El 10 de julio, el Quinto Tribunal del Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans escuchó los argumentos legales sobre el controvertido decreto que el presidente Barack Obama presentó en noviembre para retrasar la deportación de los inmigrantes indocumentados. Al igual que en la mayoría de los casos de alto perfil, la controversia comenzó tan pronto como el tribunal levantó la sesión. El representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, habló por teléfono con los periodistas para promover los beneficios de mantener a esos inmigrantes en el país. Señaló que muchos de los extranjeros indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños prosperaron cuando Obama aplazó su deportación y les concedió permisos de trabajo mediante un decreto previo, emitido en 2012.
Es una lógica económica que contradice directamente los argumentos presentados ese día por los abogados que representaban los veintiséis estados gobernados por los republicanos, que demandaron al gobierno federal a finales del año pasado para que bloqueara la segunda ronda de aplazamientos. Eso, argumentaron los estados, sería una carga financiera excesiva para ellos.
Sin embargo, Obama no siempre puede contar con su propio partido para obtener su respaldo a la inmigración. Hace apenas unas semanas, el mismo joven congresista del área de San Antonio (que, para empeorar aún más las cosas, es el hermano gemelo de Julian Castro, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano) hablaba contra las políticas de inmigración de Obama, aunque se refería a asuntos diferentes. El congresista Castro acababa de visitar dos centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (o “campos de prisioneros”, como los describe Luis Gutiérrez, representante de Illinois) que alojaba a miles de mujeres y niños centroamericanos que habían cruzado la frontera en el último año buscando refugio contra la violencia que asfixia a la región. Castro advirtió que “la vida de las personas está, literalmente, en el límite”.
Castro y sus compañeros demócratas han instado a la Casa Blanca a cerrar dos centros de detención en Texas y uno en Pensilvania. También hay una demanda, presentada en una Corte Federal de Distrito en California, para cerrar esas tres instalaciones. El juez ha ordenado al gobierno que negocie una solución con los demandantes, y las partes deben llegar a un acuerdo a mediados de julio.
Tales son las políticas de inmigración en Estados Unidos. Grandes trozos de la política de inmigración de Obama están siendo atacados por la izquierda y la derecha, que incluye a Donald Trump, cuyos duros comentarios contra los mexicanos han causado problemas en los negocios, aunque también han impulsado su popularidad en un caótico campo de candidatos presidenciales republicanos.
Las dos batallas judiciales subrayan las propias contradicciones de la Casa Blanca con respecto a la inmigración ilegal. Sus abogados luchan para bloquear la detención y la deportación de familiares en el caso de millones de inmigrantes (en su mayoría mexicanos) que han estado en el país durante algún tiempo, mientras argumentan que es necesario ejercer esas mismas acciones con los centroamericanos que han cruzado la frontera recientemente. Este desorden no es culpa de Obama: él ha sido bloqueado por un Congreso que ha impedido la realización de una reforma integral de inmigración y, ahora, su intento más reciente de cambiar el status a través del Poder Ejecutivo está haciendo agua.
Y la más reciente retórica sobre la inmigración está al borde de la histeria, al tiempo que Trump lanza declaraciones incendiarias y las notas sobre el asesinato de una joven de San Francisco por un extranjero indocumentado aparecen constantemente en Fox News. No es un entorno prometedor para un presidente que trata de lograr un avance, aunque sea mínimo, en la reforma de inmigración antes de que termine su mandato el próximo año.
En noviembre, los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes no tuvieron muchas oportunidades de celebrar el decreto poselectoral de Obama, bautizado con el complicado nombre de Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes, o DAPA, por sus siglas en inglés. Fue un paso valiente para proteger de la deportación a más de 4 millones de inmigrantes indocumentados. En pocas semanas, más de una docena de estados republicanos habían presentado una demanda. En febrero, un juez de la Corte de Circuito de Texas ordenó una medida cautelar que impedía que el gobierno ejecutara la orden. La cita en la Corte de Nueva Orleans era para escuchar la apelación del gobierno federal.
Los liberales y los defensores de los derechos de los inmigrantes apoyan al gobierno de Obama mientras el caso DAPA serpentea a través de los tribunales, aun cuando luchan contra él en otro frente. La detención de familias, que forma parte de la respuesta de la Casa Blanca a la oleada de migrantes centroamericanos durante el verano de 2014, se ha convertido en un punto crucial. La gran cantidad de menores no acompañados y madres con niños pequeños, que en su mayoría buscaban refugio contra la violencia en sus países de origen, abrumó a los guardias fronterizos y a los funcionarios de aduanas. La respuesta del gobierno, un tanto movida por el pánico, consistió en restablecer una política que Obama detuvo cuando asumió el cargo por primera vez: encerrar a las familias.
Sin embargo, la detención de las personas que entran ilegalmente en Estados Unidos, con o sin hijos, ha sido una piedra angular del enfoque de Obama a la inmigración ilegal desde el principio. En un informe publicado en mayo por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y el Centro de Estudios Migratorios se señala que las cifras anuales de detención de inmigrantes han alcanzado niveles récord durante este gobierno. Desde 1995 ese número ha aumentado más de 500 por ciento, de aproximadamente 85 000 personas a 440 557 en 2013. Pero encerrar a las familias fue una pesadilla de relaciones públicas para la Casa Blanca, con su base hispana y sus aliados en el Capitolio como el representante Castro.
Sin embargo, la reacción a todas estas detenciones y deportaciones ha aumentado, y la Casa Blanca ha comenzado a hacer cambios. Como parte de su gran anuncio de inmigración de DAPA en noviembre, el gobierno de Obama también anunció una nueva política: “[Las] personas que entraron ilegalmente antes del 1 de enero de 2014, que nunca desobedecieron una orden previa de deportación y nunca fueron condenadas por un delito grave no serán prioritarias para ser deportadas”, señala el Departamento de Seguridad Nacional en su sitio web.
Y poco después de que Castro y otros siete legisladores demócratas visitaron los centros de detención, el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson emitió un comunicado en el que prometía reformas a la detención de familias que podrían hacer que muchas más mujeres y sus hijos alojados en los tres centros de detención de familias pudieran obtener su liberación mientras esperaban sus audiencias para obtener asilo. Es probable que haya más reformas en el camino, gracias al caso de Flores V. Holder, que se dirime en la Corte de Distrito de Los Ángeles. La jueza de distrito Dolly Gee emitió un fallo provisional confidencial en abril, obtenido por McClatchy, que fue muy crítico con la política del gobierno. Ella ordenó al gobierno que negociara una solución con los abogados de las mujeres detenidas que cumplieran con los estándares legales descritos por ella. Se espera que los resultados de esas negociaciones, que han estado bajo secreto sumario, se presenten ante la corte a mediados de julio.
Independientemente de cómo se resuelva, es probable que los dolores de cabeza de Obama, provocados por la detención de familias, persistan. Los activistas desean el cierre de los tres centros de detención, pero Judy Rabinovitz, directora de programas de detención y de aplicación de las leyes federales del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), afirma que el gobierno podría seguir combatiendo la liberación de las madres detenidas en los campamentos, aunque se vea obligado a liberar a sus hijos. Entonces la pregunta es: “¿Pueden separar a las madres de sus hijos?”
Un congresista demócrata señala que la línea dura del gobierno contra los inmigrantes centroamericanos es estratégica: la Casa Blanca esperaba obtener un poco de libertad en sus decretos que benefician a los inmigrantes indocumentados que ya han estado en el país durante años. En una reunión realizada en 2014 en la Casa Blanca, el presidente dijo básicamente que el gobierno tenía que ser “duro con los recién llegados”, dice el congresista. La Casa Blanca lo niega.
De cualquier manera, no parece haber funcionado. Obama aún tiene pocos amigos entre el grupo que está a favor de “construir la maldita valla”. Uno de los principales críticos republicanos del gobierno sobre este tema, el senador de Alabama Jeff Sessions, culpa a Obama por la afluencia de migrantes centroamericanos que dio origen a la renovación de la detención de familias. “Durante meses, la preocupación fue siempre cómo ayudar a las familias que entran ilegalmente al país,” declaró Sessions a Newsweek. En lugar de ello, añade, el presidente debió haber enviado un mensaje claro desde el principio: “Por favor, no vengan con sus hijos. Esto va a ser un desastre”.
El exfiscal de Alabama es también uno de los republicanos que vinculan la presunta clemencia del gobierno con el asesinato a tiros en San Francisco que ha generado una gran cantidad de titulares periodísticos. El inmigrante indocumentado Juan Francisco López-Sánchez le disparó a Kathryn Steinle después de ser liberado de una cárcel de San Francisco en abril. Había sido deportado cinco veces, pero San Francisco es una “ciudad santuario”, lo que significa que ha desairado a los federales en la aplicación de la ley de inmigración. Los críticos han destrozado al gobierno por no tomar medidas enérgicas contra las ciudades santuario.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que el asesinato ocurrido en San Francisco no debería considerarse como una justificación para arrastrar a más personas hacia el sistema legal estadounidense, a pesar de la grandilocuente declaración de Trump de que México exporta a sus criminales. Argumentan, en cambio, que ese caso muestra la necesidad de una reforma sistémica, algo que los republicanos de la Cámara bloquearon en 2013. Y esa es realmente la raíz de todos los nudos legales, la asignación de culpas y ahora la ansiedad sobre las ciudades santuario. El hecho de no haber podido reformar las leyes de inmigración de Estados Unidos ha dejado a la Casa Blanca de Obama con políticas contradictorias, decretos embotados por los tribunales y una gran inconformidad entre muchas de las partes, desde la ACLU hasta los expertos de Fox News. De todos los problemas que heredará el próximo presidente, esta puede ser la ciénaga política más profunda de todas.
