Desde ahora se puede anticipar que las elecciones federales intermedias del próximo 7 de junio se caracterizarán por la existencia de “focos rojos”, por la postulación de candidatos incómodos, y por una guerra sucia que apenas comienza, pero que amenaza desde ahora la tranquilidad y el buen desarrollo de los comicios.

No es que sea alarmista. Los hechos hablan por sí solos y un buen ejemplo es el caso de Guerrero. El pasado 6 de enero, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEG, destruyeron las oficinas del módulo de fotocredencialización del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chilpancingo.

El módulo estaba cerrado desde el 8 de diciembre y fue reabierto ese día ante el reclamo de ciudadanos que exigían la entrega del documento o la realización del trámite para obtenerlo. Sin embargo, a las pocas horas, un grupo de encapuchados irrumpió en la oficina, ordenó su desalojo y destrozó equipo de cómputo y documentos oficiales.

Los inconformes advirtieron que impedirán las labores de los órganos electorales en Guerrero “porque el caso Ayotzinapa sigue impune”, y señalaron que no hay condiciones para realizar el proceso, pues “la clase política está coludida con el narcotráfico”. Su intención no es otra que la de sabotear los comicios.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que se ha tenido que modificar el calendario electoral en la entidad, pero solo en lo que respecta a las fechas para elegir a los capacitadores electorales, y aclaró que no está en riesgo la realización de la jornada.

Una comisión de consejeros viajó al estado el pasado martes 13. Ese mismo día tuve la oportunidad de entrevistar en mi espacio noticioso de Proyecto 40 a Marco Antonio Baños, quien reconoció que las condiciones en Guerrero son “distintas, inéditas y complicadas” respecto al resto de las entidades. Sin embargo, refrendó que la elección se realizará en la fecha prevista.

Baños Gutiérrez aceptó que Guerrero es un “foco rojo”, pero detalló que hay viabilidad para el desarrollo de las elecciones, pues la violencia está concentrada en la capital y en el municipio de Tlapa.

“Si en Guerrero o cualquier otra entidad no hubiera elecciones, se alteraría una parte esencial de la democracia que tiene que ver con la elección de gobernadores, alcaldes y diputados locales, que son los representantes más cercanos a la ciudadanía”, concluyó.

Candidatos vinculados al crimen

Si la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no se hubiera atravesado en su camino, seguramente por estas fechas María de los Ángeles Pineda habría anunciado su candidatura a la presidencia municipal de Iguala para sustituir a su esposo, José Luis Abarca, hoy acusado formalmente del secuestro de los normalistas.

Y no solo eso. También sería noticia la designación de Lázaro Mazón Alonso como candidato al gobierno de Guerrero por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Claro, si el 16 de octubre el todavía gobernador Ángel Aguirre Rivero no le hubiera pedido la renuncia a la Secretaría de Salud estatal para que explicara sus vínculos con Abarca.

Pero parece que los partidos no aprenden de sus errores, y a pesar de la gravedad de estos casos, insisten en postular a personas non gratas. Ahí está el caso de José Ricardo Gallardo Cardona, quien apenas el 2 de enero solicitó licencia al cargo de edil de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí, para competir por el gobierno del estado bajo las siglas del PRD.

La PGR lo detuvo al detectar el desvío de más de 209 millones de pesos del erario municipal a cuatro empresas de las que es accionista mayoritario. El político, de apenas 35 años, tenía entre sus propiedades un violín con valor de 5 millones de pesos, que ya no podrá tocar, pues fue consignado a un penal federal de Hermosillo, Sonora (o quizá serán otros violines los instrumentos musicales que encuentre a su llegada a prisión).

El resto de los partidos no se salva. En la lista de sus 15 candidatos a diputados federales plurinominales, de la cual fue excluida la exprimera dama, Margarita Zavala, aparece Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue acusado en 2013 de enriquecimiento ilícito por Manuel Espino, exlíder nacional panista.

Ahí está también Ulises Ramírez Núñez, quien fue señalado por ocho expresidentes del Comité Directivo en el Estado de México, consejeros nacionales, estatales y líderes del panismo mexiquense, por la presunta acumulación de bienes millonarios y la supuesta venta de candidaturas.

En ambos casos, las denuncias fueron presentadas ante Gustavo Madero Muñoz en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien las archivó. Hoy él ocupa la primera posición de los plurinominales y fue quien “palomeó” la lista para rodearse de incondicionales, sin importar su calidad moral.

Por estos hechos, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a “blindarse” del financiamiento ilícito y de “criminales”, al revisar rigurosamente las trayectorias profesionales y económicas de sus abanderados.

La guerra que ya comenzó

Luego de que el INE recibió dos quejas, una de Televisa y otra de Joaquín López-Dóriga, ordenó sacar del aire un anuncio del PRD.

En él, un locutor indica que “en el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México”, mientras aparecen imágenes del presidente Enrique Peña Nieto; de los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de López-Dóriga.¹

En la queja presentada, la televisora argumentó que su derecho de autor se ve afectado con la inclusión de esas imágenes y pidió, como medida cautelar, el retiro inmediato del anuncio. De manera independiente, López-Dóriga presentó otra queja en la que reclama la difusión de su imagen sin autorización.

Todo esto es apenas una probadita de lo que nos depara el 7 de junio. Unas elecciones con focos rojos, candidatos incómodos y una guerra sucia que nos darán mucho de qué hablar en los próximos meses y que marcarán la correlación de fuerzas en la segunda mitad del mandato de Enrique Peña Nieto. Pero en lo que insisto, es en la responsabilidad de todos para conocer las plataformas políticas que ofrecen los candidatos y, más aún, verificar la calidad moral, historial delictivo y transparencia en sus cuentas. Nosotros tenemos el poder de la decisión y ese, mis estimados, nadie, nadie nos lo puede arrebatar.