La letra con sangre entra. Por eso, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recibió una dura lección y fue enviada a examen extraordinario al reprobar en Civismo.

Desde hace veintitrés años, este grupo se apoderó de la educación en el estado de Oaxaca. Lo hizo a base del chantaje a los gobernadores en turno; con marchas, mítines y plantones que llevaron a la quiebra a cientos de negocios; y siempre con la amenaza cumplida de extender sus protestas a la capital del país.

Muchas eran las voces que exigían a los gobiernos local y federal ponerles un freno, ya que sus líderes han sido insaciables. Los 83 000 profesores de esa Sección gozan de noventa días de aguinaldo, prima vacacional, bonos de productividad, estímulos por puntualidad, tres meses de vacaciones, derecho a tres préstamos anuales, una canasta navideña y una despensa, apoyo de transporte, así como quinientas becas para hijos de trabajadores que se otorgaban discrecionalmente.

Cuando un empleado del sector educativo se jubilaba, renunciaba, moría o quedaba incapacitado, podía proponer a un tercero para ocupar su puesto. Para las plazas docentes, de directivos, supervisores o jefes de sector, se tenía que considerar al familiar consanguíneo o cónyuge para ocuparla.

Todas esas prestaciones se entregaban a pesar de que muchos no cumplían con su deber primario de estar al frente de un salón de clases. Los números no mienten. Durante el ciclo escolar que culminó el pasado 14 de julio, la Sección 22 suspendió actividades en 33 días y protagonizó 61 movilizaciones, lo que afectó a 950 000 estudiantes de educación básica.

De 201 días de clases, la organización que encabeza Rubén Núñez sólo cumplió con 168. En más de tres ocasiones, los maestros bloquearon las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca; durante seis días se apoderaron de las instalaciones de Pemex; realizaron al menos diez marchas masivas, y se movilizaron para boicotear las elecciones del 7 de junio.

Además, tomaron gasolineras, tiendas departamentales, casetas de peaje, edificios públicos y sedes de partidos políticos. Sus causas: la cancelación de la reforma educativa, la aprobación de su propia Ley Estatal de Educación, el rechazo a la evaluación docente, la contratación de los más de novecientos normalistas que egresan anualmente y el pago de los salarios descontados a los faltistas.

Finalmente, la administración de Gabino Cué “se fajó” y, respaldado por el gobierno federal, envió al congreso local un decreto para transformar de fondo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que, por lo menos en papel, significaría el fin de la Sección 22. ¿Será?

LECCIÓN 1: DEL ORIGEN DE LOS PRIVILEGIOS

El 28 de octubre de 1992, el gobernador Heladio Ramírez López creó el IEEPO como el organismo responsable de ejecutar los Programas Educativos Nacionales en el ámbito estatal, pero que en realidad significó darle a la Sección 22 el control de las plazas y el nombramiento de los funcionarios del Instituto.

Ya sea porque así se estableció en el decreto que le dio origen o por una cuestión de “usos y costumbres”, lo cierto es que requisito indispensable para poder aspirar a una plaza o al cambio de zona era ser miembro activo de la CNTE y contar con el aval del secretario general. Estaban descalificados a priori quienes participaron en alguna acción contra el movimiento o militaron en otra sección.

Ocho de cada diez mandos medios de la estructura del IEEPO “pertenecían” a la Sección 22 y se definió que serían “respetados en la forma y términos acordados con antelación, aun cuando cambie la estructura orgánica del Instituto”. Si un funcionario no respondía a sus intereses, tenía la facultad de removerlo.

Personal administrativo de confianza tenía claves docentes hasta con más de cuarenta horas clase, es decir, eran “maestros de tiempo completo”. Todos los trámites administrativos y docentes (registros, certificaciones, procesos de titulación, solicitudes de materiales y de becas) sólo se podían llevar a cabo mediante la entrega de “cuotas extraordinarias” (entiéndase sobornos) a la dirigencia sindical.

El ingreso, promoción y permanencia en el magisterio estaban sujetos a la participación en marchas, bloqueos y plantones. La Sección 22 “otorgaba” espacios nuevos para maestras y maestros sin avisar a la autoridad y sin que existiera presupuesto para pagarles. Luego, mediante el chantaje, obligaba a la autoridad a contratarlos.

Este organismo siempre impidió a los gobiernos estatal y federal que se le hicieran auditorías financieras bajo el argumento de la “autonomía sindical”. Tampoco existían mecanismos operativamente viables para descontar o sancionar a los faltistas.

Por si fuera poco, el gobierno de Oaxaca reconocía la personalidad jurídica de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos y de un Ministerio Público especial para investigar y perseguir los delitos que tuvieran como ofendidos y víctimas a docentes, con facultades para aplicar sanciones a los responsables.

Para atender las averiguaciones previas y los procedimientos penales, los maestros contaban con tres abogados designados por la Coordinadora, cuyos honorarios debía cubrir el gobierno estatal.

Ahora nos aseguran que todo eso se acabó. ¿Será?

LECCIÓN 2: DE LAS NUEVAS RESPONSABILIDADES

El anuncio hecho por el gobernador Cué, por lo menos en el papel, significaría el fin de todos esos privilegios y la posibilidad de que el estado retome la rectoría de la educación.

Los mandos del nuevo IEEPO ya no pertenecerán a la Sección 22; el personal docente ya no hará labores administrativas y tendrá que regresar a las aulas; los nombramientos se harán en función del desempeño y los cambios de adscripción responderán a las necesidades educativas de cada zona.

A decir del mandatario, a partir de ahora los beneficios laborales se conseguirán en las aulas; habrá planeación para evitar el crecimiento irracional de la nómina, y se practicarán auditorías. En una sola frase: no cobrará quien no trabaje. ¿Será?

LECCIÓN 3: DE LOS RETOS POR VENIR

Para que el nuevo IEEPO funcione y opere, se le debe blindar a fin de que aplique la reforma educativa, sancione a quienes la incumplan y no sea paralizado por las protestas que con toda seguridad realizará la Coordinadora.

De entrada se tendrá que establecer un sistema de cómputo para determinar las sanciones en caso de inasistencia, pues actualmente son los propios directores y supervisores (que pertenecen a la CNTE) los que las reportan. Por ejemplo, se podría implementar un registro de huella digital donde los maestros se registren.

También es necesario el uso de la tecnología para lograr la conectividad de las escuelas y dar otros elementos de enseñanza a niños y jóvenes.

La fórmula pareciera simple: (más) maestros / (menos) comisionados / (por) mayor preparación / (entre) alumnos con deseos de prepararse / (igual) eliminación de la CNTE.

Ojalá haya la voluntad política y la fuerza para aplicar en los hechos esta fórmula que podría poner fin a veintitrés años de impunidad magisterial. Los maestros a las aulas con los niños en las clases y no en las calles. Por el bien del país entero es deseable que así sea.