Tras seis meses recoger testimonios de víctimas, familiares y agentes del gobierno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México, llegó a un acuerdo de 10 puntos a cumplirse para continuar la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los esfuerzos del grupo, que abarcan la búsqueda de los desaparecidos, la imputación de los presuntos responsables y la atención a las víctimas y familiares parecieran hasta ahora obstaculizados, entre otras cosas, por las negativas del Estado a que los expertos interroguen directamente a efectivos militares señalados de haber estado en varias de las escenas donde fueron vistos por última vez los jóvenes.
Entre los acuerdos está establecido que a partir de noviembre la Subprocuraduría de Derechos Humanos dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), tome las riendas de la investigación.
Al respecto, Eber Betanzos, director de la subprocuraduría dijo que se ha creado una fiscalía especializada para el caso, un “nuevo equipo de trabajo que relance la investigación” adoptando las recomendaciones formuladas por el GIEI en su informe de septiembre.
El informe en cuestión, aunque apoyándose en expedientes judiciales del caso, cuestiona aspectos fundamentales de la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes, en la que se indica que habrían sido asesinados en una acción que implicó a policías y miembros de un cartel de drogas local.
Al respecto de las declaraciones de los uniformados al GIEI, el subsecretario mexicano de Gobernación, Roberto Campa, indicó que “no forman parte de los puntos convenidos en el acuerdo”, aunque se abrieron las puertas a que se tramiten las preguntas de los expertos a través de la Procuraduría.
“Siempre hay una respuesta evasiva” sobre el batallón, apuntó la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, del GIEI, e indicó que la posición de México no constituye una negativa para el grupo.
Los 10 acuerdos entre la PGR y el GIEI
Según Carlos Beristain, médico español integrante del GIEI , el siguiente acuerdo de diez puntos establece las “condiciones que nos van a permitir hacer un buen trabajo en nueva etapa”.
- Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva.
- En relación con la propuesta de la PGR de realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, se acuerda que: a) se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, b) se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, c) se consense el modo en que se realizará el estudio.
- La conformación de un nuevo equipo de investigación con experiencia así como de confianza con la procuradora y con el propio GIEI. El proceso será acompañado por los representantes de las víctimas para facilitar una actitud positiva frente al compromiso en la investigación y las respuestas a las víctimas.
- Integrar el informe del GIEI en la investigación del caso. Esto significa: a) evaluar las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, b) dar seguimiento a las recomendaciones para la investigación. El GIEI colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.
- A partir de dichas condiciones, planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe. Se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo: a) la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, b) la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia en algunas de ellas, c) la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias, peritos y peritajes y declaraciones para establecer los nuevos hechos probados o las hipótesis del caso y los pasos a dar en nuevas consignaciones.
- Relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI, incluyendo el uso de la tecnología y el mapa de fosas y otros lugares identificados, estableciendo una ruta de acciones acordada con los familiares.
- La relación con el nuevo equipo de la PGR y las demás instituciones se formalizará mediante minutas de las reuniones con el GIEI, estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos tanto por parte de la PGR como de las instancias implicadas en la búsqueda y en la atención a las víctimas.
- El Grupo proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda, así como ha proporcionado un documento de criterios sobre atención a las víctimas.
- Los pasos a dar en la atención a las víctimas se llevarán a cabo de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, estableciendo las medidas de valoración del daño, el avance progresivo en las medidas de atención en salud, apoyo social, así como el derecho a la reparación y a la información que asiste a los familiares, incluyendo el reconocimiento, el derecho a la verdad y el acompañamiento en la búsqueda de justicia.
- El Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.
El Grupo señaló la importancia de esta nueva fase en la que espera que se den pasos sustantivos en el proceso de fortalecimiento de la investigación para permitir la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la atención a las víctimas y lo calificó como un paso clave en el fortalecimiento de mecanismos de la lucha contra la impunidad.
(Con información de AFP)
