En años recientes Gran Bretaña se ha estremecido con varios escándalos de abuso sexual infantil cuyas víctimas estaban bajo la protección del Estado; niños que las agencias de protección clasificaban “en riesgo” y se encontraban al cuidado de las autoridades locales.
Muchos británicos han caracterizado los abusos como cosa del pasado, pues sin duda semejantes horrores no podrían ocurrir en la actualidad. Sin embargo, un análisis de las cifras oficiales más recientes revela que, cada año, el gobierno pierde el rastro de casi 2000 niños vulnerables a su cargo y, simultáneamente, aumentan los informes de tráfico humano en el interior del país.
En febrero, impelida por una serie de revelaciones de abusos perpetrados por artistas, políticos y otros personajes públicos, la ministra del Interior, Theresa May, designó a la jueza de la Suprema Corte neozelandesa, Lowell Goddard, para presidir una investigación de escala nacional sobre décadas de abuso sexual, mayormente contra niños al cuidado del Estado.
En todo momento, en el territorio inglés hay más de 3000 niños a cargo de autoridades locales que observan su desarrollo y supervisan su ubicación en hogares administrados por el gobierno, hogares de acogida o con otros guardianes. Las autoridades intentan llevar un registro de lo que ocurre con los niños que abandonan, oficialmente, el sistema de custodia y los ingresan en diversas categorías que incluyen: niños adoptados, niños devueltos a progenitores o parientes, niños recibidos en el sistema de acogida, con suficiente edad para abandonar el sistema y fallecidos. No obstante, los chicos que no encajan en esas categorías —por ejemplo, fugitivos, indigentes, secuestrados, víctimas de tráfico o peor— son aglutinados en una categoría que el Departamento de Educación del Reino Unido designa, simplemente, como “otras”, también denominada “E8”.
Un análisis de la información compartida con Newsweek revela que, según las estadísticas del Departamento de Educación para el año concluido el 31 de marzo de 2013, alrededor de 1910 niños (definidos, legalmente, como menores de dieciocho años) abandonaron el sistema de atención inglés por “otras” razones desconocidas, incluidos 180 bebés menores de un año; y en el mismo periodo de 2012, unos 2260 niños dejaron el sistema por “otras” razones, incluidos 160 bebés. Aún no se dispone de cifras detalladas para 2014.
A decir de Mike Murphy-Pyle, portavoz del Departamento de Educación, las autoridades locales no reciben indicaciones sobre la manera de responder la categoría “otras”. “Está destinada a todo lo que no cubran las categorías proporcionadas”, dijo. El ministro de Educación, Edward Timpson, se negó a comentar al respecto.
Aunque algunos niños, sobre todo los mayores, tal vez se separaron del sistema por decisión propia, existe una creciente inquietud por los menores de dieciséis, de los cuales había 1220 en la categoría “otras” durante el año concluido el 31 de marzo de 2013, y 1420 adicionales en el mismo periodo de 2012.
“Cada año tenemos más de mil niños que, simplemente, desaparecen y no volvemos a saber de ellos”, acusa John Hemming, parlamentario liberal demócrata que proporcionó los datos a Newsweek. “Cualquiera pensaría que, con todos los titulares sobre maltrato de niños protegidos por el Estado, estaríamos trabajando arduamente en el asunto, pero no es así. Son niños y bebés. ¿Por qué no los rastreamos como es debido?”
Cada año, el Departamento de Educación publica limitada información recabada de las autoridades locales de toda Inglaterra, la cual es asentada en lo que se denomina una “declaración SSDA903”, documento que solicita detalles sobre los niños bajo protección, así como los que han abandonado el sistema.
Las cifras refinadas de niños desaparecidos por “otras” razones desconocidas —que Hemming también proporcionó a Newsweek— ofrecen detalles adicionales, como edad y origen de los niños que dejaron el sistema por causas desconocidas. Londres mostró la cifra más elevada de niños que abandonaron el sistema por “otras” razones desconocidas en el año concluido el 31 de marzo de 2013, con un total de 370 menores de dieciocho años.
Las estadísticas y las categorías de la “declaración” resultan confusas y facilitan que los niños desaparecidos sean mezclados con los fugitivos, afirma Hemming. “Si las autoridades locales desean disimular una situación, solo tienen que anotar que el niño ‘abandonó la atención por otras razones’”, dice. “Y nunca nadie sabrá qué fue de él.”
El registro ineficiente ha caracterizado todos los escándalos de abuso. El año pasado, una revisión de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad hacia los Niños halló que, entre 1979 y 1999, el Ministerio del Interior británico había “perdido o destruido” 114 expedientes pertinentes a informes de abuso infantil por parte de personajes de alto nivel, incluidos importantes políticos. La revisión se llevó a cabo luego de que un informe emitido el año pasado en Rotherham, Yorkshire del Sur, evidenciara que al menos 1400 menores fueron objeto de abuso sexual generalizado y organizado entre 1997 y 2003, incluidos muchos niños que estaban en el sistema de protección.
Hemming cree que un mejor rastreo de los niños que abandonan el sistema pudo haber marcado la diferencia en Rotherham y en otro caso de abuso, Rochdale: en 2012, los violadores comparecieron ante la justicia por una serie de casos de pedofilia que fueron ignorados mucho tiempo, aun cuando las víctimas pidieron ayuda a las autoridades locales en repetidas ocasiones. Sin embargo, ese mismo año, el distrito de Rochdale no proporcionó cifra alguna sobre los niños que abandonaron el sistema de protección por razones desconocidas.
“[Eso] es una muestra del abuso de poder por parte de los empleados del Estado”, acusa Hemming. “Y el hecho de que involucre maltrato infantil por gratificación sexual, lo hace mucho peor. En adelante, necesitamos que sea mucho más difícil que los empleados del Estado oculten los abusos de poder. Hacen falta más transparencia y rendición de cuentas, así como menos secreto.”
Liz Davies, trabajadora social veterana que imparte clases en la Universidad Metropolitana de Londres, comenta que a la luz de las recientes revelaciones de explotación sexual y tráfico de menores vulnerables en Rotherham, Rochdale, Oxford y otras regiones, es necesario mejorar el procedimiento de rendición de informes sobre los niños al cuidado del Estado.
“Muchos niños desaparecen del sistema y regresan”, dice. “Pero nadie cuenta a los que no vuelven. No hay un requisito preceptivo para informar cuántos niños desaparecen y nunca vuelven a ser vistos. Y, en realidad, deberíamos hacer un informe sobre cada uno de los niños”.
Hemming lamenta que los datos disponibles más recientes tengan dos años de antigüedad. “Es evidente que el Reino Unido no toma en serio la situación”, señala. “Cuando al fin llegan las estadísticas, casi es hora de publicar las nuevas.” El parlamentario tiene información que se remonta a 1995 y muestra que, cada año, más de trescientos menores de cuatro años abandonan el sistema de protección británico por razones desconocidas.
Afirma que la falta de interés en los niños vulnerables se patentiza en el hecho de que, al preparar las estadísticas infantiles, las autoridades locales redondean sus cuentas a la decena más inmediata. “El sistema es tan malo que perdemos cientos de chicos por errores de redondeo”, lamenta Hemming. “Los niños no importan lo suficiente para contarlos individualmente.”
Según Murphy-Pyle, el redondeo es una particularidad de “todas las estadísticas gubernamentales” y también “protege la identidad de los menores, en la eventualidad de que solo un niño caiga en una categoría determinada”. Hemming no se deja convencer. “En la práctica, no hace diferencia en cuanto a la confidencialidad, pero sí dificulta las cuentas”, insiste.
Jon Bird, gerente de operaciones de la Asociación Nacional para Personas Maltratadas en la Infancia, asegura que casi la mitad de los supervivientes que contactan con la organización londinense fue víctima de tráfico humano, en algún momento, durante su paso por el sistema de protección británico. “Recibimos informes de unas 5000 personas al año y alrededor de 1500 correos electrónicos; y cada vez con más frecuencia, durante el año pasado, nos enteramos de esa forma de abuso entre los niños que han estado en el sistema”, revela.
La más reciente evaluación del Centro para Tráfico Humano del Reino Unido confirma que, durante 2013, un total de 2744 personas, incluidos 602 niños, fueron objeto de tráfico para explotación en el Reino Unido, 22 por ciento más que en 2012. La organización enfatiza que las cifras solo reflejan la información declarada y que son solo aproximaciones, pues no todos los informes indican que sea tráfico confirmado; sin embargo, es posible que los totales sean mucho más elevados, dado que no todos los incidentes son denunciados. Las víctimas son forzadas a trabajar en burdeles, hoteles, residencias privadas o en las calles, como trabajadores sexuales, y también se les obliga a trabajar como esclavos domésticos o a laborar en sitios de construcción, granjas y fábricas.
Según las más recientes estadísticas de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, la cantidad de niños traficados y explotados sexualmente en 2013 aumentó 250 por ciento respecto del año anterior, lo que representa 88 por ciento de todos los menores identificados como víctimas de tráfico. Dicha agencia, operada por el gobierno, declinó hablar sobre posibles vínculos entre el sistema de asistencia de menores y el tráfico de personas.
Una razón de que las cifras se hayan disparado es que más personas empiezan a declarar, afirma Bird. “Es un problema que existe desde hace décadas, pero siempre ha sido ignorado”, dice. “En años recientes, gracias a los titulares, un creciente número de personas informa de abusos con la esperanza de que, finalmente, alguien les crea.”
En diciembre de 2011, Hemming encaró al ministro de Educación, Tim Loughton, en el pleno del Parlamento y preguntó si estaría dispuesto a modificar las clasificaciones que rastreaban a los niños en el sistema de protección, a fin de esclarecer lo que ocurría con los que desaparecían del sistema e “identificar cuándo un niño escapa de la protección del Estado o es secuestrado o traficado”.
La respuesta de Loughton fue similar a la de los ministros precedentes. “El Departamento no tiene proyectado expandir los códigos bajo los cuales las autoridades locales proporcionan informes estadísticos sobre niños desaparecidos del sistema de protección, pues ello resultaría en un incremento innecesario de los requisitos de rendición de informes.”
En febrero, Hemming volvió a plantear el tema ante el Parlamento haciendo referencia al grupo de pedófilos de Rotherham. “¿No sería bueno que el gobierno hiciera una auditoría independiente de lo que ocurre a estos niños y lo que está ocurriendo a los niños que abandonan oficialmente su protección por ‘otras’ razones?”, cuestionó directamente a Eric Pickles, parlamentario conservador y secretario de Estado para las comunidades y el gobierno local.
Pickles evitó responder directamente, diciendo: “Sin duda siento que, como nación, necesitamos hacer mucho más para ofrecer asistencia a las personas que abandonan el sistema de protección”.
