El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de
la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, descarta la opción de
regular el consumo de la mariguana para fines recreativos como planteó Arturo
Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En entrevista con El Universal, Escobar sostiene que la
administración del presidente Enrique Peña Nieto dejará un legado en materia de
prevención como política nacional, sin descuidar la contención.

Destaca los 140 000 millones de pesos para prevención, donde
intervienen nueve dependencias.

Para este año, el Programa Nacional de Prevención del Delito
cuenta con un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos; sin embargo, reconoce
que hay entidades que no han comprobado los recursos destinados a programas de
prevención en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, por lo que acudirá a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que revise esos expedientes, y
advierte que no habrá recursos para quienes no cumplan con las normas.

Explica que México no tiene problemas de adicciones, por
ello la estrategia federal busca fortalecer donde hay debilidad institucional
que el crimen organizado ha asumido para liberar rutas a Estados Unidos o
generar narcomenudeo en zonas donde hay instituciones débiles.

Señala que recuperar el Estado de derecho y la estabilidad
política en Guerrero es de “máxima prioridad” para el gobierno federal, porque
el lugar puede convertirse en un caso emblemático en el país.

“Es una entidad donde hay que trabajar de forma conjunta, de
manera integral y transversal, porque de no salvar a Guerrero es la forma en
que [la violencia] se derrama en Morelos, sobre lo que recuperamos en Michoacán
y, en consecuencia, en Jalisco”, declara.

El funcionario asegura que la atención integral de Guerrero
tiene que pasar primero por recuperar la confianza de la sociedad en la
autoridad, para poder implementar una política pública que sea acompañada por
la ciudadanía. “Si queremos salvarlos requerimos que participen, porque no hay
soldados suficientes y no hay Policía Federal necesaria para salvar un
municipio o una entidad”, señala.

Comenta que a diferencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde
la intervención federal tardó cinco años para recuperar la convivencia social,
todo el estado de Guerrero es un caso especial de “diagnóstico reservado”.

“Es un reto mayor, el tema de Guerrero. Acapulco genera
complicidades adicionales por la falta de policía municipal, pero tenemos un
alcalde electo valiente [Evodio Velázquez, PRD], quien entiende que hay que
gobernar para todos, que comparte la filosofía del gobernador electo Héctor
Astudillo (PRI), que hay que entrarle al toro por los cuernos”, declara.

“Todos los días creamos diagnósticos nuevos, estamos
invitando a gente que no había participado, nuevas organizaciones, a la
academia de universidades públicas y privadas. En los próximos días me reuniré
con el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), para que todos puedan participar”, dice.

Adelanta que alista una política pública que contempla un
programa de desarme, similar al que se aplicó en Washington para cambiar
armamento y recuperar los espacios públicos, que entrará en vigor en Guerrero,
Sinaloa, y Michoacán.

Desde el pasado 9 de septiembre, Escobar recibió una
“tormenta” de críticas por su militancia en el PVEM [uno de los partidos
políticos más multados por el INE] y por su falta de experiencia en prevención
del delito.

Señala que como administrativos tienen que enfrentar “retos
y tormentas” todos los días, pero ataja de inmediato cuando se le pregunta si
su nombramiento corresponde a un compromiso político del gobierno federal con
su partido.

En Chihuahua hablábamos de una ciudad y aquí es todo el
estado, ¿Guerrero es más difícil que Juárez?

—Es un reto mayor, porque en Juárez las maquiladoras daban
espacio de actividad económica y empleo. El tema para Guerrero, inclusive el
turismo para Acapulco, genera complicaciones adicionales por la falta de
policía municipal. Hoy hay buenas noticias en Acapulco, un alcalde electo
valiente que entiende que se debe gobernar para todos.

¿Qué balance tiene del programa a tres años de su
implementación?

—Todavía hay territorios donde se requiere mantener la paz,
salvaguardar la libertad y el patrimonio de los mexicanos, pero hay otras zonas
del país que en los últimos años estaban inmersos en situaciones de conflicto
brutales, como Ciudad Juárez, Torreón, Gómez Palacio y Durango.

En Torreón hay una colonia Nuevo México, donde la violencia
provocada por el crimen y el narcotráfico provocó el éxodo de más de 2 mil
familias. Se convirtió en un caso de éxito a partir de que se desplegó el nuevo
esquema de prevención social, sin descuidar la parte de la contención.

Asegura que el gobierno de Peña Nieto dejará un “legado” de
generar una política de prevención social de carácter nacional, a partir de una
ley con presupuesto y a partir de que la instauración se dé en las 32 entidades
del país, con un centro de prevención.

“Será el legado que tendría que dejar 2018, por supuesto, ya
como una política de Estado, la prevención será un asunto de todos los días”.

NO QUEREMOS CONVERTIR
AL ‘CHAPO’ EN EMPRESARIO”

¿En qué fase está la construcción de ese “legado”?

—En la etapa de poder perfeccionar la política pública a
nivel federal, tenemos más de 200 programas o acciones que un gobierno estatal
o municipal pueden escoger.

Los problemas de violencia y delincuencia son
multifactoriales, la descomposición tiene que ver desde la deserción escolar,
el acoso, el pandillerismo, su respuesta tiene que ser multidisciplinaria.
Estamos en la etapa de poder perfeccionar el diagnóstico.

¿En cuántos municipios hay focos rojos?

—Para este año desplegamos más de 2 mil 600 millones de
pesos, en 107 municipios, en más de 220 polígonos, principalmente en las
capitales donde hay mayor hacinamiento y pobreza urbana, por medio de una
política de prevención donde intervienen nueve dependencias, con 140 mil
millones de pesos al año para prevención.

¿Cuál es su compromiso?

—Mi objetivo es utilizar mis capacidades de gestión con
gobernadores, presidentes municipales y secretarios de Estado, para que la
mayor cantidad de recursos económicos se inviertan en los polígonos que son
parte del Pronapred, porque ahí están situadas las peores historias del país.
Además vamos a meter la participación activa de la academia para que participe
en los diagnósticos.

¿Ve viable la legalización de la mariguana?

—Es mucho peor la liberación que la contención. México no puede
pensar convertir en un hombre de negocios a El Chapo Guzmán, o a La Barbie.

Si Estados Unidos, Canadá, América Latina y la ONU definen
generar una política nueva en materia de liberación de la mariguana, es un tema
que habrá que debatir.

¿Qué opinión le merece el proyecto del ministro Arturo
Zaldívar que propone legalizarla con fines de esparcimiento?

—Respeto mucho al ministro Zaldívar, considero que refrescó
el debate en la Corte, en muchas resoluciones he coincidido, este proyecto no
lo comparto. México, por su ubicación geográfica estratégica, tiene que
mantener la posición de que las drogas son un tema de salud pública y se tiene
que perseguir un delito, y a partir de ahí no mantener una posición de
liberación hasta que la ONU pueda abrir un debate y podamos resolver de manera
científica las consecuencias positivas y negativas de liberalizarla.

Dijo que se apoyaría en las ONG, pero éstas lo han
rechazado, ¿ya pasó la tormenta?

—Cuando estás en la administración pública siempre hay
tormentas, retos y complejidades. Estoy obligado todos los días a probar que
estoy capacitado, que puedo dar resultados y probar a la sociedad que la
invitación que me hizo el Presidente es la correcta. Tengo la capacidad para el
cargo y puedo traer nuevos atributos. Las puertas están abiertas para todas las
organizaciones.

Su nombramiento se vio como un pago de favores electorales
del PRI a su partido, ¿qué dice?

—Si hubiera sido así, había tantas carteras en materia
ambiental, en conservación, en materia de agua, me hubieran ubicado ahí. La
invitación del Presidente tiene que ver con mi formación jurídica, con mi
experiencia empírica en la construcción de acuerdos y con mi relación con la
mayoría de los actores, tanto en el gobierno federal como en los estatales, para
tener una coordinación intersecretarial para bajar de forma focalizada los
recursos económicos.

¿Han detectado algún estado, que haya jineteado el dinero
para prevención?

—Voy a mandar algunos expedientes de entidades que no
cumplieron con los lineamientos en 2013 y 2014, independientemente del partido,
lo voy a hacer. Quien no cumpla a cabalidad con la comprobación de los recursos
económicos no los tendrá en 2016. No vamos a desamparar a los municipios o a
los polígonos, los vamos a manejar. Esto no es un juego.

¿Qué estados son?

—Lo estamos construyendo, estamos acabando los análisis que
entregaremos a la ASF, seguramente a finales de octubre o principios de
noviembre estaremos en condiciones de anunciar qué entidades no cumplieron, no
vamos a salvar a nadie.

¿En qué consiste el programa de desarme?

—Hay zonas de este país que se han convertido en el viejo
oeste, donde todos traen pistola, por ello debemos generar una política pública
para desarmarlos, especialmente en Sinaloa, Michoacán y Guerrero estamos
construyéndolo y retomando las experiencias de Washington y Chicago, donde por
medio de la prevención intercambiaron armas para recuperar espacios.

¿En el DF hay alguna zona que les preocupa?

—Sí, Iztapalapa es una de ellas, Gustavo A Madero y Cuauhtémoc
son otras. El DF es una ciudad tan grande que a veces se desvanece la nota.

¿Hay crimen organizado en el DF?

—Hay una percepción de que se puede transitar en libertad en
la mayoría de la zona. No tengo los números para decir que hay crimen organizado,
seguramente el Secretariado Ejecutivo los tiene, pero yo estoy más en el
escenario de generar política de prevención social.

(Con información de El
Universal)