Clara Pérez, originaria del norte de México, dice que cuando se enteró de que la COVID-19 ataca con más furia a obesos y diabéticos lo tomó con ironía. Después de pensarlo un momento, confiesa que sintió un “gran temor”.

“Me sentí mal, me sentí ofendida… ¡¿Por qué a los gorditos bonitos?!”, dice entre risas al rememorar ese instante.

De cabello castaño, boca pequeña y ojos grandes color miel, Clara tiene 53 años y pesa 135 kilos, concentrados en 1.60 metros de estatura. Necesita diariamente una inyección de insulina.

“La verdad me puse a pensar: ¿por qué no bajé de peso antes? Y pues ni modo, ahora a cuidarme”, comenta por teléfono a la AFP desde su natal Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde vive con su madre, también diabética.

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La OMS y el Banco Mundial sitúan a la cabeza en diabetes y obesidad a México, en donde el nuevo coronavirus se filtró a finales de febrero y hasta el martes 1,215 personas estaban infectadas y 29 habían fallecido.

La mitad de los fallecidos por COVID-19 padecían obesidad e hipertensión.

Ante este panorama, las autoridades han reconocido la insuficiencia del sistema de salud público.

En el peor escenario, el gobierno prevé que 250,000 personas se contagiarán en la primera oleada que calcula abarcará hasta junio o agosto, de los cuales 12,500 necesitarían una cama de terapia intensiva. En el sistema público del país -donde la mitad de la población es pobre- hay menos de 4,500.

El Ejército y la Marina anunciaron que proporcionarán instalaciones hospitalarias, adiestrarán a sus dentistas para atender a enfermos y contratará más personal médico.

Pero surgen otras dificultades como la sobredemanda planetaria de ventiladores para respiración asistida que exigen los casos más graves.

“La ONU debe intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, ventiladores”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reciente cumbre del G-20, celebrada en línea debido a la pandemia.

López Obrador señaló que México tiene 5,000 ventiladores que duplicará con una compra a China, pero aún así la cifra alarma en un país de 120 millones de habitantes.

Daños metabólicos

México es un país de “alta vulnerabilidad, tenemos que estar conscientes de eso y lamentablemente vamos a tener un número importante de fallecimientos”, comentó en una reciente conferencia Abelardo Ávila, Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

De los 120 millones de mexicanos, 96 millones padecen sobrepeso u obesidad, 8.6 millones sufren diabetes y 15.2 millones, hipertensión, según datos de la organización Alianza por la Salud Alimentaria, basados en la Encuesta Nacional de Salud 2018.

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus, que en toda América Latina es de 45,6 por cada 100,000 habitantes, en México alcanza 95.8, según datos de la Organización Mundial de la Salud hasta diciembre de 2018. En Estados Unidos es de 14.9.

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“Ya veníamos viviendo una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes que nos hace muy vulnerables al COVID-19”, alerta Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.

Calvillo denuncia que compañías extranjeras y nacionales de comida chatarra y bebidas endulzadas han bloqueado “sistemáticamente” las políticas contra la obesidad.

Después de una “década de lucha”, la semana pasada la justicia destrabó una norma de etiquetado frontal de alimentos y bebidas que busca exponer ingredientes dañinos para la salud, como sodio, grasas y azúcares.

“Ambiente obesogénico”

Los altos índices de obesidad, diabetes e hipertensión en México, “que nos ponen en estado de alerta ante el COVID-19”, tienen varias explicaciones, expone Elvira Sandoval, médica nutrióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Explica que la mayoría de mexicanos “vive en un ambiente obesogénico”, es decir, que “no tiene acceso a alimentos saludables fácilmente, vive con altos niveles de estrés, ya sea por trabajo o por inseguridad”, y carece, además, de suficientes nutriólogos en el sistema de salud público.

A ello se suma su predisposición genética debido a “un pasado histórico de hambre”, dice Sandoval evocando la generación marcada por la desnutrición que emergió después de la Revolución Mexicana (1910-1924).

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Clarita, como la llaman de cariño, encarna esas circunstancias.

“He batallado, he estado en dos clínicas del Seguro Social y ninguna de las dos tiene un nutriólogo, y seguir una dieta es caro, es más barato el refresco, las papitas, la comida rápida”, comenta.

El gobierno “no ayuda a que estés con una buena alimentación, no te ayuda con médicos desde que estás chiquita”, concluye esta madre de dos mujeres, desempleada hace más de un año, y que ahora hace todo para no contagiarse de COVID-19.