Este lunes, activistas y periodistas venezolanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la opacidad de los organismos públicos debido a la restricción de acceso a la información pública en Venezuela.
Y es que el acceso a la información de organismos gubernamentales en Venezuela es “prácticamente inexistente”, dijo la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, en el marco del 156 periodo de sesiones de la CIDH, órgano autónomo de la OEA.
Según De Freitas, 60 de 475 normas y decretos vigentes en los últimos 16 años limitan el acceso de periodistas y ciudadanos a la información pública en el país suramericano, donde existe un marco legal “restrictivo” y sentencias judiciales que crean “nuevos obstáculos”, porque los jueces consideran que los pedidos de información “atentan contra la eficacia del Estado”, apuntó la activista.
Por parte de las autoridades venezolanas, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, resaltó el “esfuerzo del Estado” en prácticas de gobierno electrónico y leyes que promueven el “infogobierno”, aunque reconoció que “ciertamente hay debilidades que hay que atender”.
Sin embargo, el relator de la CIDH para Venezuela, el chileno Felipe González, recordó que el acceso a la información en Venezuela es un tema recurrente en las sesiones del organismo interamericano y acusó a las autoridades venezolanas de desatender las acusaciones.
“Considero que el Estado no se ha hecho cargo de las acusaciones. No ha proporcionado (información) a la Comisión sobre las serias deficiencias al acceso a la información pública que han planteado (las organizaciones civiles) en ésta y otras audiencias”, dijo González.
Venezuela centraba la atención en la primera jornada de audiencias de la CIDH en Washington, con sesiones sobre los derechos políticos, derechos humanos y ataques contra defensores de derechos humanos.
Piden condicionar pertenencia de Venezuela a la ONU
El deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela (…), el desconocimiento de las resoluciones emitidas por las distintas relatorías y grupos del trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos por parte del gobierno venezolano y su actitud obstruccionista en el Consejo de Derechos Humanos” impiden que se le pueda renovar “sin más requisitos” su posición, afirman en un comunicado catorce ex-mandatarios iberoamericanos.
Los expresidentes, entre los que se encuentran el mexicano Vicente Fox, el chileno Ricardo Lagos o el español Felipe González, consideran que Caracas no ha cumplido con los requisitos del consejo de “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”.
“La concentración de poder y la falta de independencia de judicial en Venezuela han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga a los críticos”, añade el comunicado enviado por el Club de Madrid, una asociación dedicada a la promoción de la democracia que reúne a exmandatarios de varios países.
Los exmandatarios recuerdan que expertos de la ONU han cuestionado el uso de la televisión pública para “criticar a defensores de los derechos humanos” y que en el último año “Venezuela ha usado su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU para demorar, e incluso bloquear, acciones para proteger derechos humanos en Siria y Sudán del Sur”.
“El hecho de que Venezuela viole abiertamente sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos más elementales es incompatible con el ingreso en el Consejo de Derechos Humanos”, afirman los firmantes que piden que para mantenerse en ese organismo, Caracas demuestre que va a cambiar de actitud.
Para ello, le piden “la liberación inmediata” de los opositores presos “por ejercer sus derechos de opinión y manifestación pacífica” y que acepte “la integración en la misión de seguimiento electoral de UNASUR de todos los expertos independientes y cualificados, enviados por la OEA, la UE y otras organizaciones internacionales” en los comicios legislativos.
Tres de estos cuatro países representarán a Latinoamérica y el Caribe durante tres años en el Consejo.
(Con información de AFP)
