Diversos medios de comunicación, analistas y diputados han
levantado la voz para que se revise la compra y distribución de las pantallas
de televisión digitales ante el próximo apagón analógico, ya que consideran
existen diversas irregularidades.
Y es que los recursos de compra son mayores a 19 000
millones de pesos asignados a cinco proveedores, además señalan que se infló el
precio.
ESPECIALISTA EN REOS, EMPRESA RECAUDADORA DE LOS DATOS
La firma de consultoría Código Empresarial SA de CV (Human
Factor), a la que se adjudicó el contrato para recopilar datos de los
beneficiarios de televisores digitales, con motivo del llamado apagón
analógico, se especializa en la creación de software, hardware y electrónica en
proyectos que han resultado exitosos en diversas áreas, pero destaca la de
justicia penitenciaria, como prisiones de máxima seguridad, cárceles, juzgados,
laboratorios criminales, estaciones de policía y cuartos de control, entre
otros, según se advierte en su página web.
Fundada en 1992, Código Empresarial está asentada en la
ciudad de México, en la calle Colima No 426, colonia Roma. Tiene un centro de
operaciones en la calle Ignacio Allende 244, colonia Argentina Antigua, en la
delegación Miguel Hidalgo. También cuenta con oficinas en Miami y Colombia.
De acuerdo con su sitio de Internet, además de ofrecer
servicios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en materia de
transición digital terrestre, también da atención a las secretarías de
Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), aunque no detalla qué tipo de servicios les
ofrece.
De acuerdo con la licitación pública nacional electrónica
No. LA-009000987-N35-201, por la que la SCT contrató a la empresa de
consultoría Código Empresarial SA de CV (Human Factor), el programa de trabajo
considera la entrega de 7.1 millones de televisores digitales a los hogares de
escasos recursos definidos por la Sedesol en 28 entidades del país.
En el documento se obliga a la empresa a contar con la
infraestructura de almacenamiento de la base de datos para evitar la pérdida de
información relacionada con el proyecto. Además, la SCT debe entregarle 10 días
antes del inicio de la operación, mediante una acta de entrega recepción y un
convenio de confidencialidad, las bases de datos de los beneficiarios del
programa TDT.
Asimismo, se señala que el licitante entregará a la
dependencia, al término de los servicios o cuando ésta lo requiera, la base de
datos consolidados con la información registrada, así como cualquier tipo de
evidencia de la entrega de beneficios, al término del contrato.
Los datos de los beneficiarios que se obtengan durante el
enrrolamiento, se agregarán al sistema y formarán parte del expediente digital
del beneficiario. Entre otros aspectos señala que se deberán tomar las huellas
dactilares de ambas manos.
Además del DF, se entregarán en municipios de
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas. Chihuahua,
Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
ALZAN LA VOZ EN EL
SENADO, INFLAN PRECIOS EN LA COMPRA DE UNIDADES
La senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) exigió desde mayo que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) aclare la asignación de contratos de
pantallas de televisión, y criticóque se otorgarán en pleno proceso electoral.
Lamentó que la aplicación de la política de televisión
digital sirva de pretexto “para que unas cuantas empresas hagan negocios,
sin que se cumpla con las necesidades de cobertura en la aplicación del apagón
analógico.
Dio cuenta de que la última licitación pública nacional de
la SCT (LA009000987-N19-2015) preocupa a su bancada en Senado porque incluye a
Tiendas Soriana S.A. de C.V. entre las empresas que han ganado prever de
pantallas que reemplazarán los antiguos televisores.
Más preocupa a Padierna, porque en las elecciones de 2012,
el PRD acusó a Soriana de estar implicada en lo que los perredistas dijeron fue
la compra y coacción del voto.
En otro aspecto, dijo que dos millones 657 mil pantallas
fueron compradas en 6 231 millones de pesos, con lo que cada aparato costó más
de 2400 pesos, cuando debieron tener un precio de menos de 1900 pesos por
unidad.
Por si fuera poco, “la distribución de estos
televisores digitales a hogares de escasos recursos se hizo en plena época de
campaña electoral, a través del padrón de la Sedesol, en los estados de México,
Puebla, Tlaxcala y en el Distrito Federal”.
Dijo que la SCT, como el Instituto Federal de
Telecomunicaciones tiene responsabilidad de informar al Senado sobre el
cumplimiento de una cobertura de 90 por ciento, como mínimo.
¿EN MANOS DE QUIÉN
QUEDAN LOS DATOS PERSONALES DE LA POBLACIÓN?
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ernestina Godoy, cuestionó que las
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes
(SCT) hayan entregado a la empresa de consultoría Código Empresarial SA de CV
(Human Factor) la tutela de los datos personales de la población a la que
otorga televisores con motivo del llamado apagón analógico.
De acuerdo con la legisladora del partido Morena, ninguna de
las dos dependencias federales publicó las reglas de operación para la entrega
de 7.1 millones de televisores en diversos estados de la República. En el caso
del Distrito Federal planean entregar 849 mil 84 pantallas digitales: 200 mil
en Iztapalapa, 145 mil en Gustavo A. Madero y 24 mil en Miguel Hidalgo.
Sin reglas de operación, la licitación pública nacional
electrónica No. LA-009000987-N35-201 es la única fuente de información que
tenemos. En ésta se señala que los beneficiarios serán quienes reciben los
programas sociales federales, afirmó.
La licitación estipula que esta empresa deberá implementar
todos los mecanismos para recabar la información de los beneficiarios, la cual
estará bajo su resguardo hasta que concluya la entrega de los equipos
digitales. Una vez terminado su trabajo de integración, la información pasará a
posesión de las dependencias del gobierno federal y los archivos de origen
serán destruidos, indicó Godoy al emitir un pronunciamiento al respecto.
Sin embargo, mientras termina ese proceso, los datos personales
de los beneficiarios serán responsabilidad de una empresa privada. De ahí que
una licitación no sustituye las responsabilidades de las autoridades federales,
precisó.
De igual manera, comentó, deberán señalar los motivos por
los cuales requieren la fotografía y huellas dactilares, si para ser
beneficiario del programa de transición a la televisión digital terrestre (TDT)
la licitación antes mencionada establece como requisito ser integrante de
alguno de los programas sociales federales.
Se supone que los datos personales de los beneficiarios de
los programas sociales, como identificación oficial, clave única de registro de
población (CURP) y comprobante de domicilio, entre otros, deben estar
integrados en el padrón único de la Secretaría de Desarrollo Social; de lo
contrario, esta dependencia deberá explicar qué ha hecho con la información
recabada durante la presente administración, añadió la legisladora.
Ernestina Godoy señaló que las autoridades del gobierno
federal pueden ser enjuiciadas por violación a los derechos humanos y por
entregar la tutela de los datos personales a una empresa privada. Añadió que el
fichaje de las personas exige una investigación profunda, así como auditorías y
sanciones ejemplares.
De acuerdo con su página web, la empresa de consultoría
Código Empresarial ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras para la
administración de la identidad, entre otros servicios.
TOMA DE HUELLAS DE
TODOS LOS DEDOS Y FOTOGRAFÍA DIGITAL, ENTRE LOS REQUISITOS
Los requisitos impuestos por las secretarías federales de
Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la
entrega gratuita de un televisor –como parte del programa de transición a la
televisión digital terrestre (TDT)– a habitantes de las delegaciones políticas
de esta ciudad son desproporcionados y excesivos, afirmó Mucio Israel
Hernández, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos del Distrito Federal (Infodf).
Y es que entre los requisitos están: ser beneficiario de
algún programa social (únicamente 65 y más, Liconsa y Progresa), toma de
huellas dactilares en los 10 dedos de las manos, captura de fotografía digital
de cara, correo electrónico (de tener) y teléfono, credencial de elector y
comprobante de domicilio.
En entrevista para La
Jornada, emplazó a las dos dependencias del gobierno federal a
transparentar las reglas de operación de esos esquemas de apoyo, así como a
informar a los beneficiarios por qué y para qué les toman las huellas de ambas
manos, les toman fotografías, les piden número telefónico, comprobante de
domicilio y la credencial de elector.
Resaltó que ese cúmulo de requisitos rompe con la protección
de datos personales, pues, no obstante que le exigen todos esos requisitos, a
la gente no le dicen quién mantendrá bajo resguardo sus datos biométricos y no
les dan garantías de que no se les vaya a dar un mal uso.
Mucio Israel Hernández expresó que en esta ciudad y en todo
el país hay un vacío normativo en cuanto a la recabación de datos personales
por las autoridades federales, por lo que ese asunto deberá ser un tema a
analizar y reformar en las leyes de datos personales.
El presidente comisionado ciudadano del Infodf indicó que
con la credencial de elector –que contiene nombre, dirección y fotografía de la
persona– hubiera sido suficiente para llevar a cabo el programa de entrega de
televisores digitales, pero tanto la Sedesol como la SCT optaron por imponer
requisitos que son excesivos, desproporcionados y poco pertinentes, a lo cual
se suma la falta de explicación a la gente de para qué tanto documento y tantas
huellas.
Lo que mínimamente tendrían que haber hecho esas secretarías
federales es explicar a la gente por qué esos requisitos, pues son datos
biométricos que requieren de un cuidado especial, de contar con medidas de
seguridad para que nadie ajeno pueda acceder a su base de datos, añadió.
(Con información de La
Jornada y El Imparcial)
