El siglo avanza en medio de incertidumbres propias del nuevo modo de convivencia social, “la sociedad red”, época cibernética, redes sociales, comunicación a 360 grados y al instante… crea su atmosfera y no hemos logrado crear una pedagogía que apoye a darle rumbo al intenso siglo XXI. En efecto, principios innegables de creencias han quedado como trofeos del pretérito. La ley, la convivencia civilizada que hace la ciudad, también vive una ola violenta y desdeñada. La Constitución, les resulta insuficiente para justificar la validez del derecho. La posmodernidad es una secuestradora, para la clase política la ley se interpreta en su interés, “que la respeten otros”, lo anterior se agrava cuando las Entidades de Interés Público (EIP) son quiénes no acatan las reglas.
Violar la ley es muy grave. La sana convivencia es signo de civilidad, la ciudad es donde la ley existe, en la “polis” nace el respeto del “Otro”, nos dijeron los filósofos griegos. El tratamiento moral y ético de la ley tiene ontología de garante, la virtuosa convivencia, la impartición de la justicia, el cuidado esmerado de la persona, sus bienes, su integridad física y moral, sus más caros derechos que lo muestran como humano en convivencia social.
La ley es referente de la conducta, por ello, nadie podemos apoyar la subcultura del desdén; la colectividad tenemos la obligación de señalar los mecanismos que falten para hacer cumplirla. Demandar si existen dificultades para iniciar los procesos legales y sus implicaciones. En este tema la responsabilidad es de todas y de todos, nadie queda exento, “La ley es la ley” aunque no les entalle. La ley en un Estado Democrático de Derecho, más todavía, cuando el discurso del poder público presume que es Social de Derecho. “Ergo” y obvio, la ley se establece en forma democrática, determina la protección de los derechos y su aplicación sin excepciones, se debe hacer cumplir siempre.
La narrativa hoy se hace con desdén a la ley. ¡Pruebas!: las “precampañas”, que sintetizan la democracia interna de las EIP, una lucha de muchos años desdeñada, costó trabajo y debates trasnochados, ríspidos, enjundiosos, pero respetuosos del “Otro”. Se presenta violando la ley, con posibles actos anticipados de campaña. Los partidos se adelantaron en tiempo al algoritmo legal, definieron reglas, plazos, convocatorias…, ahora tienen precandidaturas con cara de candidaturas y, tendremos candidaturas con cara presidencial. No cuentan con un documento formal. Se eligieron “figuras de coordinación” que no existen, lo pueden hacer dentro de sus ocurrencias, pero sin valor legal, pues en la norma electoral no existen.
Los derechos fundamentales son condiciones “sine qua non”, no está a discusión, son “a huevo”, ontológicamente son precondiciones lógicas de la democracia y de la validez del derecho. Sin el respeto a los Derechos Humanos no hay normativa válida. Sin duda, la esencia del Derecho es democrática, en ese mérito, la democracia convoca a la deliberación y participación política autónoma y libre, equitativa y trascendente para la sociedad. Es decir, más allá de las urnas que son puerto de salida rumbo a la calidad democrática que la misma sociedad, incluidos gobiernos deben diseñar y construir en mérito de la deliberación colectiva que a través de la razón nos lleve a la imaginación, una carta de navegación de la democracia con puerto de llegada a las mejores soluciones posibles: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
La democracia es obra colectiva, el desdén a la ley es una falta de respeto. La ley une, guía, centra, equilibra, produce rutas de los acuerdos, es garantía…, la razón es simple, todas y todos debemos gozar de los derechos que posibiliten, opinión, tránsito, asociación, derechos sociales, ser arquitectos y constructores de la vida democrática.
Las EIP están comprometidas con el desarrollo de la sociedad, esencialmente, con el intelectual y cultural que permite la interpretación adecuada de libertad. El derecho a estar informados es responsabilidad del informador; cuestionar, argumentar, luego de escuchar con atención, el responsable es el informado. El derecho a votar y ser votado es premisa de derecho válido. Sin ello no se puede explicar la democracia, sus fundamentos van unidos a la dignidad de cada sujeto, quedan por encima del poder de decisión de la mayoría, que siempre deberá respetarlas.
El Derecho válido cumple dos requisitos: ser creado conforme a los procedimientos constitucionales; y, ser respetuoso con los derechos fundamentales. En caso contrario a tales derechos la ciudadanía tiene obligación de denunciar y repudiar. No hay razón para que se duelan quienes dirigieron movilizaciones perversas, violentas en todas sus formas…, ¡la última!, el gobernador de Nuevo León hace hermenéutica caprichosa y violenta, piensa que la ciudadanía le escrituró el Estado, empero, lo contrató 6 años como Jefe del Ejecutivo, no de los tres Poderes, olvidó el principio de DIVISIÓN DE PODERES, pilar fundamental del sistema político que establece distribución y equilibrio del poder entre los diferentes órganos del gobierno. “¡Un mísero detalle!”