BUENOS AIRES, Argentina.— Todos los que tenían algún grado de confianza con el fiscal argentino Alberto Nisman le habían dicho palabras similares. “¿No tenés miedo de que te maten? Cuidado, porque te estás metiendo en algo muy serio. Si seguís adelante, mejor anda consiguiendo una embajada muy lejos.”

El pasado 14 de enero, Nisman presentó la acusación más arriesgada de su carrera judicial. Señaló a la presidenta argentina Cristina Kirchner como la artífice de una negociación secreta con Irán para asegurar la impunidad de los terroristas acusados por el atentado con bomba cometido en 1994 contra la sede comunitaria judía en Buenos Aires, la AMIA, que dejó ochenta y cinco muertos y trescientos heridos.

Siete días después del atentado contra Charlie Hebdo en París, el fiscal Nisman regresó a Argentina de unas vacaciones en Europa para acusar a Cristina de complicidad con el terrorismo islámico. Otro de los acusados era el canciller argentino Héctor Timerman, miembro de la comunidad judía e hijo de un periodista emblemático, y quien había sido torturado durante la dictadura militar.

Nisman nunca presentó las pruebas ni alcanzó a llevar su caso ante un juez. Apareció muerto el 18 de enero, un día antes de acudir al Congreso argentino, donde una comisión de diputados lo esperaba para escuchar sus argumentaciones.

Nisman no podía sospechar que el “Je suis Charlie”, que resonaba en esos días en el mundo, se convertiría en cuestión de semanas en “Yo soy Nisman”, cuando él mismo apareció muerto en Buenos Aires.

Tormenta política no cesa

Casi tres meses después, el caso por la muerte del fiscal continúa sin resolverse. Las revelaciones sobre su vida y sobre la investigación se han convertido en los capítulos de una novela de misterio, que incluyen datos de la causa, fotografías de Nisman muerto y hasta información personal, como fotos de sus escapadas a Cancún en compañía de guapas modelos, así como la existencia de cuentas y propiedades no declaradas.

Las diputadas opositoras Patricia Bullrich y Laura Alonso, artífices de la programada comparecencia de Nisman en el Congreso, señalan que el gobierno argentino es responsable de la muerte de Nisman, ya sea por acción o por omisión.

“El Estado argentino no lo supo proteger”, dijo Alonso. “Lo callaron antes.”

Para muchos opositores al gobierno de Cristina Kirchner, la responsabilidad oficial va mucho más allá de simplemente no haber protegido al fiscal. En los días siguientes de la muerte de Nisman, miles de argentinos se manifestaron en todo el país con carteles que decían “Cristina asesina”, una certeza de la culpabilidad de la presidenta que muchos comparten hasta la actualidad.

Según Poliarquía, una de las empresas encuestadoras más conservadoras en Argentina, el efecto anti-Kirchner que se desató días después de la muerte de Nisman no se convirtió en un factor decisivo para la definición electoral de octubre de este año, cuando se votará por el sucesor de la actual mandataria.

“Al principio había una alta proporción de sospecha que se dirigía en contra de la presidenta y un 70 por ciento de los encuestados creían que el caso jamás se resolvería; sin embargo, actualmente no existe una consecuencia negativa clara de la muerte de Nisman en la credibilidad del gobierno: existe un 40 por ciento de apoyo a la gestión de la presidenta y otro 40 por ciento de rechazo; además, es un punto aún no establecido si esto se expresará en las elecciones presidenciales de octubre”, comentó Fabián Perechodnick, director de Poliarquía, en
entrevista con Newsweek en Español.

La investigación sobre la muerte de Nisman corre a cargo de la fiscal Viviana Fein, una mujer hasta ahora desconocida para la opinión pública que sigue adelante con un lento proceso de acumulación de pruebas.

Pero la tormenta política no se ha calmado. Determinar que se trató de un asesinato pondría en entredicho a la presidenta o sus partidarios, quienes supuestamente habrían “hecho callar” al fiscal.

Dictaminar un suicidio, en cambio, permitiría a los partidarios del oficialismo sostener la teoría de un complot encaminado a enlodar la imagen presidencial y que Nisman se mató al darse cuenta de su error y de que fue “usado” con una acusación falsa para socavar el gobierno.

Fue el Estado

Entre las interlocutoras de Nisman se encontraba la activista de derechos humanos Laura Ginsberg, líder de una de las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA.

“La muerte de Nisman fue un crimen político por el cual es responsable el Estado”, afirma en entrevista con Newsweek en Español.

Ginsberg hablaba regularmente con Nisman, a pesar de que lo acusaba de haber ignorado pruebas que señalaban la participación de los servicios de inteligencia locales en la causa por el atentado a la Mutual Judía de 1994.

“Siempre criticamos a Nisman, pero teníamos diálogo abierto con él”, comenta Ginsberg. “La última vez que lo vimos fue en octubre pasado, nos dijo que preparaba una revelación importante que nos daría parte de la razón, no dijo de qué se trataba, pero nosotros le contestamos, medio en broma, que si esto era verdad, mejor que fuera pidiendo una embajada muy lejos.”

La acusación de la que hablaba Nisman señalaba a la presidenta Cristina Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y al diputado oficialista Andrés Larroque, entre otros, de haber promovido un acuerdo con Irán para impedir la acción de la justicia sobre los sospechosos del atentado de 1994.

Oficialmente, Kirchner había promovido un memorándum de entendimiento con el país islámico, el cual fue aprobado por el Congreso en 2012, con el fin de conseguir que los sospechosos declararan ante un juez de un tercer país, para hacer avanzar la causa.

Pero Nisman consideró que ese memorándum suponía un “plan criminal de impunidad” organizado por la presidenta para proteger a los presuntos terroristas sobre los que había órdenes de captura internacional. Su punto débil es que la principal prueba son grabaciones telefónicas en las que personajes menores hablan sobre las supuestas intenciones de la presidenta. Ningún dato de primera mano.

La acusación de Nisman fue rechazada por falta de pruebas por un juez y por una corte de apelaciones, pero en caso de que sea admitida por una nueva instancia, podría llevar a la presidenta a una comparecencia ante la justicia e, incluso, a un eventual juicio político.

Una muerte dudosa

Un tuit enviado por un periodista argentino-israelí del Buenos Aires Herald, Damian Pachter, fue el primero en dar la noticia: “Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí”. Eran las 00:08 horas, apenas pasada la medianoche del domingo 18 de enero.

Tres meses después, los investigadores no han podido desentrañar exactamente qué ocurrió en el departamento de Nisman entre la noche del sábado y la tarde de aquel domingo. Un periodo de silencio que duró demasiadas horas, desde que el fiscal dejó de responder llamadas hasta que forzaron la puerta de su departamento para que entrara su madre, quien lo encontró sin vida.

A primera vista, los datos llevan a pensar que se trató de un suicidio. Sin embargo, es poco creíble que un fiscal en la cúspide de su carrera y en la víspera de defender la causa más importante de su carrera, simplemente se quitara la vida.

Para muchos, incluida la opinión que la presidenta argentina difundió a través de Facebook, se trató de un homicidio cometido por agentes de espionaje. Cristina Kirchner sorprendió a todos al afirmar a través de la red social una tesis particular del asesinato: “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, dijo. Según su teoría, “a Nisman le plantaron información falsa” y luego lo mataron como una forma de inculpar al gobierno.

Sin embargo, hasta el momento nadie ha podido dar un relato razonable que permita reconstruir las últimas horas del fiscal, o probar la presencia de un asesino en la escena.

Nisman fue encontrado en su departamento, con las puertas cerradas por dentro. Estaba en el cuarto de baño y su cuerpo bloqueaba la puerta, tenía un tiro en la sien derecha y una pistola bajo su cuerpo. La dirección y distancia del disparo, así como la posición del cuerpo y la pistola, son coherentes con un suicidio clásico.

No había signos de lucha, tampoco desorden ni huellas de desconocidos. No había ingerido alcohol ni drogas en cantidades significativas. Todo era demasiado limpio para creérselo.

Las dudas sobre su muerte se basan justamente en la falta de huellas, como si alguien se hubiese encargado de limpiarlo todo. En su mano derecha no se encontraron restos de los gases producidos por el disparo ni tampoco la cantidad de sangre que se hubiese esperado. La pistola había sido limpiada, ya sea por él mismo o por alguien más, antes del disparo fatal.

La exesposa de Nisman es la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, una magistrada que ya ha tenido causas relevantes en la justicia argentina. Esta jueza, que estuvo casada con él por diecisiete años y es la madre de sus dos hijas, se convirtió en parte querellante y en investigadora por su cuenta. Reclutó a un equipo de criminalistas y forenses que desmintieron todas las teorías oficiales, en una suerte de proceso paralelo que apunta a establecer la teoría del asesinato como la única posibilidad real.

“Alberto Nisman no se suicidó, lo mataron”, afirmó Arroyo Salgado a inicios de marzo pasado.

La investigación

Si alguien mató a Nisman, el principal sospechoso debería ser un técnico en computadoras llamado Diego Lagomarsino. Fue el último en verlo con vida y quien le entregó al fiscal la pistola con la que murió.

Se trata de un personaje cuyo papel en la vida de Nisman permanece en el misterio. Recibía un sueldo inusualmente alto de 41 000 pesos argentinos (unos 4600 dólares según el tipo cambio controlado), como una suerte de asesor personal de Nisman en asuntos de computación.

Lagomarsino dijo que el día anterior a la muerte, el sábado 17 de enero, Nisman le pidió prestada su pistola, un arma no muy confiable calibre 22 marca Bersa, de fabricación argentina, que no había sido disparada en años. La justicia ha determinado que esa pistola fue la que acabó con la vida del fiscal.

Lagomarsino fue registrado por diversas cámaras cuando salió del departamento tras entregar el arma, y luego al regresar a su casa ubicada en un suburbio bonaerense. Tiene una coartada perfecta: según los forenses oficiales, Nisman murió entre la mañana y el mediodía del domingo, mientras él estaba junto a su familia en lugares públicos donde su presencia también quedó registrada.

Sin embargo, la exesposa de Nisman ha lanzado una ofensiva para demostrar que una parte sustancial de la investigación está viciada.

Las conclusiones del equipo de peritos convocados por la jueza Arroyo Salgado señalan que Nisman fue ajusticiado mientras se encontraba de rodillas en el baño. Se basan en las manchas de sangre, en pruebas de luminol y en la evidencia de que el cuerpo fue movido tras la muerte.

Afirman que la hora de la muerte no es el domingo, sino el sábado por la tarde o noche. Esto pone a Lagomarsino en el lugar del hecho justo en el momento en que podría haber jalado el gatillo.

A ello se suman supuestas irregularidades en la investigación, como la presencia en el lugar, horas después del hallazgo, del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien legalmente no tenía por qué estar ahí, junto a un equipo forense acusado de manipular las pruebas de forma indebida.

“El suicidio y el accidente quedan de plano descartados”, afirmó Arroyo Salgado.

El “topo” informático

Si algún servicio secreto hubiese querido instalar un “topo” para espiar las actividades del fiscal Nisman, el mejor lugar para hacerlo hubiese sido el que ocupaba Diego Lagomarsino. Su papel era el de un experto privado en informática con acceso a las computadoras de Nisman, la jueza Arroyo Salgado y las dos hijas de ambos.

Las computadoras del fiscal y de la jueza contenían datos reservados sobre algunos de los casos más sensibles de Argentina. El fiscal Nisman llevaba la causa AMIA, pero también Arroyo Salgado había participado en casos resonantes por narcotráfico, como cargamentos ilegales de efedrina a México o un contrabando de cocaína a España, entre otros.

“Es cierto que Lagomarsino tenía las claves de acceso a las computadoras de Nisman y su familia, aunque no me consta que tuviese el password de sus correos electrónicos”, comenta su abogado, Maximiliano Rusconi, en entrevista con Newsweek en Español.

Suponiendo que Lagomarsino fuese un agente encubierto, no necesitaba que le revelaran ningún password, porque él tenía el acceso para instalar cualquier programa espía para que lo hiciera.

“No es espía”, insiste su abogado, “y la prueba es que el propio gobierno tuvo que aceptar que no figuraba en sus registros del servicio de inteligencia ni como agente ni como personal externo”.

Por indicación del propio Rusconi, Diego Lagomarsino no habla directamente con la prensa. Es un hombre de treinta y cinco años con aire de adolescente nerd, tímido y nervioso.

“Ya estoy más tranquilo y confío en Dios que todo va a salir bien”, son las únicas palabras que pronuncia en voz baja.

Cuenta a su favor con uno de los abogados más renombrados de Argentina. Maximiliano Rusconi es profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires y exdefensor de Carlos Saúl Menem en la causa por contrabando de armas argentinas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.

Tener un abogado como Rusconi es costoso, pero él afirma que no recibe honorarios de Lagomarsino. Aceptó hacerse cargo de su representación legal porque los hijos de ambos van al mismo jardín infantil y sus respectivas esposas se conocían entre sí.

“Se han dicho muchas cosas sobre Lagomarsino, pero el hecho es que ninguna lo compromete en la muerte de Nisman, para lo cual tiene una coartada indiscutible”, comenta Rusconi en su estudio del centro de Buenos Aires.

Arma mortal

La principal sospecha sobre el informático se debe a que fue el último en ver con vida al fiscal y por haberle entregado el arma mortal. Pero además de la pistola calibre 22, hay otros elementos que han hecho recaer sospechas sobre Lagomarsino como agente de espionaje.

La bala que mató a Nisman es del tipo hollow point, es decir, de punta hueca o expansiva, un tipo de proyectil que se considera ilegal en varios países pero que han sido utilizadas en armas calibre 22 por los servicios secretos en operaciones encubiertas, debido a que ofrecen un alto poder letal en un arma ligera y fácil de esconder.

Otro elemento es que quien le proporcionó el arma a Lagomarsino es otro empleado del Poder Judicial señalado como un presunto agente, Carlos Moro Rodríguez, quien le vendió la pistola y le enseñó a usarla. Una novela de espionaje establecería un vínculo entre una organización que le consigue al sospechoso un trabajo en un área sensible cercana a la víctima y que además le entrega una pistola de la que sale el disparo fatal.

“Estas balas no están prohibidas en Argentina, están en el mercado y Lagomarsino las compró legalmente, de lo cual existen los recibos correspondientes”, retruca el abogado, quien admite que el vendedor del arma es empleado judicial, pero niega que esto signifique alguna conexión con algún servicio secreto.

“La prensa junta hechos dispersos para convertir a Lagomarsino en un superespía internacional”, ironiza el abogado.

Partes enfrentadas

Mientras se desarrollaba la investigación, la jueza Arroyo Salgado reveló que Alberto Nisman mantenía una cuenta secreta en un banco extranjero, en la que nombró a Lagomarsino como uno de los cotitulares, junto a su madre y su hermana. La revelación indicaba un vínculo estrecho entre el fiscal y su experto en informática, pero además sentaba las premisas para un móvil económico en la muerte del fiscal.

El propio abogado de Lagomarsino resultó sorprendido por la revelación, y le exigió explicaciones a su cliente.

“Dime de una vez qué otros secretos tenés, para estar preparado”, recuerda el abogado que le dijo a Lagomarsino.

El técnico informático solo tenía un secreto más, y de los grandes: Nisman se quedaba con la mitad de su sueldo, en una operación ilegal por la cual le pagaba altos honorarios con dinero de la fiscalía y luego se quedaba con la mitad de ese sueldo.

Lagomarsino es el personaje más conocido de un staff de al menos diez personas que Nisman mantenía con dinero de la fiscalía, que incluye a secretarias, una nutricionista y un abogado llamado Claudio Rabinovich, quien afirmó que actuaba como agente de prensa para Nisman, pero nunca redactó un solo boletín a nombre de la fiscalía y es totalmente desconocido en la fuente judicial.

Con estas revelaciones, la imagen de Nisman sufrió un duro revés, que se sumaría a los testimonios y fotografías sobre sus escapadas con modelos a fiestas y lugares vacacionales.

“(Nisman) era un sinvergüenza que se gastaba el dinero destinado a la causa AMIA en minas (mujeres) y ñoquis (empleados fantasmas)”, lanzó Aníbal Fernández, ministro jefe de gabinete y uno de los más altos funcionarios de la presidenta Cristina Fernández.

Maximiliano Rusconi acusa a la jueza Arroyo Salgado de obstaculizar las investigaciones, en tanto que recuerda que en su condición de jueza en causas criminales tiene vínculos tan estrechos con los servicios de inteligencia como los que tenía Nisman.

Como prueba del vínculo entre la jueza y los servicios de inteligencia, Rusconi cita la amistad que la unía con el exjefe de operaciones especiales de la Secretaría de Inteligencia Nacional (SIDE), Antonio Jaime Stiuso, quien ha sido señalado como el “hombre fuerte” del espionaje argentino. Stiuso era quien le aportaba datos y pruebas a Nisman en su investigación. Después de la muerte de Nisman, Stiuso desapareció durante un mes antes de comparecer ante la justicia como testigo.

“Mientras Stiuso estaba siendo buscado por la justicia para que prestara declaración, Arroyo Salgado tenía diálogo fluido con él; el hecho se supo porque cuando finalmente se presentó a declarar, la fiscal comprobó que en su celular tenía conversaciones con Arroyo Salgado después de la muerte de Nisman”, acusa Rusconi.

Juego de espías

Argentina ha vivido los últimos treinta años bajo la sombra de un sistema de inteligencia heredado de la dictadura militar (1976-1983). En todos esos años se encuentra presente la sombra de Antonio Jaime Stiuso, el jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), después llamada Secretaría de Inteligencia (SI).

Este agente dominó el panorama del espionaje interno desde 1983 hasta noviembre pasado, cuando la presidenta Cristina Kirchner decidió despedirlo e iniciar una purga interna. En enero, después de la muerte de Nisman, Kirchner ordenó organizar otro cuerpo que ahora se llama Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Las sospechas recaen sobre Stiuso porque trabajó como jefe de los investigadores de inteligencia en la causa AMIA y fue quien proveyó a Nisman de la información para presentar su denuncia contra Cristina Kirchner. Pero como jefe de operaciones de inteligencia posee además la capacidad de cometer un crimen con apariencia de suicidio como el de Nisman.

El senador Fernando Pino Solanas, un cineasta con fama internacional, autor de películas sobre la realidad política argentina, acusa a los servicios de inteligencia como un “quinto poder” que se encuentra detrás del crimen de Nisman.

“Desde el regreso de la democracia los servicios de inteligencia han estado involucrados en muchos hechos criminales, y este es uno más en una larga cadena”, afirma Solanas en entrevista con Newsweek en Español.

Este senador por Buenos Aires sufrió un atentado en 1991, como represalia de los servicios secretos cuando denunció diversos negocios oficiales.

“Se trata de un grupo cerrado que responde a sus propios intereses y que extorsiona a políticos, jueces y personajes de la vida pública; desde el gobierno de Raúl Alfonsín hasta el actual, nadie ha hecho nada para ponerles límite y, al contrario, les han dado poder y los han utilizado para sus fines”, asegura Solanas.

La acusación y la muerte de Nisman se produjo en el contexto de una renovación en el sistema de inteligencia emprendido por la presidenta Cristina Kirchner en noviembre de 2014. “Es solo un cambio de nombre” advierte Pino Solanas, “porque sus atribuciones siguen siendo las mismas y sigue bajo el mando del presidente de la nación, no hubo una verdadera limpieza”.

La imagen de Nisman fue cayendo a medida que se revelaban detalles sobre sus vínculos con modelos, cuentas secretas o altos gastos con dinero de la fiscalía, revelaciones que se atribuyen a una guerra entre servicios secretos.

Una de las fotos en que aparece junto a tres mujeres en una fiesta y con juguetes sexuales en sus manos fue convertida en un cartel anónimo que fue pegado en las calles de Buenos Aires con el texto “#Todos somos Nisman?”, en son de burla. En respuesta, otra foto que lo muestra muerto apareció también en redes sociales.

La página de Wikileaks, creada por Julian Assange, reporta que Nisman se mantuvo en contacto en 2008 con la Embajada de Estados Unidos para informar sobre sus investigaciones al entonces embajador Anthony Wayne, y que recibió consejos para culpar a Hezbolá por el atentado.

La conexión mexicana

El diputado Gustavo Vera, asambleísta del congreso local de Buenos Aires, afirma que una de las claves de las actividades del fiscal Alberto Nisman se encuentra en sus visitas a Cancún, México, la última de las cuales tuvo lugar a principios de noviembre de 2014, dos meses antes de que apareciera muerto.

Vera es el interlocutor del papa Francisco que divulgó la carta en la que el pontífice señalaba el peligro de una “mexicanización” en Argentina. La advertencia se refería, según el mismo Vera comenta, al peligro de que el narcotráfico se infiltre en las instituciones del Estado.

“El comentario del papa sobre el peligro de mexicanización no era una ofensa para el pueblo de México”, advierte Vera, “pero él lo dijo en respuesta a un comentario mío sobre el caso Nisman y los vínculos de los servicios de inteligencia con el crimen organizado, a partir de ahí Francisco hizo su comentario”.

La versión de Vera es que Nisman se había relacionado con los servicios secretos, de los cuales dependía para llevar adelante su investigación. Sin embargo, estos servicios estaban involucrados en diversos negocios ilegales, entre ellos la prostitución internacional y la producción de drogas sintéticas y de cocaína.

Para Vera, la visita de Nisman a Cancún hace encender las alarmas sobre los vínculos que se han comprobado entre los servicios de inteligencia argentinos con prostíbulos en México, especialmente en Cancún. El negocio del tráfico de escorts entre Argentina y México llegó a la justicia por el caso del exagente de la SIDE Raúl Martins, quien fue denunciado ante la justicia por su propia hija, Lorena Martins.

“Martins era un agente de la SIDE que reportaba a Stiuso y que en 1979 armó una serie de prostíbulos para encarpetar (involucrar) a ricos y famosos, con el objeto de filmarlos en situaciones promiscuas y después extorsionarlos, este negocio se extendió hasta Cancún, donde Martins tiene su cuartel general”, explica Vera.

Nisman llegó a Cancún en compañía de una modelo, Florencia Cocucci, quien admitió que el fiscal se encargó de los pasajes en primera clase. Según el legislador Vera, esta modelo y otras jóvenes que aparecen en las fotos divulgadas de Nisman, forman parte del staff de la agencia de modelos de Leandro Santos, un personaje que había tenido pedidos de captura en su contra por la justicia uruguaya, acusado de utilizar su agencia para regentear acompañantes sexuales vip.

“Se sospecha que Nisman pudo haber estado en alguno de estos lugares en Cancún, pero es una sospecha”, advierte el legislador argentino. “No hay indicios de que Nisman haya concurrido a esos prostíbulos en Cancún, aunque frecuentaba los ‘boliches’ (antros) de Buenos Aires, donde conoció a las modelos, lugares en los se ha comprobado la participación de exagentes de la SIDE; Nisman era parte de esa trama o pudo ser extorsionado”, señala.

Una teoría posible con estos datos es que Nisman pudo ser presionado por los servicios secretos, que conocían sus deslices financieros y sexuales, y orillado a presentar su acusación contra la presidenta. El desenlace de la trama bien pudo ser el crimen o el suicidio.

Dos bandos, dos verdades

Argentina, 18 de febrero; se cumplía un mes de la muerte de Nisman. Para los periodistas acostumbrados a las manifestaciones políticas, caminar entre los manifestantes del llamado 18F fue una experiencia extraña.

Se trataba de una marcha convocada por un grupo de fiscales para honrar la memoria de Nisman. Todos los asistentes concordaban en acusar al gobierno. No había cánticos, pero sí pequeños carteles hechos a mano que indicaban, otra vez, “Cristina asesina” y “Yo soy Nisman”. La llamada “marcha del silencio” fue la irrupción de un sector social que se identificaba con Nisman, integrado en su mayoría por la clase media alta. Para este grupo, Nisman obtuvo datos fidedignos sobre negociaciones secretas entre Cristina Kirchner e Irán, y por ello fue asesinado.

El oficialismo respondió veinte días después con una manifestación popular al estilo peronista, con banderas, bombos, música y cánticos. El motivo fue la presentación, el 1 de marzo, del último informe de gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, quien en su mensaje oficial desafió directamente a la justicia argentina.

Desde entonces el país tiene un nuevo motivo para estar dividido en dos bandos, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre, cuando se termine el ciclo político iniciado por Néstor Kirchner en 2003.

Para la consultora Poliarquía, la decisión electoral aún no se ha definido, y se descartan niveles de rechazo a la clase política como los que se vieron en aquel 2001.

“En 2001 y 2002 hubo niveles de falta de credibilidad muy altos, pero esto se fue revirtiendo con el fortalecimiento de la figura presidencial”, comenta Fabián Perechodnick, de Poliarquía. “Si bien la gente tiene fuertes críticas al gobierno, se mantiene un alto apoyo de los sectores populares y medios, aunque el apoyo decrece a medida que sube el nivel de instrucción.”