Este martes fueron despedidos 15 trabajadores del Congreso del Estado de Aguascalientes, principalmente secretarias, a quiénes sin explicar motivo alguno se les pidió su separación del cargo.

Desde ayer, solicitaron la intervención del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios de Aguascalientes (SUTEMA) para solicitar una explicación a las autoridades administrativas del Poder Legislativo, así como de los diputados de la LXIV Legislatura.

No obstante, esta llegó hasta el día de hoy, tras la primera sesión de la Diputación Permanente.

El presidente de la mesa directiva, Heder Guzmán Espejel, afirmó que la causa principal de la separación del cargo de los trabajadores es debido a su desempeño, luego de que presuntamente se han recibido quejas sobre una deficiente atención a los ciudadanos, aunque sin presentar actas administrativas o quejas que acreditaran su desempeño.

“La decisión no tiene que ver con temas de género, esto tiene que ver a razón de que ha habido quejas de la propia sociedad, que cuando van a buscar a algún diputado o diputada no se les da la atención necesaria, siendo que nosotros tenemos la obligación de darle un buen rostro a la sociedad, a veces se nos juzga a los diputados porque no les damos la atención a los ciudadanos, pero a veces se queda con las secretarias y eso no nos llega y no necesariamente es porque no queramos dar la cara”.

Al respecto, comentó que se iniciarán mesas de trabajo con el SUTEMA para revisar las condiciones contractuales de cada trabajador.

“Se ha estado teniendo un contacto muy cercano con el sindicato, vamos a abrir mesas de diálogo para poder retribuirles lo que les corresponde a la ley, no queremos violentar sus derechos laborales, sino todo lo contrario”, añadió.

Señaló que de los 15 trabajadores que fueron despedidos, tres iniciaron su proceso de jubilación al tener la edad y antigüedad suficientes para realizarlo, otros tres han aceptado su liquidación y el resto buscan ser reinstalados en su lugar de trabajo.

El legislador aseveró que pugnarán porque el proceso de liquidación se realice conforme a derecho.

“No se están violentando sus garantías laborales, tengo entendido que las liquidaciones están topadas en cinco o seis meses, y es lo que se va a hacer, bajo ninguna circunstancia el Poder Legislativo va a violentar los derechos de nadie, todo se hará conforme a derecho y a la legalidad”, afirmó.

Finalmente, Guzmán Espejel negó que las plazas desocupadas puedan ser sustituidas por familiares o personas cercanas de los legisladores, como acusaron las trabajadoras despedidas.

“Como servidor público y como presidente de la Diputación Permanente estaré muy al pendiente de que no sea así, no se pueden hacer esas prácticas a las que estaban muy acostumbrados en diferentes gobiernos, mesas directivas y legislaturas, aquí no debe haber compadrazgos, amigazgos (sic.)”.

Demandará SUTEMA al Congreso Estatal reinstalación de trabajadores ante el Tribunal de Arbitraje

En entrevista posterior, el representante legal del SUTEMA, Rafael Román, se dijo en desacuerdo con las declaraciones del diputado de MORENA, Heder Guzmán Espejel, quien señaló que el personal había sido separado de su cargo por mal desempeño.

“Es algo totalmente falso porque no hay quejas en contra ellos, y si la hubiera, el procedimiento es el levantamiento de actas administrativas, entonces lo único que están haciendo es tratar de apagar esto de forma mediática, si no hay evidencias de que por eso se está despidiendo al personal entonces a todas luces es injustificado”.

Señaló que en caso de no lograr una mesa de acuerdos que favorezcan a los trabajadores, se recurrirá jurídicamente ante el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado.

“Aquí hay dos acciones a perseguir, la indemnización constitucional o la reinstalación, dependiendo de la voluntad de los trabajadores, nosotros venimos a apoyar lo que decidan los trabajadores, pero vamos a demandar lo que ellos digan. Considero que por la antigüedad que tienen van a solicitar la reinstalación”.

No obstante, reconoció que en caso de definir el tema por la vía jurídica, el proceso podría llevarse varios meses, o incluso años.

“Lo hacen en este momento porque, derivado de los procesos legales, se va a tardar y ellos no van a alcanzar a ver la resolución del Tribunal de Arbitraje por el despido injustificado, sino que sería la nueva legislatura la que tendría esa problemática”, concluyó.