Un millón de dólares, en cash

En octubre de 2007, José Luis Notario, propietario de una bodega en Union City, Nueva Jersey, fue sentenciado a 50 meses de prisión por transportar ilegalmente más de un millón de dólares a México durante cuatro años.

El numerario que enviaba a México era parte de los ingresos que algunos lenones obtenían de la explotación sexual de mujeres mexicanas que habían sido contrabandeadas a Estados Unidos y obligadas a trabajar como prostitutas.

Notario formaba parte de una red de servicio para varios lenones. La investigación confirmó que distintos clanes con sede en Tenancingo, Tlaxcala, enviaban rutinariamente a nuevas mujeres mexicanas pobres y vulnerables a los Estados Unidos para trabajar como prostitutas.

El dinero que se obtenía de su trabajo forzado y no remunerado se llevaba los domingos por la noche a las instalaciones de Notario, donde se preparaban las ganancias para ser enviadas a distintas familias en Tenancingo.

Además de Notario, otros 12 acusados fueron sentenciados por sus respectivos papeles en esta conspiración, que incluía contrabando de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, albergar a inmigrantes ilegales con fines de prostitución, transportar a inmigrantes ilegales a través de las fronteras estatales y operar un negocio ilegal de transferencia de dinero.

El caso fue procesado por las fiscales adjuntas de los Estados Unidos, Shana W. Chen, de la Unidad de Protección Pública de la División Penal, y Leslie Faye Schwartz, de la Unidad de Fuerza de Ataque de la División Penal.

Lo anterior consta en el “Informe de Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey 2002 – 2008” y permite entender la magnitud de los ingresos por parte del crimen organizado focalizado en la trata de mujeres entre Tlaxcala (México) y Estados Unidos.

De 1991 a 2008

Revisando documentos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aparece otro peso pesado de la trata: el clan Carreto o Flores Carreto y “representa uno de los casos de tráfico sexual más grandes del gobierno hasta la fecha presentados en virtud de las disposiciones de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas”, dice textualmente uno de los documentos oficiales.

Traduzco para usted algunos de los párrafos que me parecen determinantes para entender de qué va la trama de este clan.

“El 5 de abril de 2005, Roslynn R. Mauskopf, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, R. Alexander Acosta, fiscal general adjunto, División de Derechos Civiles, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y Michael J. Garcia, secretario adjunto de Inmigración y Control de Aduanas, Departamento de Seguridad Nacional, anunciaron las declaraciones de culpabilidad de Josue Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto y Daniel Perez Alonso de los 27 cargos de una acusación formal que los acusa de obligar a mujeres jóvenes mexicanas a prostituirse en burdeles en toda el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, incluidos Queens y Brooklyn, entre 1991 y 2004”.

“Los acusados son miembros de la red de tráfico sexual de la familia Carreto que operaba entre Tenancingo (Tlaxcala, México) y Queens, Nueva York”.

“Los acusados ​​Josué Flores Carreto, Geraldo Flores Carreto y Daniel Pérez Alonso reconocieron que reclutaron a mujeres mexicanas jóvenes, sin educación y de orígenes pobres, las contrabandearon de México a los Estados Unidos y las obligaron a ejercer la prostitución (…) ​​admitieron haber agredido físicamente a sus víctimas en múltiples ocasiones y haberles causado graves lesiones corporales”.

Las víctimas eran obligadas a prostituirse, cobrando 25 a 35 dólares por servicio. Las tarifas se dividían a la mitad entre los propietarios y gerentes de los burdeles y, el clan Carreto. También Eloy Carreto Reyes, Eliu Carreto Fernández y Edith Mosquera de Flores, fueron declarados miembros o asociados del clan Carreto.

“Ante la magistrada federal Cheryl L. Pollak, Carreto Reyes se declaró culpable el 16 de noviembre de 2004 y Carreto Fernández hizo lo propio el 22 de diciembre de 2004. Mosquera de Flores, propietaria de uno de los burdeles donde las víctimas eran obligadas a cometer actos de prostitución, se declaró culpable el 12 de noviembre de 2004 ante el juez Block de conspirar con Josué Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto, Daniel Pérez Alonso y otros para obligar a jóvenes mexicanas a prostituirse en Nueva York”.

Dos coacusados ​​adicionales, Consuelo Carreto Valencia, madre de Josué Flores Carreto y Gerardo Flores Carreto así como María de los Ángeles Velásquez Reyes, han sido acusados ​​de conspiración, tráfico sexual, trabajo forzado, violaciones de la Ley Mann y delitos relacionados con la inmigración.

La Ley Mann es una ley federal de los Estados Unidos, aprobada el 25 de junio de 1910. Recibe su nombre del congresista James Robert Mann. Su objetivo ha sido prohibir la esclavitud blanca (de ahí, lo de trata de blancas), migrando a delito federal el transportar mujeres de un estado a otro para “propósitos inmorales”. En 1978 y 1986, comenzó a aplicarse solamente a contrabandear personas con fines de prostitución.

De 1991 a 2004, Carreto Valencia fue “gerente de la operación de tráfico sexual de su familia con sede en Tenancingo, Tlaxcala, México”, señalan los documentos oficiales.

Este caso arrancó en 2003 cuando se presentó una denuncia en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México (sí, en la Embajada y no en una procuraduría estatal de México) de que miembros de la familia Carreto estaban obligando a mujeres mexicanas a prostituirse en Nueva York.

En ese momento, agentes federales de las oficinas de Nueva York y Nueva Jersey del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se dispusieron a investigar el caso.

Fue el 4 de enero de 2004, cuando agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York catearon dos apartamentos en Corona, Queens, y encontraron a Josué Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto, Daniel Pérez Alonso, Eliu Carreto Fernández y cinco jóvenes mexicanas. 

Con las pruebas descubiertas durante la investigación, agentes federales y detectives de la policía arrestaron a Eloy Carreto Reyes y Edith Mosquera de Flores. Por su parte, Josué Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto y Daniel Pérez Alonso enfrentaron cada uno una sentencia máxima de cadena perpetua y una multa de 250 mil dólares por cada cargo. Se estima que pasen entre 25 y 33 años de prisión.

El 22 de julio de 2008, Consuelo Carreto Valencia se declaró culpable esta tarde de un cargo de tráfico sexual, bajo una sentencia estimada de 135 a 168 meses y una multa de 250 mil dólares. Los procedimientos de declaración de culpabilidad se llevaron a cabo ante el Juez de Distrito de los Estados Unidos Frederic Block en Brooklyn, Nueva York.

“El gato” de Tenancingo

En abril de 2017, en Atlanta, Georgia, Severiano Martínez-Rojas, “El Gato”, de Tenancingo, (Tlaxcala) se declaró culpable en un tribunal federal de un cargo de tráfico sexual y admitió su participación en el tráfico sexual de tres víctimas.

“Los acusados ​​se aprovecharon de mujeres jóvenes vulnerables, las atemorizan y las obligaron a vender sus cuerpos a completos desconocidos para ganar dinero”, dijo el fiscal general adjunto interino Tom Wheeler, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“Las fuerzas del orden de Estados Unidos, a través de sus agregados legales y embajadas estadounidenses, cuentan con sus socios en el extranjero para garantizar que personas como Martínez-Rojas no se vean protegidas de la justicia”, señaló el agente especial David J. LeValley, a cargo de la oficina de campo del FBI en Atlanta.

Cada mujer tenía relaciones sexuales hasta con 20 hombres distintos por noche, de acuerdo a lo dicho por el fiscal federal Horn, quien también agregó que: “Martínez-Rojas y sus coacusados ​​utilizaron falsas promesas de amor, trabajo legítimo y una vida mejor para inducir a tres mujeres a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos entre 2006 y 2008. Una vez que las mujeres llegaron a Atlanta, Georgia, Martínez-Rojas y sus coacusados ​​utilizaron violencia, amenazas, intimidación y otros medios para obligar a las jóvenes a ejercer la prostitución en Georgia y Alabama para beneficio de los acusados”.

Martínez-Rojas fue acusado el 14 de mayo de 2013 y también se le investiga por enviar mujeres con fines de trata a Guatemala. En el caso de Odilón Martínez-Rojas, “Chino”, fue sentenciado a 21 años y 10 meses de prisión.

Los hermanos Martínez-Rojas fueron investigados por la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional y el caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Richard S. Moultrie, Jr., del Distrito Norte de Georgia, y el director adjunto Benjamin J. Hawk de la Unidad de Procesamiento de Trata de Personas de la División de Derechos Civiles.

Los más buscados

Dentro de los lenones considerados como “Los más buscados” por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, al 20 de octubre de 2024 se cuentan los siguientes (la traducción es de quien escribe):

Eugenio Hernández-Prieto

En enero de 2013, el ICE anunció los resultados de la Operación Dark Night, una investigación a gran escala sobre una red de tráfico sexual que operaba en Florida, Georgia y las Carolinas. La investigación del ICE en Savannah (Georgia) permitió desmantelar 15 burdeles, producir 13 arrestos criminales y rescatar 12 víctimas.

En febrero de 2014, 24 miembros de la red de tráfico sexual fueron sentenciados, incluida una sentencia de cadena perpetua para el líder de la red, Joaquín Méndez-Hernández, y una sentencia colectiva de 97 años para los 24 acusados ​​restantes. Un fugitivo permanece: Eugenio Hernández-Prieto, cuya última dirección se encuentra en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala.

Severiano Martínez-Rojas

El 21 de mayo de 2013, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Atlanta del ICE y el FBI llevaron a cabo órdenes de búsqueda y arresto contra varias personas sospechosas de tráfico de personas.

Desde 2006, Severiano Martínez-Rojas, junto con Arturo Rojas-Coyotl, Odilón Martínez-Rojas, Daniel García-Tepal y otros, todos de Tenancingo, Tlaxcala, conspiraron y llevaron a varias mujeres a los Estados Unidos desde México y Guatemala, todo con el propósito de obligarlas a ejercer la prostitución. Ocho víctimas de México y Guatemala fueron rescatadas durante la investigación.

Odilón Martínez-Rojas y Rojas-Coyotl han sido sentenciados a 21 y 16 años de prisión, respectivamente. Se cree que Severiano Martínez-Rojas regresó a México antes de la ejecución de la orden y sigue prófugo en este caso.

Saul Romero-Rugerio

En agosto de 2008, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Atlanta del ICE y el FBI rescataron a ocho mujeres que habían sido introducidas ilegalmente en Estados Unidos y obligadas a ejercer la prostitución por Saul Romero-Rugerio y sus co-conspiradores.

Según los registros judiciales, a partir de 2006, Saul conspiró con su hermano Miguel Ángel Romero-Rugerio y Christina Hernández-Suárez para atraer y contrabandear a mujeres a Estados Unidos desde México y luego obligarlas a trabajar en la prostitución

Saul y sus co-conspiradores son de Tenancingo, Tlaxcala. Miguel Romero-Rugerio se declaró culpable de conspiración para contrabandear extranjeros con fines de prostitución y de contrabando de extranjeros. Fue sentenciado a cinco años de prisión en 2010. Hernández-Suárez se encuentra encarcelado en México. Saul Romero-Rugerio sigue prófugo.

No hay final feliz

La cacería de clanes con fines de trata sigue y no tiene para cuándo detenerse. Ahí siguen operando las ramificaciones de los clanes (por orden alfabético) como son los casos de: Camarones, Cántaros, Carreto, Lira Rojas, Rojas Romero, así como “Los Tenancingo” y “Los Vaqueros”, todos con epicentro en Tenancingo, Tlaxcala.

Contrario a lo que se ha señalado en las redes sociales, estos grupos criminales siguen expoliando, con ramificaciones familiares que siguen una actividad delictiva deleznable y que solo puede explicarse en el marco de la complicidad social y gubernamental. 

Y mientras tanto, ahora mismo, cientos de mujeres son forzadas a vivir esclavizadas mientras la omisión y el olvido institucional hacen lo suyo.