El año pasado, cuando Joanne Jones supo que su hijo Nate había sido arrestado, lo último que le preocupó fue la cuenta del teléfono. La policía en San Marcos, Texas, lo había acusado de robo agravado, pero cuando Jones trató de llamarle a la cárcel, rápido se percató de que le iba a costar a ella. Había una “cuota administrativa inalámbrica” de 3.99 dólares y una cuota de “no uso” de 2 dólares, sin mencionar el costo de la llamada, alrededor de 10 dólares por una conversación de quince minutos.
En el último año, Jones de sesenta años, una terapeuta ocupacional en Warwick, Rhode Island, ha acumulado más de 1000 dólares hablando con su hijo tras las rejas. El dinero va a Securus Technologies, una compañía domiciliada en Texas que es uno de los más grandes actores en la industria de tecnología para prisiones. La compañía emplea a mil personas en 46 estados, tiene contratos con 2600 cárceles y prisiones a lo largo y ancho de Norteamérica y da servicios a más de un millón de personas. Todos los días, los reclusos y sus familias hacen alrededor de 400 000 llamadas en teléfonos de Securus, según declaraciones de la compañía. Y como no tienen más opción que usar al único proveedor en su cárcel o prisión, el negocio ha florecido.
Pero los críticos dicen que la compañía, junto con la industria en general, está enriqueciéndose mediante cuotas exorbitantes y tratos preferenciales con los alguaciles locales. “Esto se trata de pasar el costo de la policía estatal a las espaldas de la gente pobre que es vigilada”, dice Paul Wright, director ejecutivo del Centro de Defensa de Derechos Humanos.
Securus afirma que no está haciendo nada malo. Los ejecutivos de la compañía dicen que sus negocios no son ampliamente rentables y que sus márgenes son comparables a los de otras operadoras telefónicas como Verizon y AT&T. Pero documentos filtrados de una presentación de Securus a inversionistas, publicados originalmente por The Huffington Post, muestran que en 2014 Securus tuvo 114.6 millones de dólares en ganancias sobre ingresos de aproximadamente 404 millones de dólares, márgenes comparables a los de compañías como Apple y Google. En un correo electrónico, el director ejecutivo de Securus, Rick Smith, dice que el sitio en la red recibió la presentación “ilegalmente”, y en una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), un abogado escribió, sin profundizar, que “las cifras expuestas en el artículo simplemente eran incorrectas o se tomaron en el contexto incorrecto”.
De cualquier manera, la FCC ahora vigila de cerca la industria. Para finales de este verano, aumentará sus regulaciones al negocio de los teléfonos en prisiones. Las nuevas normas podrían reducir las tarifas para los reclusos y sus familias, y reducir la cantidad de dinero que los alguaciles reciben de las cuotas cobradas por estas llamadas. Como dice Mignon Clyburn: “La gente debería ser tratada con la misma dignidad y respeto como sea posible, incluso si está encarcelada”.
Un gran blanco potencial de la FCC son los miles de millones de dólares en comisiones que las compañías como Securus les pagan a los alguaciles locales. Los administradores de cárceles y prisiones dicen que les cuesta dinero el permitirles hablar por teléfono a los reclusos, ya que necesitan pagarles a los guardias para que monitoreen las llamadas. Pero las cuotas parecen inusualmente altas; algunos alguaciles podrían recaudar hasta 90 por ciento del ingreso por llamada, lo cual puede sumar millones de dólares al año. Y hay poca supervisión una vez que el dinero está en el banco. “Toda presentación que he visto de los alguaciles se trata del dinero”, dice Wright. “No les importa un carajo la seguridad.”
En el último año, más de doscientos alguaciles han presentado cartas a la FCC, amenazando con arrancar los teléfonos de la pared si el gobierno les quita las comisiones. “No tienen que proveer un servicio de llamadas”, dice Jonathan Thompson, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alguaciles. El tamaño de las comisiones —y el precio al que las compañías como Securus colocan sus tarifas— a menudo son grandes factores para ganar los concursos en cárceles y prisiones. En la cárcel del condado Hays, donde está encarcelado el hijo de Jones, Securus cobra 9.29 dólares por cada llamada de quince minutos que coloca, el tiempo máximo que a los reclusos se les permite usar el teléfono. Pero en 2011, el San Marcos Mercury reportó que Securus paga hasta 58 por ciento de eso, 5.39 dólares, a la Oficina del Alguacil del Condado Hays.
Esta relación se ha vuelto un buen gancho de venta para las compañías de teléfonos en prisiones. En los últimos diez años, afirma Securus, ha generado alrededor de 1300 millones de dólares en comisiones para los alguaciles locales. Pero críticos como Peter Wagner, director ejecutivo de la Iniciativa por una Política Carcelaria, dice que las comisiones son el porqué de que a los reclusos les sea tan caro hacer llamadas. Wagner dice que Securus y otras compañías de tecnología para prisiones tienen “un incentivo financiero en asegurarse de que las tarifas sean tan altas como sea posible”.
Si Securus paga comisiones tan altas, ¿cómo es posible que tenga ganancias sustanciales? La respuesta, dicen los analistas, es simple: las compañías de tecnología para prisiones han aumentado las cuotas para recuperar los ingresos perdidos de las comisiones. “En vez de realmente vender servicios telefónicos y hacer dinero como una compañía telefónica”, dice Wagner, “las llamadas telefónicas son sólo un truco con el fin de cobrar las cuotas, porque allí es donde en verdad está el dinero.”
Securus parece estar enriqueciéndose con las cuotas, las cuales no están incluidas en las comisiones a los alguaciles. “Las compañías que juegan el juego de las cuotas parecen generosas porque comparten hasta 99 por ciento del ingreso por tarifas con las instalaciones”, escribió Wagner en un reporte de junio. “Pero esa ‘generosidad’ sólo es posible porque la compañía está ocultando el ingreso que recauda de las cuotas.”
Los inversionistas todavía parecen entusiasmados. En 2013, Abry Partners de Boston compró una participación importante en Securus por 640 millones de dólares,
valuando a la compañía en alrededor de 1000 millones de dólares. Al mismo tiempo, Securus se ha expandido a toda una variedad de servicios nuevos, incluidas visitas en video y monitoreo electrónico. En los últimos 39 meses, Securus ha comprado trece compañías, y recientemente abrió un “centro de tecnología” de 10 000 pies cuadrados para exhibir sus productos nuevos.
Pero el crecimiento reciente de Securus podría verse interrumpido por las nuevas regulaciones. En vísperas de la decisión de la FCC, decenas de estadounidenses han enviado cartas a Washington instando a actuar. El negocio de los teléfonos en prisiones “está plagado de codicia, especulación desvergonzada y la explotación de consumidores vulnerables”, escribió Michael Hamden, un abogado de Carolina del Norte, previamente este verano. “Los ejecutivos de la industria se han coludido con profesionales de las correccionales para estafarles millones de dólares a los prisioneros y sus familias.”
Joanne Jones está de acuerdo. Recientemente le escribió dos cartas a Smith, instándolo a reducir el costo para familias que tratan de hablar con sus seres queridos tras las rejas. Smith, dice ella, todavía no le ha respondido (él también se negó a comentar el caso de Jones). “Me enferma”, dice Jones. “Sus cuotas y sus tarifas son poco éticas e inmorales, y simplemente no entiendo cómo se salen con la suya.”
