los cuales no deben repetirse y sí sancionarse.

“Tenemos constancia de que la mayoría de las carpetas fueron reservadas o se determinó el no ejercicio de la acción penal, pero que esto ocurrió por la falta de una investigación exhaustiva y pertinente y en muchos casos, sin la aplicación del Protocolo Homologado para delitos contra la Libertad de Expresión y sin informar debidamente a las víctimas”.

Los periodistas Melissa Esquivias, René Fúnez y Silvia Mosqueda leyeron parte del pronunciamiento y dieron el nombre de cada uno de los firmantes.

El pronunciamiento lo recibió el secretario particular del Fiscal, Marco Antonio Sánchez y se acordó una reunión con los periodistas el lunes por la tarde.