Los escándalos de corrupción y conflictos
de interés que salpican últimamente a varios partidos políticos mexicanos han
provocado una crisis de credibilidad en el país y generan controversia en el
Congreso, que trata de destrabar un marco legal de anticorrupción.

El tema ha adquirido especial sensibilidad
en México desde que, en noviembre, se supo que la primera dama Angélica Rivera,
una popular actriz de telenovelas, adquirió una mansión a través de un contratista
del gobierno, quien también vendió otra lujosa propiedad al ministro de
Hacienda a una baja tasa de interés.

Presionado por los señalamientos de posible
conflicto de interés, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto designó a
principios de febrero a un subalterno como nuevo ministro de la Función Pública
para investigar estas compras, una medida que le valió fuertes críticas por
considerar que no propició una investigación independiente.

“Lo que en este momento necesita el
gobierno es recobrar la confianza de manera urgente y pasar leyes de relevancia
con implicaciones directas sobre la crisis de desconfianza” que hay en el
país, dijo Alejandro González Arreola, copresidente de la Alianza para el
Gobierno Abierto, que agrupa a gobiernos y ONG de 60 países.

El jueves, la Cámara de Diputados aprobó
reformas a 14 artículos constitucionales -que deben ser avaladas ahora por el
Senado- para dar forma a un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En paralelo,
el Senado está discutiendo un proyecto de legislación secundaria de
transparencia.

La corrupción atraviesa a todos los
partidos políticos mexicanos y que coloca al país en el lugar 107 de 177
naciones del Índice de Percepción de la Corrupción, reconoció en rueda de
prensa el diputado Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN)
en la Cámara de Diputados.

Impulsor de la normativa, Anaya aseguró que
no hay peor corrupción “que la que cuesta vidas” como sucedió en
septiembre pasado en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes fueron atacados
presuntamente por órdenes de un alcalde del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) coludido con policías corruptos y cárteles del narcotráfico.

Señaló, además, que este mal le cuesta al
país un 9% de su PIB y que la población de menos ingresos es la más afectada.

Amenazas de corrupción en todos los frentes.

Aprobado en medio de reproches y
acusaciones mutuas por una larga lista de casos de corrupción, los diputados
mexicanos establecieron que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe dotar
de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda
investigar los abusos de funcionarios en tiempo real (actualmente lo hace con
dos años de retraso) y presentar denuncias penales.

La debilidad actual de este órgano auditor
permitió que luego de que 2,500 denuncias por mal uso de recursos fueran
promovidas en 2012, resultaran apenas siete funcionarios sancionados.

Se trata de tener instrumentos para que
“la piensen dos veces los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, de
cualquier partido, en tratar de tomar ventaja en su posición como servidores
públicos”, dijo a la AFP Marco Fernández, investigador asociado de México
Evalúa y académico del privado Instituto Tecnológico de Monterrey.

El proyecto del nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción contempla una fiscalía independiente y especializada de combate
a la corrupción.

También obligaría a todos los funcionarios
a hacer pública y abierta su declaración patrimonial, fiscal y de posibles
conflictos de intereses.

Objeciones desde Presidencia.

Mientras, en el Senado, la Presidencia hizo
hace unas semanas una serie de observaciones que tienen estancado el proyecto
de leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional sobre transparencia
aprobada en 2013.

Estos señalamientos incluyen objeciones
para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial o para dar
acceso a información sobre condonaciones fiscales a grandes empresarios,
asegura González Arreola, el copresidente de Alianza para el Gobierno Abierto.

La Presidencia también se opuso a que los
ciudadanos puedan conocer expedientes de investigaciones en curso de casos en
los que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, como la matanza de 72
migrantes en San Fernando (2010) o el caso de los 43 estudiantes de 2014, según
González Arreola.

El especialista asegura, además, que el
oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados no
necesitarían de la oposición para pasar las leyes. Sin embargo, la aprobación
del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado requiere del voto de los
partidos opositores para alcanzar la mayoría absoluta.

Pero “dada la actual coyuntura, los
ojos internacionales puestos en México, sería muy riesgoso políticamente para
el presidente pasar una ley que no

tenga el consenso de los actores más
importantes”, concluye González Arreola.

(Con información de AFP).