La Fiscalía General del Estado dio a conocer una actualización sobre la sentencia condenatoria en primera instancia en contra de Francisco Javier Chávez Rangel, quien se desempeñó como titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre.
Luego del fallo condenatorio en primera instancia, en ejercicio de los derechos que le asisten como inculpado, la defensa del ex funcionario interpuso un amparo directo, que se resolvió en sentido negativo, lo que hoy representa que la sentencia se cumpla de conformidad con lo establecido en primer término por el tribunal que conoció de la causa conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.
La carpeta de juicio establece que el sujeto otorgó tres contratos de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios a una reconocida firma de abogados de nombre ‘Collado y Asociados’, para lo que destinó la cantidad de 7 millones 420 mil pesos, por concepto de defensa para la institución en dos juicios: el primero radicado en el Juzgado Quinto Mercantil y el segundo en el Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México.
Pese a la contratación, el referido despacho no realizó ningún acto procesal a favor de la institución pública, ya que toda la defensa se llevó a cabo por el área jurídica del propio ente con plaza presupuestal.
Además, en las cláusulas, se designó al entonces director jurídico del IEA, como responsable del seguimiento y cumplimiento de los servicios otorgados por parte del prestador; responsabilidad que omitió, lo que derivó en que, a pesar de la fuerte cantidad invertida para tal efecto, la defensa no se llevara a cabo.
Fue así como se obtuvo una sentencia condenatoria en primera instancia en contra de quien se desempeñara como servidor público, en la que se establece que compurgará una pena de dos años de prisión, el pago de una multa de 3 mil 188 pesos y 50 centavos, además del resarcimiento económico de 7 millones 420 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor del IEA y un año de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Finalmente, cabe reiterar el compromiso social adquirido desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), para procurar justicia a los agraviados en el catálogo de delitos que atiende.
