La Asamblea General de la ONU abrió el martes una sesión especial sobre el problema de las drogas, con la aprobación de un documento que busca establecer un nuevo enfoque sanitario compartido por varios países de América Latina tras más de 40 años de una guerra sin resultados.
Pese a los avances, muchos Estados miembros, como Brasil o Costa Rica, manifestaron su decepción por la ausencia de una moratoria a la pena de muerte, y otros como Uruguay y Jamaica criticaron que no se haya incluido algún tipo de mención para la despenalización de la tenencia de ciertas sustancias.
Organizada en Nueva York, la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016) se extenderá hasta el jueves, con decenas de eventos al margen y la presencia anunciada de mandatarios y ministros.
América Latina es uno de los impulsores de un enfoque multidisciplinario centrado en la salud pública, tras constatar que la denominada “guerra contra las drogas” lanzada 40 años atrás desde Estados Unidos, mayor consumidor mundial de cocaína, no ha dado los resultados prometidos y ha tenido un alto costo en vidas humanas.
En la apertura de los debates, el plenario aprobó por aclamación el documento “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”, que incluye una serie de recomendaciones fruto de dos años de negociaciones entre los Estados miembros.
“El problema mundial de las drogas sigue siendo una responsabilidad común y compartida que ha de afrontarse en un entorno multilateral mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva y que exige un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado, amplio y basado en datos científicos”, admiten los mandatarios en ese texto.
Las recomendaciones hacen referencia a la prevención, pero también al “tratamiento, rehabilitación, recuperación y reinserción social”, y la “disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización y el acceso a ellas con fines exclusivamente médicos y científicos”.
En el marco operativo, se impulsa una “aplicación eficaz de la ley”, y una serie de “respuestas a la delincuencia relacionada con las drogas”, con especial hincapié en la “lucha contra el blanqueo de dinero”.
Modelo “más humano”
Entre los mandatarios participantes en la primera jornada estuvo el presidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró que las respuestas brindadas hasta el momento “fueron francamente insuficientes” y pidió avanzar en “un nuevo entendimiento internacional”.
Peña Nieto reconoció que México es uno de los grandes afectados por los cárteles narcos y pidió colaboración para “aplicar nuevas estrategias” y “atender los daños sociales” que produce la droga y la violencia en torno suyo, y explicó que México ha combatido el narcotráfico a través de los sistemas de inteligencia, la desarticulación financiera de los grupos criminales y la detención de sus principales líderes.
El mandatario añadió que mientras exista una demanda internacional de consumo de drogas, continuará la violencia, por lo que se debe luchar no solo contra el crimen organizado sino también para reducir la demanda que llega principalmente de Estados Unidos.
“El problema mundial de las drogas es un fenómeno que no reconoce fronteras y que lastima a sociedades de todas las latitudes. Hasta ahora, las respuestas que ha implementado la comunidad internacional han sido francamente insuficientes”, dijo Peña.
Otro mandatario latinoamericano que habló en el pleno fue colombiano Juan Manuel Santos, quien presentó un nuevo modelo “más efectivo, duradero y humano” para enfrentar el problema de las drogas.
“No estoy proponiendo la legalización. Estoy proponiendo que cambiemos de enfoque, de prioridades. Porque llevamos más de 40 años en esta guerra contra las drogas y no la hemos ganado”, afirmó Santos en una entrevista en Bogotá en víspera de la apertura del encuentro.
El gobierno colombiano destacó varios avances en el documento aprobado, entre ellos el reconocimiento de la “autonomía de los Estados para implementar con mayor flexibilidad las convenciones de drogas”, la inclusión de los “derechos humanos”, y la admisión que “la dependencia es un problema de salud pública”.
Diferentes países de América Latina han lanzado programas innovadores, entre los que resalta el de Uruguay, donde por iniciativa del entonces presidente José Mujica se aprobó en 2013 una ley que autoriza y regula la producción del cannabis, y habilita al Estado a otorgar licencias de producción de marihuana, ya sea para uso medicinal como recreativo.
La agenda de debates en el hemiciclo de Naciones Unidas en su primera jornada abarcó la reducción de la demanda, prevención y tratamiento y el abastecimiento de sustancias controladas para fines científicos y médicos.
“Hay que terminar con la explotación cínica y con fines de lucro de los más vulnerables”, dijo el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, indicando que llegó “el momento de pasar a la ejecución” del nuevo enfoque multidisciplinario.
El miércoles y jueves se discutirán cuestiones como la respuesta a los crímenes vinculados con las drogas y el lavado de dinero, la promoción de cooperación judicial, la cooperación regional y cuestiones socioeconómicas.
Cabe destacar que México emitió propuestas concretas ante la UNGASS, las cuales son:
- Refrendar la responsabilidad común y compartida del fenómeno
global (consenso internacional, cada país adapta su política nacional). - Reforzar el frente y cooperación contra la delincuencia
organizada trasnacional. - Promover mandatos internacionales en agencias especializadas
de Naciones Unidas. - Alinear esfuerzos y políticas de drogas a los compromisos de
la Agenda 2030. - Atender los daños sociales ocasionados por el mercado
ilícito de drogas y buscar una prevención integral de la violencia, exclusión y
debilitamiento del tejido social. - Generar respuestas integrales y equilibradas de desarrollo,
salud pública y derechos humanos. - Tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública
(no criminalizar). - Privilegiar la proporcionalidad de las penas y las
alternativas al encarcelamiento. - Sumar esfuerzos internacionales por una campaña global a
niños y jóvenes. - Garantizar mejor acceso a sustancias controladas para fines
médicos y científicos.
Discurso completo de EPN
Señoras y señores:
La Organización de las Naciones Unidas es el máximo foro
para afrontar y superar los desafíos globales de nuestro tiempo.
Por ello, en 2012, Colombia, Guatemala y México solicitaron
convocar a esta Sesión Especial de la Asamblea General sobre el
Problema Mundial de las Drogas.
El objetivo es revisar la actual estrategia
internacional y, sobre todo, definir mejores soluciones, desde una perspectiva
de derechos humanos, prevención y salud pública, que ponga en el centro el
bienestar de las personas.
Es innegable, en los años recientes los términos en el
debate, han cambiado. Comienza a surgir un consenso en favor de una reforma
significativa del régimen internacional sobre las drogas.
Se vislumbra un nuevo enfoque que combata decididamente a
los criminales, pero que, en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé
oportunidades y alternativas.
Con firmeza, debemos continuar haciendo lo que ha
funcionado. Con flexibilidad, debemos cambiar aquello que no ha dado
resultados.
El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la
llamada guerra contra las drogas, que inició en los años 70, no han logrado
inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo.
El narcotráfico sigue siendo una de las actividades más
lucrativas del crimen organizado y un factor decisivo para su expansión
transnacional.
Inevitablemente, el negocio ilegal de estupefacientes ha
generado muerte y violencia, principalmente en los países productores y de
tránsito.
Durante décadas, México ha sido una de las naciones más
comprometidas contra el problema de las drogas.
Mi país forma parte de las naciones que han pagado un alto
precio, un precio excesivo, en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas
humanas; vidas de niños, jóvenes, mujeres y adultos.
Como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas
implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista.
Por eso, durante mi Administración se ha buscado atender el
fenómeno de las drogas de una forma más integral, con una estrategia que evita
generar mayor violencia y en la que prácticamente participan todas las
Secretarías del Gobierno de México.
Para reducir la oferta de drogas, se ha hecho frente al
crimen organizado, con una mejor coordinación entre autoridades, el uso de
sistemas de inteligencia y la desarticulación de sus estructuras operativas y
financieras.
Con ello, hemos logrado la detención de los principales
líderes criminales y se ha acotado la violencia a regiones específicas del
país, con una consecuente reducción en las tasas de incidencia delictiva.
Además, a través del uso de tecnología e información,
estamos localizando, identificando y destruyendo sembradíos y laboratorios de
droga.
A su vez, para reducir la demanda nacional, hemos reforzado
las acciones de prevención entre niños y jóvenes, así como el tratamiento de
adicciones.
Este esquema se ha complementado con la prevención social de
la violencia y la delincuencia en comunidades vulnerables.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los
resultados alcanzados, no estamos totalmente libres de la amenaza criminal,
mientras siga existiendo una creciente demanda internacional de
estupefacientes.
Bajo el paradigma actual, es necesario que los países
consumidores asuman un mayor compromiso, tanto en la reducción de su demanda,
como en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La escala, sofisticación y poder corruptor de los grupos
criminales, también están presentes en y dentro de las propias fronteras de los
países consumidores, donde ocurre la venta final.
Ante esta situación, con responsabilidad global, México
propone:
Primero. El problema mundial de las drogas exige que la
comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y
compartida, mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva.
En un mundo globalizado, las drogas son también un asunto
globalizado, que incumbe a todas las naciones.
Ningún país puede, por sí solo, hacer frente a este flagelo.
Es más, la divergencia entre las políticas públicas de cada
nación dificulta la cooperación y la obtención de resultados.
Por ello, se requieren consensos globales, o al menos
hemisféricos, para atender el problema de las drogas con eficacia.
Segundo. Es necesario reforzar el frente común ante la
delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones
financieras y delitos conexos.
Hay que intensificar la cooperación entre nuestros gobiernos
y ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas para desmantelar
las organizaciones delincuenciales.
Tercero. Se requiere de una mayor coordinación y
colaboración entre las propias agencias especializadas del Sistema de las
Naciones Unidas, con el fin de abordar todos los aspectos del problema mundial
de las drogas.
A través de sus distintos mandatos y una mayor interacción
entre ellas, agencias como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres y la
Organización Mundial de la Salud, deben apoyar a los Estados miembros en la
aplicación de mejores estrategias, políticas y programas contra las drogas.
Cuarto. Las políticas públicas y acciones derivadas de la
política internacional sobre las drogas deben de estar alineadas con los
esfuerzos en favor del desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Los objetivos de desarrollo sostenible y los encaminados a
resolver el problema mundial de las drogas, deben ser complementarios y
reforzarse entre sí.
Quinto. Se deben atender los daños sociales relacionados con
el mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades vulneradas por el
crimen organizado, se necesita una prevención integral de la violencia, de la
exclusión y del debilitamiento del tejido social.
Hay que apoyar a las comunidades afectadas con alternativas
educativas, laborales y recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión
social.
En especial, se deben crear alternativas productivas en
aquellas localidades donde se siembran estupefacientes. Por ejemplo, con la
reconversión de cultivos y esquemas internacionales de agricultura por
contrato.
Sexto. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista,
se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los
derechos humanos. Sólo así podremos ofrecer respuestas más integrales,
equilibradas y promotoras del desarrollo.
Este cambio de fondo implica modificar el enfoque
eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos, y su
dignidad, no a las sustancias, ni a los procesos judiciales, en el centro de
nuestros esfuerzos.
Séptimo. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente
como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el
desarrollo pleno de las personas, especialmente de nuestros niños y jóvenes.
La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de
prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales,
que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.
Octavo. En los delitos relacionados con las drogas se deben
privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que
incorporen también una perspectiva de género.
Las sanciones desproporcionadas, que castigan a mujeres y
niños en condiciones de vulnerabilidad, lejos de resolver un problema, generan
círculos viciosos de marginación y criminalidad.
Además, deben brindarse servicios de tratamiento, educación,
rehabilitación y reinserción social a la población en reclusión.
Noveno. Se deben sumar esfuerzos internacionales para
prevenir el consumo de drogas, mediante una campaña orientada a niños y jóvenes
a nivel global.
Debemos proteger a los miembros más vulnerables de
nuestras sociedades, garantizando que conozcan los efectos nocivos, asociados
al consumo de estupefacientes y psicotrópicos.
Y décimo. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor
acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos,
evitando, al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico.
Esta propuesta se deriva del amplio Debate Nacional sobre el
Uso de la Marihuana al que convocó el Gobierno de México, con expertos,
académicos y representantes de la sociedad civil.
Como Presidente de México, en esta Sesión Especial, doy voz
a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo,
para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos.
Los participantes de aquellos foros, también expusieron la
importancia de elevar, en congruencia con estándares internacionales, la
cantidad de marihuana que puede ser considerada para uso personal, con la
finalidad de no criminalizar a los consumidores.
En próximos días, el Gobierno de México expondrá las
acciones específicas que se tomarán en esta dirección, en apego a los
principios de salud pública y derechos humanos, que hemos propuesto en
esta Sesión Especial.
Por eso, desde aquí, desde la máxima tribuna de la comunidad
internacional, expreso mi reconocimiento a los especialistas, académicos y
representantes de la sociedad civil que han aportado ideas y dirección hacia un
nuevo consenso.
Señor Presidente.
Señoras y señores:
El problema mundial de las drogas es un fenómeno que no
reconoce fronteras y que lastima a sociedades de todas las latitudes.
Hasta ahora, las respuestas que ha implementado la comunidad
internacional han sido francamente insuficientes.
Confío en que esta Sesión Especial dé paso a un nuevo
entendimiento internacional en la materia.
Hago votos porque este diálogo nos permita comenzar a
generar la visión, los instrumentos y los nuevos consensos que necesitamos para
contrarrestar el fenómeno de las drogas en el Siglo XXI.
Unidos, trabajemos y encontremos soluciones.
Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva
prevención, y a una eficaz regulación.
Miles de vidas dependen de ello.
Muchas gracias.
