“EL SECRETO de la paz está en el respeto de los derechos humanos”: Juan Pablo II.
La desaparición de 43 jóvenes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desnudó una dura realidad caracterizada
por las ejecuciones, el secuestro de migrantes, la persecución y el asesinato
de periodistas y de defensores de las garantías individuales, así como casos de
tortura.
Una bomba de tiempo que estalló en el instante
menos oportuno: cuando está en puerta el relevo en la presidencia de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cuando el gobierno federal
presumía la histórica aprobación de reformas estructurales.
Así, sorpresivamente, el Mexico momentse
transformó en el Mexico murdery los juicios desde el exterior fueron
lapidarios. El pasado 31 de octubre, el Estado mexicano fue sentado en el
banquillo de los acusados durante una audiencia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), cuyo secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza,
evidenció esa “grave crisis”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas
de Human Rights Watch (HRW), aseguró que junto con los hechos en Iguala, la
participación de militares en la ejecución de civiles en el municipio de
Tlatlaya, Estado de México, demuestran que el país “ha tocado fondo”.
Añadió que “la situación es sumamente grave” y
que el actual gobierno “ha tratado de esconder, de minimizar los hechos y
convencerse a sí mismo y a la opinión pública —nacional e internacional— de que
la mejor fórmula es no hablar del tema, sino ignorarlo porque lo que más les
preocupa es la reputación y su imagen, no atender las violaciones a derechos
fundamentales que se cometen con total impunidad”.
Las consecuencias fueron inmediatas. Más allá
de
la “preocupación” expresada por estos organismos y por países como Estados
Unidos ante lo que calificaron como “actos de barbarie”, diputados del
Parlamento Europeo solicitaron suspender el proceso de modernización del
Acuerdo Global de la Unión Europea con México hasta “poder reconstruir la
confianza” en las autoridades mexicanas.
LA CNDH, CÓMPLICE DE ATROPELLOS
Pero las voces de condena no se alzaron solo
desde el exterior. El lunes 3 de noviembre, a 10 días de que el Senado
decidiera quién sería el nuevo ombudsman o la nueva ombudsperson, varias
organizaciones publicaron un desplegado bajo el título “Exigimos una CNDH que
defienda los derechos humanos”.1
En él denuncian que “la CNDH se ha convertido en
un organismo que trata con desdén a las personas que solicitan su protección,
emite recomendaciones que ignoran las peticiones de las víctimas, promueve con
los gobiernos estatales y federal conciliaciones para lograr acuerdos
económicos que diluyen las medidas de no repetición y es omisa para actuar como
garante de los derechos humanos”.
Los organismos firmantes advierten que han
tenido que promover juicios de amparo contra la CNDH “porque esta institución
se ha convertido en una fuente de violaciones a derechos humanos. Es indignante
que el órgano autónomo responsable de proteger, respetar y promover los
derechos de las personas termine por violarlos convirtiéndose en un cómplice de
los agravios que dice señalar”.
A su vez, el Consejo Ciudadano para la
Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos
envió una carta2el pasado 28 de octubre al
secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con cinco pendientes en la
materia:
La expedición de las leyes reglamentarias de la
reforma constitucional promulgada el 10 de junio de 2011; sensibilizar a los
servidores de la Administración Pública Federal sobre los contenidos de la
reforma, en particular a quienes realizan labores de seguridad pública;
establecer un mecanismo claro de rendición de cuentas que incluya sanciones a
los funcionarios que violen las garantías individuales; fijar mecanismos de
reparación del daño y de atención integral a las víctimas; y crear un mecanismo
independiente para la evaluación y seguimiento del Programa Nacional de
Derechos Humanos.
Paralelamente, en su informe sobre la Situación
General de los Derechos Humanos en México 20133, la CIDH describió otros pendientes:
—Reformar el fuero militar, hecho que finalmente
ocurrió con las modificaciones aprobadas por el Congreso en abril pasado para
que los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan cualquier delito que
afecte a ciudadanos sean procesados por la justicia civil y no por tribunales
castrenses, como ocurría hasta entonces.
—Evitar las detenciones arbitrarias y poner fin
a las desapariciones forzadas (tema que ya abordé en un artículo previo con una
cifra de 22 322 personas sin localizar).
—Frenar el uso sistemático de la tortura.
Amnistía Internacional4denunció
que en la última década, los casos aumentaron en 600 por ciento y solo en 2013
se presentaron 1505 denuncias y más de 7000 quejas ante la CNDH.
—Acotar la figura del arraigo. Según el
Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, la mitad de las personas
internadas en el Centro Nacional de Arraigo mostraban signos de violencia.
Cifras que coinciden con las de la CNDH que entre 2008 y 2011 recibió 405
quejas por violaciones a las garantías durante el arraigo, de las cuales 41 por
ciento eran por tortura y malos tratos.
Esta crisis sin precedentes en materia de
derechos humanos que vive el país puede ser la oportunidad histórica para
impulsar una cirugía mayor y transformar el respeto a las garantías
individuales en un tema prioritario de la agenda nacional.
Quien asuma la titularidad de la CNDH debe
entender que la crisis de seguridad que vive el país es causa y consecuencia de
la violación a las garantías fundamentales. Ahí está su principal reto y su más
grande compromiso.
“El secreto de la paz está en el respeto de los
derechos humanos”, advirtió el papa Juan Pablo II. Y el gobierno de Enrique
Peña Nieto ya lo vivió en carne propia. Sin derechos humanos, el país no tendrá
paz.
