La diputada Arlette Muñoz presentó una propuesta para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el fin de incorporar a los integrantes del Poder Judicial como sujetos responsables del cumplimiento de esta legislación. La reforma busca garantizar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que deben regir el servicio público.
La iniciativa plantea que el Tribunal de Disciplina Judicial se encargue de investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, en alineación con las recientes reformas constitucionales.
Además, se propone que los Magistrados, jueces, miembros del Órgano de Administración Judicial y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial estén obligados a presentar su declaración patrimonial, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de promover la transparencia y la rendición de cuentas. Esta declaración debe incluir detalles sobre su patrimonio, ingresos y bienes inmuebles, entre otros aspectos.