El decreto que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, firmó el pasado 7 de julio para eliminar el cobro de la caseta en Playas de Tijuana no funcionó y ahora prepara una iniciativa de ley federal para que el estado controle la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
Este camino legislativo es el que Bonilla debió tomar para eliminar el cobro en esa caseta, según el investigador de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Vicente Sánchez Munguía.
“Puede suspenderse la concesión de una carretera de cobro, pero por decreto federal con la aprobación del Congreso federal”, explicó el académico.
Aunque la única vía para lograrlo es la legislativa, según Sánchez Munguía, para Amador Rodríguez, secretario General de Gobierno, esta iniciativa de reforma no reemplaza el decreto que el gobierno federal consideró ilegal y que provocó la intervención de la Guardia Nacional.
“La política es de circunstancias y hasta ahorita no sabemos si funcionó o no funcionó esa vía. Estamos en espera de acciones que seguramente demostrarán que la vía que usó el gobernador es la adecuada”, comentó Rodríguez.
Ahora, el gobierno de Bonilla busca reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: presentarán una iniciativa al Senado de la República a través del Congreso del Estado y harán lo mismo a través de recaudar firmas de bajacalifornianos para que se presente otra iniciativa por la vía ciudadana, explicó Rodríguez.
“Pido a la ciudadanía de Baja California su apoyo para recabar las firmas necesarias para presentar una iniciativa de ley federal”, dijo Bonilla en una inserción publicada este día en un diario regional.
El propósito es lograr el libre tránsito de los ciudadanos y retomar el control de la caseta mencionada, se informó en el desplegado.
La inserción propone modificar el artículo 30 de esa ley para agregar que, los caminos y puentes financiados con recurso federal o participación estatal deberán pasar a manos de las entidades en las que se ubican, una vez que termine el plazo de la concesión.
“Por ningún motivo la concesión podrá extenderse por un plazo mayor al tiempo original de la misma, ni otorgarse a persona alguna”, detalló la propuesta de reforma.
Para presentar una iniciativa ciudadana, Bonilla necesita reunir las firmas de por lo menos el 0.13% de la lista nominal de electores, según la Constitución mexicana.
Si este requisito se basa en la lista nominal federal, se requieren 117 mil 047 firmas, pero un vocero de la Secretaría General de Gobierno dijo que el porcentaje se toma sobre la lista nominal estatal. En este caso, se necesitan 3 mil 654 firmas.
“Aprobada la presente reforma, el tramo carretero de 89.4 kilómetros identificado como carretera escénica Tijuana-Ensenada pasará a ser patrimonio del estado de Baja California como una carretera de libre tránsito”, dice la inserción.
La concesión que está vigente para mantener y operar la carretera Tijuana-Ensenada, fue otorgada en 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a favor de un fondo constituido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por un plazo de 30 años.
El contrato de prestación de servicios que detalla la información de esta nueva concesión, contiene información reservada y será desclasificado en 2023.
Con información de Eduardo Jaramillo.
