Gracias a las declaraciones de “Paco” y a otras “pruebas”, el 26 de mayo de 2009, en un operativo federal conocido como el “michoacanazo”, 38 funcionarios estatales, presidentes municipales, jefes policiacos y secretarios de seguridad pública fueron arraigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y por dar protección a La Familia Michoacana.

Apenas un mes después, el 29 de junio, fueron liberados los primeros tres alcaldes. La fragilidad de las pruebas en su contra hizo que, entre enero y septiembre de 2010, otros 35 fueran excarcelados; incluso a algunos se les restituyó en los cargos de los que fueron separados. En abril de 2011, el último edil preso recibió una sentencia absolutoria. Del total de detenidos, ni uno solo fue consignado.

Este es uno de los casos más escandalosos de una práctica a todas luces reprobable y, por desgracia, muy arraigada en nuestro frágil sistema de impartición y procuración de justicia: la politización de la justicia o la judicialización de la política. Práctica en la que el uso de los llamados “testigos protegidos”, ha sido fundamental.

“Paco” era el nombre clave de Jorge Luis Velásquez Sánchez, alias el “Muerto”, un presunto integrante de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde nació el 3 de agosto de 1981.

Este sujeto fue detenido en septiembre de 2008 en Ciudad del Carmen, Campeche, junto con otros sujetos a los que se les aseguraron armas y drogas. Se les acusó del homicidio de tres policías ministeriales en julio de ese mismo año.

A pesar de la acusación en su contra, María Isabel González Chávez, titular en ese entonces de la Unidad de Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República (PGR), le ofreció ingresar al programa de “testigos colaboradores”.

A cambio de que proporcionara “información privilegiada” sobre integrantes del crimen organizado y sus nexos con funcionarios públicos, fue puesto en libertad, se le brindó protección y hasta un pago mensual.

Hoy “Paco” está desaparecido. Aparentemente fue secuestrado. La actual administración de la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, descubrió que cuando se integró al programa de “testigos colaboradores”, se identificó con documentos apócrifos. En la Dirección General del Registro Nacional de Población no hay datos sobre Jorge Luis Velásquez Sánchez y la licencia de conducir que presentó era falsa.

La sucia “operación limpieza”

La “Operación Limpieza” fue una estrategia impulsada a partir de 2008 por el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, basada en informaciones sobre altos funcionarios de dependencias federales que presuntamente colaboraban con grupos del crimen organizado, a quienes les avisaban de operativos y les filtraban las investigaciones. Cerca de 30 funcionarios de PGR, de la Policía Federal y hasta militares, fueron detenidos y consignados.

Entre los principales testigos que se utilizaron para sustentar las acusaciones se encontraba “Jennifer”, quien en realidad es el abogado Roberto López Nájera, “El 19”, excolaborador de los Beltrán Leyva antes de que huyera a Estados Unidos donde pidió protección a la DEA; otro testigo utilizado fue “Pitufo”, cuya identidad verdadera es José Salvador Puga Quintanilla, un exintegrante de Los Zetas y luego de La Familia Michoacana.

Por sus dichos fueron detenidos, entre octubre y diciembre de 2008, el exdirector de la Interpol-México, Rodolfo de la Guardia García; el excomisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), Víctor Garay Cadena; el excoordinador de Seguridad Regional de la misma dependencia, Javier Herrera Valles; y Noé Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Entre septiembre de 2012 y abril de 2013, todos obtuvieron su libertad por absolución o falta de elementos. Mientras tanto, “Pitufo” se “esfumó” y, al igual que “Paco”, está en calidad de desaparecido. En cambio, “Jennifer” presuntamente está en Miami bajo protección de la DEA, a pesar de que la PGR inició una investigación sobre sus falsos testimonios.

Imputaciones que también llevaron a la cárcel, en mayo de 2012, a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia Vargas, así como al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, acusados de recibir dinero de Edgar Valdez Villarreal, alias la “Barbie”, del cártel de los Beltrán Leyva.

Todos quedaron en libertad entre abril y julio de 2013 luego de que la PGR se desistió de las acusaciones tras reconocer que no tenía pruebas para sustentarlas.

Los beneficios de ser un soplón

En respuesta a una solicitud de información pública presentada al IFAI, la PGR reveló que 379 personas se acogieron a la figura de “testigos protegidos” entre 2006 y 2012. El desglose por año es el siguiente: 43 en 2006; 50 en 2007; 57 en 2008; 61 en 2009; 43 en 2010; 60 en 2011, y 65 en 2012.

En la administración de Felipe Calderón, cada uno de ellos recibió pagos de entre 50 000 y 150 000 pesos mensuales. Se estima que el costo del programa sería de unos 180 millones de pesos. Además, en algunos casos se les ofreció el servicio de guardias personales o escoltas, y se les cubrieron otros gastos como el pago de rentas de vivienda y alimentación.

La PGR puntualizó que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años debido a que son parte de averiguaciones previas en curso y porque con ellos se protege su integridad debido a que han señalado a presuntos delincuentes.

A pesar de lo polémico de esta figura, el 30 de enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la constitucionalidad de la mayoría de los artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos los que autorizan la colaboración de testigos protegidos en investigaciones que realiza la PGR.

Este fallo no acalló las críticas y, por el contrario, alentó el debate sobre la necesidad de evitar el abuso de esta figura.

La necesidad de limitar su uso

El Senado de la República y el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, iniciaron acercamientos para acotar la utilización de los testigos protegidos o testigos colaboradores, a fin de no sobredimensionar sus acusaciones, en muchas ocasiones falsas, ni imputar cargos a personas inocentes.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, aseguró que en el sexenio de Calderón Hinojosa “hubo un deterioro en el ejercicio del poder. Las personas encargadas de la administración y procuración de justicia deformaron la figura de los testigos protegidos dándole todo el valor probatorio, sin investigaciones de fondo, lo que provocó enormes fiascos, pues no se lograron sustentar las acusaciones”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priista Omar Fayad, coincidió en que este instrumento fue desvirtuado “por algunos funcionarios corruptos o ineptos que, en complicidad con delincuentes, se prestaron a malos manejos.

“Al verse copados por la autoridad o haber perdido privilegios en las bandas en las que operaban, los criminales se convirtieron en testigos protegidos, borraron todos los delitos que cometieron y vivieron a expensas del erario, al inventar información para condenar a inocentes”.

El legislador propone que sus dichos sean corroborados por otros medios de prueba y que aquel que mienta tenga aumentos en las condenas que purgan hasta por la mitad del plazo.

A su vez, en su Plan de Trabajo para esta administración, la PGR se comprometió a no sobredimensionar las acusaciones de testigos e imputados. “Es indispensable asegurar que las investigaciones criminales sean el resultado de una cuidadosa y ordenada labor de recopilación y análisis de información.

“El reto de la PGR es que los asuntos que se consignen sean producto de investigaciones de calidad en donde las conclusiones permitan conocer de forma completa todo lo relacionado con la comisión del delito, y siempre en apego al debido proceso y el respeto a los derecho humanos”.

Ojalá así sea: que nunca más declaraciones totalmente falsas lleven a la cárcel a inocentes, que la justicia no sea un instrumento de la política y que la justicia en México, sea justa.

Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario de la televisión mexicana Proyecto 40. Twitter: @HanniaNovell