LA ALTA Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este martes que la decisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General socava gravemente la democracia y el estado de derecho en el país.
“La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. El debilitamiento de este importante sistema de frenos y contrapesos conduce a la erosión de los pilares del estado de derecho y, por lo tanto, del sistema democrático de un país ”, dijo la Alta Comisionada.
El 1 de mayo, la recién constituida Asamblea Legislativa salvadoreña destituyó a todos los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —cinco magistrados permanentes y sus suplentes— alegando que habían actuado de manera inconstitucional al pronunciarse contra los actos y decisiones del Ministerio de Salud en relación con la pandemia de COVID-19. Los legisladores también destituyeron al Fiscal General, citando sus vínculos con un partido de oposición.
Los magistrados y el fiscal general fueron reemplazados en cuestión de horas. La Alta Comisionada Bachelet dijo que las normas y estándares internacionales de derechos humanos estipulan que “los jueces pueden ser destituidos solo por motivos graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos justos que garanticen la objetividad e imparcialidad establecidos en la constitución o la ley”, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado.
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“El procedimiento seguido para destituir a todos los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General no cumplió con los estándares requeridos del debido proceso, lo cual es una violación del derecho internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial”, dijo.
“Los jueces y fiscales deben estar protegidos de injerencias e intimidaciones indebidas”, enfatizó Bachelet.
La Alta Comisionada también recordó que es obligación del Estado, incluidos los poderes legislativo y ejecutivo, acatar las decisiones judiciales, sean o no de su agrado.
“Lamentablemente, lo que vemos en El Salvador es la profundización de una tendencia alarmante hacia la concentración de poder. Recuerdo a todas las autoridades estatales la necesidad de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, restablecer el estado de derecho y la separación de poderes ”, enfatizó Bachelet.
Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este martes que su país “debe responder” ante la destitución de magistrados en El Salvador y que la independencia del poder judicial es “crítica” para la salud de una democracia.
“El Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación, la independencia judicial es crítica para la salud de una democracia y para tener una economía fuerte”, indicó Harris y afirmó que Estados Unidos “debe responder”.
En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó su “seria preocupación” y señaló que el fiscal general es “un socio efectivo” de Washington en la lucha contra la corrupción y el crimen. N
