BUENOS AIRES, ARGENTINA.— “Aquí todos roban”, dice en voz alta un hombre mayor en la fila de un supermercado en la zona de Belgrano, un barrio de clase media acomodada de la capital argentina. Las palabras se repiten, más o menos con la misma insistencia a lo largo de las conversaciones en las zonas urbanas de Argentina. “Este es un Estado fallido, no hay controles y los gobernantes hacen lo que quieren”, alecciona un taxista en una de las avenidas de Buenos Aires. “Son mentiras de los medios, que protegen a los verdaderos corruptos”, responden desde el oficialismo.

Según su inclinación política, muchos argentinos están convencidos de que el país se encuentra hundido en la corrupción, un factor que se ha convertido en un tema insoslayable en los debates políticos rumbo a elecciones presidenciales del próximo domingo 25 de octubre.

La percepción de corrupción en Argentina, mostrada en el índice anual de Transparencia Internacional, supera a otros países de la región como Chile, Brasil, Colombia y México. Los argentinos están convencidos de que su clase política tiene como actividad principal el desvío de fondos, ya sea para campañas políticas o para provecho personal.

El principal blanco de los medios de comunicación son los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, quien deberá dejar la presidencia el próximo 10 de diciembre después de un total de doce años en el poder, cuatro de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y dos periodos continuos de su viuda Cristina, entre 2007 y 2015.

Desde el oficialismo advierten que las diversas acusaciones forman parte de una campaña sucia contra la presidenta. Sin embargo, tampoco el gobierno y sus defensores han perdido la oportunidad de lanzar acusaciones similares contra el principal candidato opositor, Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la capital, por supuestos negocios turbios en la ciudad de Buenos Aires.

Durante meses, las campañas presidenciales argentinas se mantuvieron dentro de los límites diseñados por estrategas, analistas y politólogos, que mostraron candidatos educados y sonrientes. Pero en la recta final de las elecciones, las buenas maneras saltaron por los aires.

Fiel al temperamento argentino, el debate es apasionado y el tono subido, no se ahorran insultos ni acusaciones. De ser cierta aunque sea una mínima parte de las denuncias por corrupción que se han lanzado ambos bandos, el panorama sería el de una Argentina en la que la clase política se ha enriquecido con empresas fantasmas, jueces que perdonan o actúan por conveniencia, lavado de dinero, desvío de fondos oficiales y hasta acusaciones de complicidad entre políticos locales y cárteles mexicanos.

La disputa electoral es en gran medida una lucha territorial entre la ciudad de Buenos Aires y la vasta entidad que la rodea, la provincia de Buenos Aires.

El candidato que encabeza las encuestas es el oficialista Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la amplia zona que rodea a la capital con 11.8 millones de votantes y que por sí sola representa un tercio del total del padrón electoral argentino, de 32 millones de personas. Scioli cuenta con el pleno apoyo de la presidenta y la mayoría del poderoso aparato peronista, que controla las zonas más pobres, las ciudades medias y las áreas rurales.

El principal candidato opositor es Mauricio Macri, el alcalde de la Capital Federal, Buenos Aires, un distrito que cuenta con sólo 2.5 millones de electores. Macri es liberal de derecha, expresidente del club Boca Juniors. Tiene a su favor las zonas urbanas y, sobre todo, un amplio sector de clase media, aquellos que se muestran más sensibles a las acusaciones por corrupción oficial.

Un tercer jugador es Sergio Massa, un exministro de Kirchner convertido en un fuerte crítico del gobierno, alcalde de una zona menor de la provincia de Buenos Aires, pero que junto a municipios aledaños opositores concentra una población de alto poder adquisitivo.

LA PRESIDENTA HOTELERA

“Este es un gobierno de chorros (ladrones)”, sentencia Jorge Lanata, el periodista más popular de Argentina, quien cobró fama en la década de 1990 como un incorruptible investigador de los malos manejos del entonces presidente, Carlos Saúl Menem. Ahora es un fiero acusador del gobierno de Cristina Kirchner, al que señala como “más corrupto y más chorro que cualquier otro”.

Desde su programa dominical de televisión, Periodismo para todos,o en su emisión diaria de radio, el Gordo Lanata practica una mezcla de ironía, palabrotas, humo de cigarrillo y acusaciones contra funcionarios del actual gobierno.

Lanata puso sobre la mesa varios temas que han sido utilizados por la oposición como argumentos sobre la corrupción oficial. Entre ellos, el más reciente es el llamado Caso Hotesur, por el nombre de la empresa familiar de los Kirchner, que maneja cuatro hoteles ubicados en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur del país.

A partir de una investigación de Lanata se reveló que la empresa estaba atrasada en el pago de impuestos y que había alquilado habitaciones del hotel a empresarios amigos como Lázaro Baez, por un monto de aproximadamente un millón de dólares por dos años. Otro empresario, Osvaldo Sanfelice, socio del hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, alquiló después los mismos habitaciones desocupadas por una cifra similar.

Desde el oficialismo afirman que esta es una práctica normal entre empresarios turísticos, en la que los hoteles venden paquetes que luego estos se encargan de comercializar. Desde la oposición afirman que se trata de una forma de lavar dinero a través de testaferros y que el dinero pagado por los empresarios proviene de desvíos de fondos oficiales.

“Existe esa causa penal donde se investigan las irregularidades e inconsistencias de las declaraciones patrimoniales y los negocios hoteleros de la presidenta y de su familia” explica la diputada Margarita Stolbizer, también candidata presidencial, en entrevista con Newsweek en Español: “Está comprobado que uno de los principales contratistas de obra pública ha pagado sumas millonarias a la presidenta, lo que podría ser una devolución de favores o retorno de dividendos”.

Stolbizer agrega que entre las irregularidades se encuentra el hecho de que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas contrata paquetes turísticos en los hoteles privados de la presidenta. “Esto constituye como mínimo delito de abuso de poder y negociaciones incompatibles con la función pública”, afirma.

El juez que investigaba la causa Hotesur, Claudio Bonadío, fue apartado en medio de acusaciones por mal desempeño, algo que para el periodista Nicolás Wiñazki, un colaborador del programa de Lanata, es resultado de una clara presión del gobierno de la justicia para evitar ser procesados.

“Los Kirchner nunca estuvieron en el negocio hotelero”, explica Wiñazki, “pero en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se integra la sociedad Hotesur como una forma de lavar dinero y pagar favores políticos”.

La acusación se suma a una larga serie de casos que involucran a funcionarios de gobierno. El actual vicepresidente en funciones, Amado Boudou, se encuentra sometido a proceso judicial por diversas acusaciones de corrupción, entre ellas el llamado caso Ciccone, por haber comprado a través de un testaferro la empresa privada encargada de la impresión de papel moneda para el país.

“Imagínate —comenta Wiñazki—, el número dos del gobierno se hizo dueño de la máquina de hacer billetes”.

Otra acusación involucró a Aníbal Fernández, actual jefe de gabinete, un cargo que funciona como una suerte de secretario de Gobernación. Fernández, sin parentesco con la presidenta, actual candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue señalado en el programa de Lanata como el jefe de la mafia de la efedrina, que importaba esta sustancia a Argentina para reenviarla a los cárteles de México.

Muchas de las causas investigadas se desvanecieron en los tribunales, pero mientras que para los defensores del gobierno esto es una muestra de la falsedad de las acusaciones, para los acusadores es una demostración de la manipulación de la justicia por parte del gobierno.

Hasta el momento sólo dos casos han podido ser comprobados, el del exministro de Transportes, Ricardo Jaime, condenado por actos de corrupción y sobornos, y la exministra de Economía, Felisa Miceli, quien fue descubierta en 2007 con un fajo de billetes en el baño de su oficina, los cuales llegaban directamente a su bolsillo provenientes del Banco Central.

EMPRESARIOS AMIGOS

Del otro lado, también el oficialismo ha lanzado sus más potentes misiles por supuesta corrupción contra su principal oponente, el empresario Mauricio Macri. El escándalo contra Macri comenzó cuando se descubrieron contratos no publicados que involucraban al principal comentarista de futbol de la cadena Fox Sports, Fernando Niembro, quien conformó una empresa por la cual obtuvo cientos de contratos directos con la ciudad de Buenos Aires, por un total de 2.5 millones de dólares en dos años.

Niembro apareció luego como candidato a diputado por la fuerza política de Macri, con quien había hecho negocios millonarios. A causa del escándalo, Niembro terminó renunciando a su candidatura.

La legisladora local Gabriela Cerrutti, una de las más fuertes acusadoras de Macri, sostiene que esta es sólo la parte más visible de una práctica que involucra a muchos de los amigos empresarios del jefe de gobierno.

Una de las causas más recientes contra Macri es por la supuesta compra de publicidad en emisoras de radio de provincias por varios millones de pesos, los cuales nunca llegaron a su destino. Los gastos, publicados en las páginas de internet del gobierno local, fueron desmentidos por los dueños de las radios, quienes aseguran no haber recibido el dinero que aparece en la información oficial.

Aunque Macri se defendió con el argumento de un error de captura en la información en página del gobierno de la ciudad, las sospechas se multiplicaron.

“El caso de Niembro muestra cómo se llevan la guita (dinero)”, acusó Cerruti ante los medios. “Hacen una empresa entre tres o cuatro amigos y se adjudican contratos sin dar ninguna información pública, hay muchos mecanismos similares”.

Según la diputada, en este caso se encuentran varios empresarios ligados a Macri, a los que el jefe de gobierno ha reconocido en su declaración jurada haberles prestado dinero, quienes luego aparecen como prestadores de servicios en la capital.

“En el caso de Macri las encuestas muestran una baja de entre uno y dos puntos porcentuales en intención de voto después de las acusaciones de corrupción”, afirma Roberto Bacman, uno de los analistas más cercanos al gobierno de los Kirchner. “Sin embargo, creemos que esto no será determinante y la gente votará una vez más por el bolsillo, por los beneficios que haya obtenido en el rumbo de la economía”, explicó en entrevista.

Bacman, director del Centro de Estudios de la Opinión Pública (CEOP), afirma que Scioli aún no cuenta con el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta, pero que se acerca mucho. “Scioli ya tiene el 41 por ciento de los votos y Macri está bajando”, anticipa Bacman.

LISTAS, SÁBANA Y CLIENTELISMO

Una de las principales promesas de campaña de Néstor Kirchner en 2003 que nunca se cumplió fue la de llevar adelante una reforma política. Y es que el sistema electoral argentino parece construido a la medida para conseguir una perpetua mayoría del peronismo, la principal fuerza política del país. Para ganar la presidencia basta superar el 40 por ciento de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el contrincante más cercano, o bien, conseguir el 45 por ciento sin importar el lugar que ocupen los demás candidatos.

En el Poder Legislativo todos los diputados son elegidos por un sistema plurinominal llamado “listas sábana”, un listado de candidatos cuyo cupo depende del porcentaje de votos que alcance el partido que los postula. Por este sistema, la cantidad de votos que obtenga el líder de cada partido se convierte en un porcentaje seguro de asientos en la Cámara de Diputados.

A esto se le suman las acusaciones de clientelismo, por la fidelización de los votantes en zonas pobres, ya sea a cambio de dádivas o por presiones.

“El clientelismo es un factor que está presente desde siempre, sobre todo en provincias, donde ha existido una fuerte dependencia de los cacicazgos locales en cada territorio”, advierte Roberto Bacman. “El peronismo ejerce un liderazgo bastante feudal, territorial, y esto se ve en el Buenos Aires profundo y en otras provincias”.

Por su lado, el periodista Nicolás Wiñazki, colaborador de Jorge Lanata, señala que en el actual gobierno el clientelismo bordea el fraude. “El uso de recursos para conseguir el voto en algunas provincias ya es pornográfico”, dice Wiñazki en diálogo con Newsweek en Español.

Un reportaje de Wiñazki para el programa de televisión mostró el reparto de bolsas de comida o de regalos a cambio de votos, y su investigación llegó incluso a ser empleada como argumento legal por dos jueces de la provincia de Tucumán, que intentaron anular las elecciones en una decisión que después fue revertida por la Corte Suprema de esa provincia, con mayoría de jueces oficialistas.

LOS CANDIDATOS

El candidato que lleva la ventaja para todos los encuestadores es el oficialista Daniel Scioli, un explayboy y campeón mundial de lanchas de carrera, quien sufrió un grave accidente en una competencia en 1989 y por el cual sufrió la amputación del brazo derecho.

Scioli es hijo de un exempresario local de electrodomésticos, cuya marca Casa Scioli fue emblema de la Argentina desarrollista, pero que sucumbió ante el capitalismo salvaje de las década de 1980 y 1990. Tras el accidente, Scioli se inició en la política como uno más de los deportistas y celebridades convocadas por Carlos Menem, que también incluyeron al automovilista Carlos Reutemann y al cantante Palito Ortega, entre otros.

Scioli sobrevivió al menemismo (1989-1999), fue secretario de Deportes bajo el breve gobierno interino de Eduardo Duhalde (2001-2003) y vicepresidente en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). El motonauta aparecía para Kirchner como una tabla de salvación, cuando el aparato territorial del peronismo le daba la espalda. Sin embargo, no hubo buena relación entre ellos, debido a los intentos de Scioli por llevar adelante una agenda propia, más conciliadora y cercana al peronismo tradicional.

Su destino tras el fin del gobierno de Kirchner fue el gobierno de la poderosa provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país y un bastión inexpugnable del peronismo. Pero por si no bastara con la fuerza del peronismo y la militancia juvenil kirchnerista, Scioli tiene un arma secreta en su esposa, la exmodelo Karina Rabollini, una figura de la televisión y la farándula que goza de gran popularidad en los medios y que se ha encargado de suavizar ante la clase media el aspecto duro y poco refinado de los “muchachos peronistas”.

El estilo de Scioli es mucho más conciliador que el de los Kirchner, lo cual genera la incógnita respecto a si en caso de ganar mantendrá su fidelidad al kirchnerismo o si romperá con su mentora Cristina Kirchner, para apoyarse en un sector más conservador de la sociedad.

La principal apuesta de los candidatos de oposición es que Scioli no consiga los porcentajes necesarios para ganar este domingo y se haga necesaria una segunda vuelta, que debería realizarse durante los treinta días siguientes a la primera votación. Solamente en ese caso, y si se sumaran los votantes de los demás candidatos, Scioli podría perder la presidencia.

En la recta final, los principales candidatos no mencionan el tema de la corrupción y no han presentado propuestas para enfrentar el problema, en cambio dan sus últimos intentos por capturar los votos indecisos mostrando un rostro fuerte y diferenciado.

Mientras que Scioli encara su última semana con una actitud conciliadora y abierta a los empresarios, Macri intentó acercarse al peronismo de la manera más brutal: inauguró en el centro de Buenos Aires una estatua dedicada a Juan Domingo Perón, el histórico líder populista argentino.

Massa, quien ha mostrado mayor agresividad, ha puesto la inseguridad en el centro de sus argumentos. Entre estos promete una solución a la mexicana para lo que percibe como el mayor peligro para el país: el empleo del Ejército y la declaración de una “guerra contra el narco”.

Las elecciones, de voto obligatorio, convocarán a poco más de 32 millones de electores a partir de los dieciséis años. Se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y todo indica que, gane quien gane, el oficialismo seguirá presente en el país con mayoría parlamentaria.